El rescate que no cesa
Fracaso: Reflotar las autopistas quebradas va a salirle bastante caro al contribuyente.
Una autopista radial en las afueras de Madrid FOTO: THINKSTOCK
Ya son seis las autopistas de peaje rescatadas por el Gobierno en lo que va de año. La última en hacerlo ha sido la M-12, una vía de 9,5 kilómetros que conecta la ciudad de Madrid con la T-4 del aeropuerto de Barajas. La empresa concesionaria, propiedad de la constructora OHL, no pudo evitar la quiebra a pesar de que el tráfico aéreo madrileño no ha dejado de crecer en los últimos años y de que la deficiente señalización lleva a muchos conductores a usar esa vía de manera involuntaria. Como en los demás casos, el Ministerio de Fomento se ha hecho cargo de la gestión de la M-12 y de la plantilla.
Además de la M-12, las autopistas rescatadas hasta el momento son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la R-4 (Madrid-Ocaña), la AP-36 Ocaña-La Roda y dos tramos de la AP-7: la circunvalación de Alicante y el tramo Cartagena-Vera. Quedan pendientes de rescate otras dos radiales, la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), y la AP-41 (Madrid-Toledo), que será la última, pues aún no ha concluido el proceso de liquidación.
EN LA ÉPOCA DE AZNAR
Creadas para aliviar el tráfico de las autovías de entrada y salida de Madrid en la época del Gobierno de José María Aznar y presentadas a la opinión pública como un salto hacia la modernidad en la red de transportes del país, las autopistas quebraron en 2012 debido a que el tráfico de vehículos había sido muy inferior al calculado y a los sobrecostes que han acabado teniendo las expropiaciones. Las autopistas quebradas suman más de 700 kilómetros, una cuarta parte de la red de pago en España.
En cumplimiento de la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), el Gobierno deberá pagar a las empresas el dinero que invirtieron en la construcción de las vías y que no han logrado recuperar mediante el cobro de peajes. En las compañías rescatadas o pendientes de rescate participan las principales constructoras y concesionarias del país, entre ellas Abertis, Acciona, ACS, Cintra, FCC, OHL y Sacyr. Entre todas arrastran una deuda de 3.200 millones de euros, la mayor parte vendida (con quitas sustanciales) a fondos buitre internacionales.
El plan de Fomento es que las vías quebradas continúen en funcionamiento para, una vez saneadas, volver a privatizarlas mediante concurso público durante la segunda mitad de este año. El departamento que dirige Íñigo de la Serna sostiene que el tráfico en las autopistas quebradas va a aumentar en los próximos años y que, por tanto, gestionarlas puede ser un negocio rentable.
Fomento planea privatizar de nuevo las vías este mismo año
La patronal calcula que la factura no bajará de 4.000 millones
Fomento prevé ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros con la relicitación de las nueve autopistas. También tiene previsto quedarse con los 250 millones de euros que las concesionarias pusieron como garantía cuando se adjudicaron los contratos de construcción y gestión de las infraestructuras. Sea como sea, esas cantidades no serán suficientes para recuperar los 2.000 millones que, según el Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas, costará compensar a las concesionarias quebradas. Eso en el mejor de los casos, puesto que los fondos acreedores de las autopistas y Seopan, la patronal de constructoras y concesionarias, elevan la cifra por encima de los 4.000 millones. La factura para el contribuyente, por tanto, será elevada.
Organizaciones ecologistas y la oposición de izquierdas consideran que el caso de las autopistas rescatadas es un ejemplo perfecto de socialización de las pérdidas. Para paliar los daños a la Hacienda pública, el PSOE ha propuesto habilitar las radiales de la Comunidad de Madrid para que puedan utilizarlas gratuitamente los autobuses de la red de transporte público, así como aplicar rebajas en los peajes a los vehículos eléctricos y de alta ocupación.
