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Licencia para matar // Fumar mata, pero es legal

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Septiembre 2016 / 39

INDUSTRIA DEL TABACO: Mejor dicho: fumar es legal, pero mata. Este es, por el contrario, el mensaje de este libro implacable.

Licencia para matar
Carlos Escolà
Ediciones Península, 2016
302 páginas.
Precio: 18,90 €

Después de los pasos contra el tabaquismo —sobre todo las ministras de Sanidad Elena Salgado y Trinidad Jiménez—, hoy fuma un millón menos de españoles que hace una década. Los epidemiólogos disponen de algunos datos esperanzadores: la mortalidad por infarto ha bajado un 18% entre personas de sesenta y cinco a setenta y cuatro años. Y en el Hospital de La Paz de Madrid se registra una reducción del 15% en los ingresos por asma infantil debido a la menor exposición al humo. Pero aún fuma un 24% de los mayores de quince años, más de siete millones.  El periodista Carlos Escolà, que durante años ha rastreado la actualidad sobre el sector,  desvela en Licencia para matar cómo tras intentar lavar su imagen la industria del tabaco se está rearmando y tiene como blanco a los niños. La industria necesita 450 nuevos fumadores al día para mantener su mercado. La captación de intelectuales bajo pretexto de la libertad individual, los lobbies en Bruselas y Washington y la financiación de partidos forman parte de su estrategia. En España, el tabaco mata cada año a 60.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El libro, que arranca con una interesante perspectiva histórica, se detiene en la privatización de la antigua Tabacalera y en la estremecedora documentación desclasificada a raíz del juicio a las grandes tabaqueras en EE UU, cuyos ejecutivos admitieron conocer la relación entre el tabaco, el cáncer y la adicción. Los papeles desvelan su estrategia país por país, incluida la contratación de abogados estrella, agencias de imagen  y captación de los más pequeños. No hacerlo dificulta subir el precio de la cajetilla. En la primera sentencia judicial en España que apuntaba contra Altadis-Tabacalera, la jueza la eximió de culpa porque suministra un producto que, aunque dañino para la salud ,está legalizado por el Estado. 

Uno de los retos pendientes es sacar el tabaco del IPC, que complica subir el precio de la cajetilla.