Madrid: licitación frustrada (por ahora)

Negocio a la vista. Todo está preparado para privatizar el 49% del Canal Isabel II, pero las incógnitas por despejar frenan a los inversores.

LOS PROMOTORES Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, promueven la privatización del canal. FOTO: PP

En 2008, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el hoy ministro Alberto Ruiz Gallardón, declaró la guerra a la Comunidad, entonces en manos de Esperanza Aguirre, por la intención de esta de privatizar el 49% del Canal Isabel II, la gran empresa pública que abastece de agua al 90% de los madrileños.

No se trataba de una guerra ideológica, subrayaba Gallardón, sino simplemente de evitar una “ilegalidad”: si entraba capital privado, debería organizarse necesariamente un concurso público para determinar la concesión. La Junta Consultiva de Madrid así lo subrayó, rotundamente, en 2009, en respuesta a una petición de dictamen de Gallardón.

Hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha enterrado el hacha y se limita a esperar que Canal de Isabel II Gestión —la nueva empresa creada ad hoc en julio del año pasado para concretar la privatización del 49%, aún pendiente— reparta los primeros dividendos entre los 111 municipios (sobre un total de 177) que ya se han sumado al nuevo diseño. El mismo diseño con horizonte privado elaborado por Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, factótum del canal en la última década, que antes consideraba absolutamente ilegal. 

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el proceso en marcha

“El gran objetivo es repartir los beneficios entre los amigos”, advierte UGT

La gran diferencia entre 2008 y hoy no es que Gallardón cediera el puesto de mando a Ana Botella en Madrid —fue el hoy ministro de Justicia el que firmó el armisticio y se sumó al proyecto privatizador—, sino que los estragos de la crisis han dejado a los municipios con respiración asistida: la gran mayoría trata a toda costa de reducir gastos —quitarse de en medio responsabilidades como la gestión del agua— y obtener nuevos ingresos, como los anunciados dividendos de la nueva sociedad ideada por González.

En un mercado cautivo y sin competencia, los beneficios del canal están más que asegurados: la empresa supera los 700 millones de euros de facturación y sus beneficios se han consolidado por encima de los 100 millones por ejercicio, con un pico de 151 millones en 2009. El tira y afloja por el reparto accionarial dejó al Ayuntamiento de Madrid con aproximadamente el 10% de acciones de la nueva sociedad, que reserva el 49% para inversores privados aún por llegar.

Nueva burbuja

“Lo que se ha hecho en Madrid es sustituir la burbuja del ladrillo por la burbuja del agua”, sostiene Amparo Valcarce, diputada del PSOE en la Asamblea. “El objetivo no es tanto vender el canal como crear valor artificialmente con el agua como si se tratara de un producto financiero;  naturalmente, cuando la burbuja estalle pagaremos todos las consecuencias”, advierte.

Los socialistas han levantado en Madrid la bandera contra la privatización, a diferencia de muchos de los lugares donde gobiernan, en los que han ido entrando en fórmulas parecidas bajo una situación general de asfixia financiera de los municipios. Incluido en Madrid, donde ayuntamientos emblemáticos bajo control socialista —y también de Izquierda Unida (IU)— han ido firmando el convenio que legitima la nueva situación del canal. Eso sí, denunciando en ocasiones, el “chantaje” que supone: nadie puede permitirse quedarse fuera del esquema general que surte de agua al 90% de la población madrileña.

La oposición del PSOE no se ha quedado en retórica, sino que ha presentado dos iniciativas judiciales para bloquear la privatización: recurso ante el Tribunal Constitucional y denuncia en el Juzgado Contencioso-administrativo. Ambos han sido admitidos a trámite y aplaudidos por los sindicalistas del canal: “La privatización es simplemente un intento de repartir los beneficios de una empresa solvente entre los amigos y de pisotear los derechos de los trabajadores”, sostiene Andrés Muñoz, de UGT. Los sindicatos y la oposición han sido excluidos del Consejo de Administración de la nueva sociedad.

Los dos recursos judiciales pendientes se suman al rotundo dictamen de 2009 de la Junta Consultiva. Son tres espinas jurídicas que pueden haber retraído a los potenciales inversores: pese a lo apetitoso del pastel, nadie ha comprometido aún ni un euro. La gran privatización anunciada se ha quedado, de momento, en una privatización interruptus. La nueva compañía es, muy a su pesar, aún 100% pública.

La Plataforma contra la Privatización del Canal, que reúne a decenas de organizaciones y que cobró una gran fuerza con la irrupción del 15-M, está convencida de que la importante movilización popular ha tenido efecto: “La decisión de no privatizar el canal, aunque sea provisional, significa un avance importante en la lucha contra su privatización, y a ella han contribuido, sin duda, las movilizaciones sociales, las luchas institucionales y las acciones jurídicas”, opina Ladislao Martínez, miembro destacado de la plataforma.

Martínez es consciente de que el parón es en realidad “una tregua a la espera de tiempos mejores”, pero está convencido de que “la situación es hoy mejor que cuando se inició la movilización, que no ha sido en balde”.

El equipo de Ignacio González, que ha tutelado todo el proceso desde mucho antes de acceder a la presidencia de la Comunidad, atribuye en cambio el stand by a las turbulencias económicas y da por hecho que los inversores privados llamarán a la puerta cuando amaine el temporal.

No obstante, algunos operadores que en su día mostraron interés mantienen una triple reticencia: la inseguridad jurídica citada, el precio y, finalmente, el control que seguirá ejerciendo González.

Las cuatro consultoras que valoraron el 49% de la empresa —lideradas por el bufete Cuatrecasas— la situaron en una horquilla entre 3.200 y 3.500 millones, cifra que los inversores potenciales están convencidos de poder rebajar sustancialmente. El diseño del Gobierno regional es resumido así por uno de los actores interesados: “Nos quieren para que paguemos, pero se reservan para ellos la gestión; así es imposible”.

Nadie duda de que González no tiene intención de soltar el control del canal, la joya de la corona que constituye su base de poder en la Comunidad de Madrid y el potencial imperio sobre el que planificar una hipotética salida de la política. Cuando vio truncado su objetivo de convertirse en presidente de Caja Madrid —Rodrigo Rato le desplazó cuando el cargo parecía un chollo—, la proa se dirigió hacia el canal.

El canal ha sido siempre un laboratorio para negocios que van mucho más allá del agua, e incluyen el golf, el teatro y las exposiciones —la próxima, centrada en el piloto de fórmula 1 Fernando Alonso, costará dos millones de euros—, muy a menudo rodeados de polémica, opacidad y participación de familiares y amigos. Además,  el generoso presupuesto dedicado a la publicidad —10 millones al año— ha logrado situar muchas de las polémicas fuera del foco mediático.

Todo está a punto para rematar la privatización, y en la sala de mandos ya solo quedan Ignacio González y su gente.