Una nueva economía
Profesor de la Universidad de Urbino. Autor de ‘9 su 10’
En una crisis profunda como la actual, la prioridad número uno es estimular la demanda, con un relanzamiento del gasto público que reduzca el desempleo. Con los inversores privados derrumbándose y las exportaciones estancadas, no hay alternativas para salir de esta depresión. Pero de la crisis tampoco se puede salir con los empleos y la producción que había antes: es necesario un “nuevo desarrollo” hecho de innovación, sostenibilidad medioambiental y justicia social. Centenares de miles de puestos de trabajo pueden proceder de un programa de “pequeñas obras” de protección del territorio y las infraestructuras locales; trabajos verdes en sectores emergentes; reconversión ecológica de las actividades contaminantes. En otros campos se puede crear empleo en las tecnologías de la información y la comunicación, y en la sanidad y los servicios sociales.
En Italia, propuestas de este tipo las ha puesto sobre la mesa la Campaña Sbilanciamoci! (http://www.sbilanciamoci.info) y el Cgil, el mayor sindicato italiano (http://www.cgil.it). ¿De dónde sacar los recursos? Sin sobrecargar el déficit del Estado, es posible un mejor uso del gasto público, con una reducción del presupuesto militar y otros gastos erróneos; se puede introducir un nuevo impuesto sobre la riqueza o aplicar una fiscalidad más elevada sobre las rentas más altas; se pueden utilizar fondos del sistema bancario público; se pueden recuperar capitales evadidos de forma clandestina a Suiza (en Italia, se trata de 150.000 millones de euros) y a otros paraísos fiscales.
Se puede crear una nueva banca de inversiones pública o una agencia para el empleo. En Francia, el Gobierno de Hollande ha puesto en marcha una iniciativa financiera de este tipo; también el Reino Unido sigue este camino. Estas nuevas instituciones podrían asumir directamente trabajadores para algunas actividades públicas; pueden sostener las empresas que hacen investigación, innovación e inversiones para la reconversión ecológica; pueden proporcionar participaciones públicas iniciales en el capital de nuevas empresas activas en estas áreas; pueden favorecer con la demanda pública producción y empleo. Todo ello, con un control democrático de las decisiones y con la implicación de la sociedad civil y las realidades locales.
