Impotencia judicial ante los paraísos fiscales
Abogado. Magistrado emérito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra)
Los actuales delincuentes contra el patrimonio se asocian en torno a grupos económicos organizados, utilizando las facilidades del sistema mercantil y financiero. La criminalidad económica se estructura y funciona como una organización de malhechores. En consecuencia, la respuesta del derecho tiene que ser la adecuada, proporcionada y exigida por la gravedad del daño que ocasionan. Sus efectos perjudican la estabilidad económica de un país y de gran parte del sistema financiero mundial. Sus actividades son más peligrosas y causan más daño que las organizaciones terroristas. Están arrastrando a la pobreza, la desesperación y el suicidio a sectores cada vez más extensos de todas las sociedades. Es urgente activar las “leyes de combate” contra la criminalidad económica. Además, su alarmante impunidad genera una grave sensación de impotencia, provoca la desmoralización colectiva y quebranta los principios de igualdad y de justicia.
No propugnamos legislaciones de excepción. La respuesta pasa por asignar y extraer toda la potencialidad que nos proporciona el Estado democrático de derecho con absoluto respeto a las garantías que se otorgan a toda clase de delincuentes. Lamentablemente, el sistema no está preparado ni afinado para conseguir los objetivos del derecho penal como instrumento restaurador de la paz social alterada por el delito.
La investigación judicial busca identificar al delincuente y reparar el daño causado por el delito buscando fórmulas de restitución o indemnización. Sería ingenuo pensar que el criminal está dispuesto a colaborar con el juez para conseguir estos objetivos.
Cuando los autores se encuentran en las plantas superiores de los rascacielos de las sociedades financieras, el juez, en la mayoría de los casos, termina topándose con la barrera infranqueable de los paraísos fiscales.
Frente a su prepotencia, el entramado legal y los jueces tienen la obligación de utilizar todos los resortes existentes, denunciar las insuficiencias y demandar que el legislador ponga en marcha medidas que eviten la insoportable impunidad de los criminales.
Los paraísos fiscales se han convertido en una especie de hijos descarriados del sistema financiero a los que se les permite todos los excesos. Paradójicamente, los guardianes de las esencias del mercado no dejan de reunirse para alertar de sus potenciales y evidentes peligros. El debate alcanza cotas de cinismo difícilmente superables. Recomendaciones, directivas comunitarias, cumbres de los países G-20, tronantes declaraciones de guerra de los primeros ministros a los paraísos fiscales, todo ello se queda en una pura fachada que oculta la suciedad del actual sistema económico. Sobran los falsos golpes de pecho. Hay que someterse a la legislación existente y poner urgentemente en marcha normas que desmantelen las cuevas en las que se guarda el botín de la rapiña, la especulación, el fraude fiscal y de toda clase de actividades criminales.
Urge activar “leyes de combate” contra la criminalidad económica
Los grandes crímenes financieros deberían considerarse crímenes contra la humanidad
El juez español dispone, en estos momentos, de algunos instrumentos jurídicos que le permiten rastrear el patrimonio de los delincuentes. La ley le obliga a embargar toda clase de cuentas corrientes sin excepciones. Si los capitales se encuentran en paraísos fiscales, debe dirigirse a las entidades bancarias exigiéndoles que los pongan a disposición de la investigación judicial en la medida necesaria para cubrir las responsabilidades pecuniarias. El secreto bancario como excusa puede ser catalogado perfectamente como una conducta punible de obstrucción a la justicia.
Hasta el momento, estos comportamientos delictivos solo merecen un reproche prácticamente simbólico. La universalización del crimen y los compromisos internacionales nos han obligado a castigar las interferencias de las diligencias de prueba que solicite la Corte Penal Internacional. Muchos pensamos que ha llegado el momento de considerar los grandes delitos financieros como crímenes contra la humanidad. La muralla del secreto bancario es una forma de encubrimiento catalogada como delito del que se derivan responsabilidades penales. La trascendencia económica de estos crímenes para los intereses sociales y la supervivencia del propio sistema democrático justifica sobradamente la emisión de una orden de busca y captura internacional contra los directivos de las entidades bancarias que obstruyen las investigaciones de los jueces y favorecen los intereses de los delincuentes. Los espacios de seguridad, libertad y justicia no pueden tener fronteras. Reconozco que los poderosos mecanismos de defensa que previsiblemente van a desplegar los criminales pueden alegar problemas formales. A pesar de todo merece la pena intentarlo. Como decía Kafka : podemos apartarnos de las formas, pero jamás del fondo.
