“El delito fiscal es gravísimo” // Carlos Jiménez Villarejo
Entrevista
Carlos Jiménez Villarejo
Ex Fiscal Anticorrupción
El jurista expresa su preocupación por la impunidad de los fraudes económicos
“El delito fiscal es gravísimo"
Carlos Jiménez Villarejo ha sido un fiscal durante 43 años, pionero en la lucha contra los delitos económicos en España, desde los años 80 en una época en que las irregularidades financieras gozaban de una gran tolerancia y protección por el gran poder de los poderes económicos.
Durante su larga trayectoria de fiscal usted y su compañero José María Mena fueron de los primeros en afrontar la delincuencia económica en España. Primero fue la investigación de la crisis de Banca Catalana en los años 80 y después desde la Fiscalía Anticorrupción inició la lucha contra los paraísos fiscales en 2001. ¿Cómo fueron los inicios en la persecución de este nuevo tipo de delitos que no ha cesado de crecer?
Nosotros empezamos como fiscales durante la dictadura. Entonces el objetivo principal era derribarla, apoyar la lucha por las libertades y defender a los detenidos políticos frente a la tortura. Pero ya percibimos que la dictadura era una gran cobertura para la corrupción. La clase económica dominante, aliada con la dictadura del general Franco, aprovechó la ausencia de controles y gozó de una total impunidad para hacer negocios al margen de las leyes.
¿Cómo era la realidad social desde un punto de vista penal?
Fui de los primeros fiscales que conoció la realidad penitenciaria en las cárceles, particularmente la Modelo de Barcelona. Vi que las personas que había allí pertenecían todas a las capas más bajas de la sociedad. Y mientras tanto sabíamos que ya había procesos económicos en curso al amparo de la nueva legislación democrática que permitía a determinadas capas sociales enriquecerse fácilmente aprovechándose de estas leyes y de la cobertura derivada de la vieja sumisión de la justicia al poder constituido.
¿Cuál era su referente en este campo?
Recuerdo los estudios del penalista norteamericano Edwin H. Sutherland, que en 1939 empezó a plantear la necesidad de investigar la delincuencia del cuello blanco, que es la asociada al poder económico. Da dos pautas que caracterizan el delito de cuello blanco. De una parte la estructura de la sociedad anónima que constituye una garantía de opacidad para el conocimiento de muchas de las conductas delictivas y luego el escaso control sobre el funcionamiento de estas sociedades. Entonces nos dimos cuenta de que era un espacio que garantizaba una cierta impunidad. Además había algo que caracterizaba la delincuencia de cuello blanco y es que es un quebrantamiento de la ley que el ciudadano medio no lo percibe como tal. Esto hacía que la diferencia de trato entre los pobres, los que estaban en la cárcel Modelo, y los ricos que eran los dueños del capital, era muy fuerte.
En este escenario les llega a ustedes el asunto de Banca Catalana.
El caso de Banca Catalana se produce en el marco de la crisis financiera de los años 80 que afectó a muchos bancos. Lo que ocurre es que en el caso de Banca Catalana tenía una particularidad notoria. Cuando nos llega la denuncia del Banco de España, a principios de 1984, resulta que el responsable principal de esa entidad bancaria, Jordi Pujol Soley, ya era presidente de la Generalitat desde 1980. Tengo que decir que sin el auxilio pericial de los inspectores del Banco de España no hubiéramos podido entender gran parte de las tramas que dieron lugar al vaciamiento patrimonial de la entidad bancaria.
El esfuerzo de su investigación no prosperó porque finalmente el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona rechazó el procesamiento de los consejeros, aunque ocho magistrados votaron a favor. ¿Qué sensación tuvo entonces?
Nosotros formulamos la petición de procesamiento en el verano del 86. El último escrito ampliatorio de la petición de procesamiento es del 30 de octubre del 1986. Y es a mediados de noviembre cuando el pleno de la Audiencia territorial de Barcelona acuerda rechazar el procesamiento de Jordi Pujol y del resto de consejeros. Pero hay que constatar que el auto no se niega la veracidad de los hechos delictivos que sustentaban nuestra solicitud de procesamiento. Es decir, se reconocía que había habido una caja B, que había habido sociedades instrumentales, que había habido préstamos ficticios a sociedades mercantiles y a personas físicas. Los prestatarios habían reconocido ante el juez de instrucción y ante nosotros como fiscales que ellos no habían recibido cantidad alguna en virtud del préstamo. Todo esto estaba acreditado y no se discutió por el tribunal. Lo que se discutió es que esto fuera un delito de apropiación indebida, de falsedad o de maquinación.
Además del perjuicio al Estado también hubo muchos perjudicados que eran los accionistas de Banca Catalana.
Hubo multitud de accionistas perjudicados. Fue una de las primeras experiencias de un fraude a los ahorradores. Porque los accionistas no dejan de ser ahorradores. Eran personas de un nivel económico medio bajo que habían colocado ahí sus ahorros con la garantía de que iban a obtener un dividendo. Por lo tanto se produce un perjuicio real, que se corresponde con un beneficio real que es el que obtienen los consejeros.
Ahora con la auto inculpación de Pujol por incumplir sus obligaciones fiscales aquella historia vuelve a la actualidad.
Hemos encontrado en los últimos días es un dato muy relevante. Es el escrito que presenta la fiscalía el 30 de octubre de 1986 en el que se aporta un informe de Banca Catalana, que como entidad bancaria aún existía, pero ya bajo el control del Banco de Vizcaya. El informe dice que del importe de la venta de las acciones de Banca Catalana, 22 millones de pesetas, se han destinado al pago del impuesto de sucesiones por la transmisión hereditaria derivada de la muerte del padre de Jordi Pujol, don Florenci Pujol Brugat. Esto quería decir que se habían desviado fondos del importe de las acciones al pago de un impuesto que sólo beneficiaba a un consejero que era el consejero Jordi Pujol Soley y su familia. Impacta conocer ahora este dato.
De todas formas, pasado el impacto del primer momento, la confesión de Pujol ha tenido menos repercusiones de las previstas. El fraude fiscal se sigue considerando como delito secundario.
Si, vamos a ver. A mí me parecen graves dos cuestiones relacionadas con la confesión auto inculpatoria de Pujol. El delito fiscal es un delito gravísimo. Como dijo el que fue fiscal del cantón de Ginebra, Bertrand Bertossa, que colaboró con la justicia española en el descubrimiento de los fondos que Luis Roldán tenía ocultos en Suiza, “el delito fiscal no es neutral porque el que delinque lo hace en perjuicio directo de los contribuyentes honrados que pagan puntualmente sus impuestos”.
¿Qué supone esta mayor gravedad del delito fiscal en el caso de Pujol?
No estamos hablando de aquel que defrauda en una actividad económica en el IRPF o Patrimonio o Sociedades. Estamos hablando de una persona que ha estado defraudando durante 34 años. Con este fraude Pujol ha estado impidiendo que el Estado español tenga una base imponible suficiente para garantizar derechos sociales, servicios públicos, etcétera. Pienso que esta es una de las claves que se están desconociendo en este proceso.
¿Qué repercusiones puede tener?
Sobre la gravedad inconmensurable de la conducta de Pujol hay que tener en cuenta los cambios del Código Penal de diciembre de 2012. Entonces se introdujo un agravante del fraude fiscal que fue una reclamación que hicimos desde la Fiscalía Anticorrupción. Se consideró que era una circunstancia agravante del delito fiscal cuando el fraude se haga a través de paraísos. (Lee el artículo 305 bis del Código Penal, apartado 1C). En estos casos “será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo o por lo de la cuota defraudada”. Por lo tanto, durante el último año y medio la conducta defraudadora de Pujol está agravada por este precepto.
¿Quién es? |
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| Carlos Jiménez Villarejo, (Málaga, 1935), creció en el barrio obrero de El Palo, donde conoció cia las condiciones sociales de la empobrecida clase obrera. Tomó conciencia de la mano del teólogo José María González Ruiz y más tarde militó en PSUC, que era la organización del Partico Comunista en Cataluña. Ha dedicado 43 años de su vida a la función pública como fiscal, siempre comprometido por las libertades y contra la tortura. Fue trasladado a Huesca por haber pedido el procesamiento del jefe de la policía de Manresa. Fue el primer fiscal jefe Anticorrupción. Fue elegido europarlamentario por Podemos FOTO: ANDREA BOSCH |
¿Por qué es tan difícil luchar contra el fraude fiscal?
El delito fiscal no se comete mediante pequeños fraudes sino es el que cometen las grandes fortunas a través del impuesto de sociedades o de las sociedades llamadas SICAV etcétera. Naturalmente lo cometen personas con un alto nivel económico que tienen un buen asesoramiento técnico y con conexiones con las autoridades políticas responsables del control tributario. Para este tipo de delincuentes está previsto algo que en el Código Penal no prevé para ninguna otra forma de delincuencia que es la amnistía fiscal. Esto pues no deja se der un tratamiento de favor a un tipo de delincuentes, que están en un rango económico superior de la sociedad y que ha conseguido tener un trato favorable por parte de los poderes políticos, lo cual me parece increíble.
Ha habido casos en la banca muy escandalosos.
A mí lo que más me ha impactado fue el caso del juez Central número 4, Fernando Andreu, cuando incoó diligencias previas contra el grupo familiar Botín, por su aparición en las listas de Falciani. Es impresionante ver que toda la familia Botín, hermanos, hijos, hijas, etcétera, todos mantenían cuentas secretas en el banco británico HSBC de Suiza, y que si no es porque el empleado Hervé Falciani desvela estos datos y los pone a disposición de las autoridades posiblemente no hubieran pagado jamás ningún impuesto por las cuentas ocultas que tenían en Suiza. En unos meses el grupo familiar regularizó todas las obligaciones fiscales que tenían pendientes. Ha sido la mayor regularización fiscal de la historia de España, según reconoció el Gobierno. Y el juez se vio obligado a archivar el proceso penal contra el grupo económico más potente de España. Eso es un ejemplo de impunidad muy grave. Me preocupa que el ciudadano medio no lo sabe porque no tiene medios para enterarse y no se le ha explicado bien. También inquieta que la imagen de fortaleza económica y política que traslada este segmento de la población es tan fuerte que se comprende que haya determinados jueces y tribunales incluidos fiscales que realmente les cueste hacer frente a este tipo de delincuencia.
La defraudación de Pujol está agravada por su realización a través de paraísos fiscales
El partido político se convierte en rehén de la entidad financiera que le otorga un crédito
Usted ha mostrado también mucha preocupación por la corrupción sobre todo la ligada a la financiación de los partidos políticos. ¿Cómo definiría la corrupción?
La corrupción política es un tema antiguo. Significa el aprovechamiento de un cargo público para enriquecerte personalmente o un tercero, o enriquecer a tu propia organización política. Pero tiene más gravedad cuando es un cargo público que ha sido elegido por los ciudadanos. Toda corrupción implica antes o después un quebrantamiento de la legalidad. Por ejemplo, la ley de contratos del Estado o de la ley urbanística. Y al mismo tiempo unos beneficiarios finales que pueden ser el propio cargo público o unos terceros. En términos globales es un abuso de poder, actuar arbitrariamente en el ejercicio de tus funciones públicas y con un tercer elemento definitorio de la corrupción que es el favoritismo.
¿Cuál es la situación en España?
La situación es realmente dramática. En el año 2002, cuando se aprueba la Ley de Partidos, no se prevé que los miembros de un partido que desempeñan un cargo público que han sido imputados por corrupción abandonen inmediatamente su cargo. Sería la garantía de dar una imagen de rigor y de seriedad. Además hace falta que aquellos que son imputados por un delito de corrupción no puedan ser incluidos en las listas electorales bajo ningún concepto.
¿Qué pasa con la financiación de los partidos políticos?
La financiación de los partidos está regulada en una ley de 1987 aprobada por el Gobierno del PSOE con mayoría absoluta, que permitió las donaciones anónimas. Esto ha permitido justificar lo injustificable, puesto que no se sabía quien la donaba ni porque lo donaba. Hay un viejo slogan del profesor M.P Koenig, de la Universidad de Estrasburgo, que dice que el que dona dinero a un partido lo hace porque antes o después espera una contraprestación. Las donaciones anónimas se suprimen en el año 2007, pocos años después de la llegada de ZP al Gobierno, pero se sigue permitiéndose la financiación por las entidades de crédito.
¿Quién controla estas financiaciones?
Los controles los lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, muchos años después, tarde y mal. El Tribunal de Cuentas no es ninguna garantía puesto que sus miembros están todos nombrados por los respectivos partidos con lo cual lo tienen todo controlado. La financiación por una entidad de crédito genera unos resultados que destrozan la posibilidad de un sistema democrático, limpio y transparente. Porque el partido político se convierte en un rehén de la entidad financiera que le otorga un crédito.
Además son créditos que muchas veces acaban con la condonación.
A eso voy. La nueva ley que está en trámite en el Congreso de los Diputados, se plantea por primera vez prohibir las condonaciones. Hasta ahora los bancos y las cajas de ahorros pueden condonar las deudas a los partidos políticos, cosa que en la vía cotidiana de los ciudadanos particulares es inimaginable.
La situación financiera de algunos partidos es insostenible.
El Tribunal de Cuentas hizo un informe de los años 2009, 2010 y 2011, que desvela entre otras cosas que a 31 de diciembre de 2011 CDC y UDC tienen un patrimonio neto de 10 y 11 millones respectivamente. ¿Cómo vamos a pedir que funcione con limpieza un sistema político con un sistema de partidos si los partidos están endeudados hasta límites realmente increíbles.
POLÍTICA
“Urge un saneamiento democrático del Estado español”
¿Después de tantos años de lucha, por qué se incorpora a Podemos?
Me incorporo a Podemos porque me leo un programa inicial y creo que lo que propone es absolutamente coincidente con mis planteamientos de lo que yo llamaría un saneamiento democrático en el Estado español. Y me parece que no tiene, en tanto que formación muy joven, los vicios y las ataduras que tienen los partidos tradicionales. Por eso participé en las listas.
¿Qué pueden hacer?
Podemos no es que vaya a cambiar sustancialmente las cosas que están mal y que deben cambiar, pero sí representa una corriente de aire fresco respecto de los partidos tradicionales, tan preocupados por la presencia de Podemos, cuyos programas y esquemas han quedado desfasados.
¿Cómo se financian?
Podemos tiene una limitación de sus recursos, porque nunca ha pedido ni pedirá ningún crédito. Se financia con aportaciones y donaciones. También ha establecido la limitación de mandatos de ocho años para evitar la profesionalización de la política; rendición de cuentas públicas de los ingresos, acabar con las puertas giratorias de la política en las grandes corporaciones y bancos y limitación de sueldos, porque no puede ser que un europarlamentario gane 8.500 euros limpios, entre sueldos y dietas.
¿Cómo afrontan la falta de experiencia?
Podemos es un proceso largo y de fondo con una amplia base ciudadana. Es cierto que no tiene experiencia política salvo la que se está adquiriendo en el Parlamento Europeo y tiene un reto organizativo. Yo confío en su dirección. Pueden contar conmigo. Prueba de ello es que hemos presentar una querella junto con Guanyem en Barcelona contra Jordi Pujol.
FORMA DE ESTADO
“La Monarquía está manchada por la impronta de la dictadura”
¿Cuál es su opción: Monarquía o República?
Podemos está por la forma republicana de Estado. La Monarquía no deja de ser una institución que, pese a estar en otros países democráticos, tiene raíces medievales e irracionales. Puede cumplir una función representativa y con escasa capacidad de decidir, como en España. Pero quien rige los destinos de España como jefe de Estado es un monarca cuyo único mérito es ser hijo de su padre.
¿Qué problemas presenta en este momento aquí?
En España un cambio entraña dificultades adicionales por la Constitución y la Transición. La Monarquía es una institución impuesta por el dictador como fórmula de sustitución de la jefatura del Estado, que era el dictador, por un rey. Es una Monarquía manchada por esa herencia derivada de su impronta marcada por la dictadura. Aunque yo voté la Constitución aceptando la Monarquía, sabiendo su origen, era la alternativa a la dictadura. La aceptamos en un bloque junto a derechos y libertados de la Constitución. Pero hoy es oportuno replantearse el debate. Un joven que no se formó en la dictadura debe poder decidir si la forma del Estado tiene que seguir siendo la que impuso Franco. Es lo que debería plantearse Felipe VI.
