La peor gestión pública de una privatización
¿Incompetencia o escándalo? La venta de ATLL a Acciona por la Generalitat se tambalea en un proceso judicializado al máximo y lleno de interrogantes
EL RÍO LLOBREGAT. El agua que llega a los hogares de cinco millones de personas en Cataluña es captada y vendida al concesionario en baja por ATLL. FOTO: EDU BAYER
Ni el ganador (Acciona), ni el perdedor (Agbar), ni el vendedor (la Generalitat). Nadie está contento con el resultado de la mayor privatización realizada en Cataluña: la de los 1.000 millones o de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que abastece en alta —es decir, desde los ríos Ter y Llobregat y las desalinizadoras hasta los depósitos municipales— a cinco millones de personas de la región metropolitana de Barcelona y otras nueve comarcas de la comunidad. En juego no solo está la gestión del negocio de un recurso básico, sino las exiguas arcas públicas catalanas, pendientes de la respiración asistida financiera del Estado, por no hablar de reputación. Se ha armado tal enredo que en algunos sectores financieros se sugiere la necesidad de un pacto que hoy parece imposible.
Hace años que Aguas de Barcelona (Agbar), el grupo que de forma directa o a través de filiales lleva agua a más hogares de Cataluña, tenía la ATLL en el punto de mira. No estuvo en venta hasta que, en 2011, entre recortes, el Gobierno catalán buscaba dinero bajo las piedras con la venta del escaso patrimonio que le quedaba (edificios, un par de empresas). Una de esas compañías era ATLL, y el encargo recayó sobre el entonces consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, que no era partidario de la privatización, aunque una vez tomada la decisión tragó con el proceso. Visto como un posible recambio futuro en algunos sectores de su partido generaba recelos en la guardia pretoriana de los hombres del presidente Artur Mas.
Por una operación de tal envergadura se interesaron desde la francesa Veolia hasta Aqualia (FCC), pasando por Acciona y la alemana Remondis. La pregunta era siempre: “¿Merecía la pena el esfuerzo en el coto de Agbar?”, explican fuentes empresariales. Unos fueron a visitar a Recoder. Hubo quien preguntó al director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), entonces Leonard Carcolé, que dependía de Recoder. Algún otro se acercó a consultar a Germà Gordó, miembro del pinyol o núcleo duro de Mas y hoy titular catalán de Justicia. Finalmente, junto a Agbar, que jugaba en casa y que incluyó en su consorcio a otras dos compañías de agua locales (de Sabadell y Terrassa), de fuera solo se presentó Acciona. Y ganó. Era el 6 de noviembre.
Subidas de precio previas
En Agbar y en otras empresas del sector se sugiere que las bases del concurso se hicieron a medida del grupo que preside José Manuel Entrecanales. Su fantasma: que el pliego de condiciones valorara mucho más (75%) la parte económica de la oferta que la técnica. Es el factor que permitió a Acciona batir a Agbar (87,73 puntos contra 51,25), pese a que esta obtuvo mejor puntuación técnica.
Veamos la parte económica: la oferta del consorcio liderado por Acciona, en el que participaban el banco brasileño BTG Pactual y sociedades de las familias Rodés y Godia, ofrecía una tarifa de 0,7088 euros por metro cúbico frente a los 0,79 de Agbar. Pero mientras que esta última aplicaba la subida de tarifa de golpe en 2013, Acciona repartía el incremento en tres fases, y de facto, lo retrasaba: el 1 de enero de 2013 se aplicaría una fórmula financiera condicionada al IPC y al bono español a 10 años, en enero de 2014 se realizaría una nueva actualización, y, en 2015 se daría el salto a los 0,7088 euros por metro cúbico, más la citada fórmula financiera. Acciona, que estimaba con su oferta un ahorro de casi 900 millones de euros, se quedaba con los trabajadores de la ATLL durante 50 años; Agbar, durante cinco años. Agbar veía la oferta de Acciona inviable.
En paralelo a la privatización, el consejo de ATLL incrementó los precios de la venta del agua en alta para dar más gancho a la venta. Los subió un 70%. Aun así, la oferta de Acciona suponía un incremento del 13,5%. La de Agbar, del 26,5%. En diciembre, con el contrato encarrilado ya, aprobó la primera de las subidas graduales de Acciona previstas en la adjudicación (el 4,3%).
Seis días después de la compra, un organismo de la Generalitat excluyó la oferta de Acciona
Justo antes de la privatización, ATLL elevó las tarifas el 70%, el 0,63% y el 4,3%
Agbar, controlada en un 75,74% por el grupo francés Suez Environnement y en un 24,26% por La Caixa, mantenía una interlocución más intensa en el proceso con Gordó que con Recoder, que tiene una relación fluida con el consorcio ganador. Y conocida era la animadversión entre el presidente de Agbar, Ángel Simón, y el director de la ACA, Leonard Carcolé, que antes de fichar por el organismo público trabajó en Agbar. Entre febrero de 2011 y febrero de 2013, Carcolé tuvo que abstenerse de los procesos de licitación debido a su procedencia de Agbar. En la elaboración del pliego de condiciones participó la mesa de contratación, cuyos miembros son de distintas consejerías. “La Generalitat no indicó que ganara nadie. La fuerza de Agbar preocupaba a otras empresas. Siempre se les contestó que la licitación se ajustaría a la ley y que todos tenían opciones, en especial porque teníamos que lograr el mejor precio para los ciudadanos”, subraya Carcolé.
El contrato a firmar establecía un programa de inversiones a realizar como máximo en diez años, que ambas empresas respetaron. Un informe técnico de la ACA elogiaba a Agbar porque podía con todo el programa en solo siete años. Acciona apuraba los 10. En un anexo que se dice meramente “indicativo”, ambas empresas proponían un calendario de inversiones para cada obra. El de Acciona modula las inversiones de modo distinto al calendario que indica el pliego, y en algunos casos supera el marco temporal “de referencia” exigido. Por ello, en la parte técnica obtuvo, de 0 a 4 puntos, un 0.
Este argumento sirvió de artillería a Agbar para recurrir contra la adjudicación (sostenía que Acciona sí superaba los 10 años y que por esa razón podía batir precios) junto a otros como que uno de los socios minoritarios del consorcio de Acciona, Ferran Rodés, asesoraba a Mas en asuntos de sostenibilidad. Agbar acudió al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), ente supuestamente independiente adscrito a Presidencia.
Las extrañas consultas de Gallo
El OARCC, dirigido por Juan Antonio Gallo, se creó para garantizar adjudicaciones sin irregularidades. Hasta que emite su resolución, congela los procesos. Sin embargo, el 30 de noviembre, Gallo levantó la suspensión del proceso “por el interés general”. El contexto da pistas para interpretar por qué la Generalitat necesitaba firmar antes de final de año. Suponía cobrar 298,6 millones, y apuntarse 995 más para borrar déficit. Medio punto del PIB catalán en plena agonía financiera.
El déficit de Cataluña en 2012 pudo reducirse en 995 millones por una operación hoy en el aire
Seis días después, el 2 de enero, la OARCC (¡la propia Generalitat!) emitió una resolución que excluía a Acciona de la licitación porque no aceptaba evaluar como “indicativo” el anexo sobre las inversiones (aunque la mesa de contratación que había redactado el pliego lo hubiera establecido así, y de hecho, Acciona, no lo firmó junto al contrato. Gallo argumentó que no podía limitarse a puntuar a Acciona con un 0 en la parte técnica, sino que había que excluir a la empresa porque esta no se limitaba a no mejorar el calendario exigido, sino que lo empeoraba, así que habría sido “discriminatorio” para un hipotético tercero que se hubiera presentado y limitado a no mejorarlo (porque el hipotético tercero sí habría merecido el 0, arguye). Curiosamente, en la resolución de la OARCC, que fue encajada con estupor en Economia y Territori y como una estafa en Acciona, se cita que también Agbar incurre en la modulación propia de inversiones. En su caso se considera “justificado”.
La cuestión es que Gallo, que ha declinado hacer declaraciones, no sabía cómo se calculaba la tarifa de Acciona o cuánto importa modificar un calendario de ejecución de obras con vistas a la tarifa, así que buscó orientación en quienes pensó que podían ayudarle. Así consta en un correo electrónico enviado el 20 de diciembre pasado a Josep Antoni Rosell (director de Infraestructures de Catalunya y miembro de la mesa de contratación) y Albert Farreras, ajeno a la mesa. Rosell y Farreras trabajaron en el último mandato del ex presidente Jordi Pujol como altos cargos de Agricultura. Entonces, el secretario general de ese departamento era Germà Gordó. Y con Gallo como interventor, vivieron en 2002 la privatización del canal Segarra-Garrigues (un contrato de 1.000 millones para 11 empresas, lideradas por FCC y Agbar).
Algunos técnicos consultados no cuestionan que Gallo pidiera luz a la mesa de contratación, pero sí que no lo hiciera formalmente a la mesa o a su presidente, y a escondidas a uno de sus miembros. Recordemos que la mesa adjudicó ATLL a Acciona. En su respuesta, Rosell, miembro de la mesa, da argumentos a Gallo para desacreditar la oferta de Acciona.
La Generalitat, que tiembla por sus ingresos, se recurrió a sí misma. Acciona, que acusa a Agbar de incumplir las condiciones, también recurrió, además de que anuncia que reclamará daños y perjuicios si le quitan la concesión. Ahora, ya se está viendo castigada en las negociaciones de la operación financiera, admite Acciona, aunque Entrecanales ha dicho a sus accionistas que la Generalitat le ha informado por carta que le devolverá el dinero si todo se tuerce.
La oposición reclama que ATLL vuelva a ser pública, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no se ha pronunciado respecto al fondo del asunto, pero en un auto sobre medidas cautelares da la razón a Gallo y a Agbar. El Gobierno catalán no ha hecho caso al TSJC: Acciona está ya gestionando la ATLL. Pero si la guerra acaba en anulación, el proceso debería reiniciarse. ATLL no iría de pronto a Agbar. Acciona debería probar que su rival también incumple el calendario de inversiones según el parecer del OARCC. Y habría que ver si Competencia pondría pegas a Agbar por su dominio del mercado (la empresa cree que ya no le habría dejado presentarse si fuera así). En la Torre Agbar no se respira premura por quedarse la presa. ¿Cómo recomponer el consorcio con todas sus piezas de hace siete meses? ¿Cómo cerrar la financiación? ¿Cómo convencer a empresas y bancos ante tamaña inseguridad jurídica? ¿Qué pasará con el déficit público catalán?
