Ciudadanos y propietarios

El concepto de propiedad es importante. Hablemos de nuestro principal patrimonio.  ¿Le han timado con las preferentes? ¿La hipoteca le amarga la vida? Quizá usted, dilecto lector, no se haya visto atrapado ni por las preferentes ni por una hipoteca monstruosa. Hay que felicitarle por su buen ojo. Tal vez haya realizado incluso alguna inversión inteligente o afortunada y cuente con unos ahorrillos por si acaso y un patrimonio decente. Pero no se sienta demasiado feliz: lleva años, posiblemente toda su vida adulta, invirtiendo dinero por la vía de impuestos y cotizaciones en un negocio ruinoso, del que es usted copropietario, aunque en general no lo parezca. Usted, señor mío, es dueño de España, y responsable último de su deuda. Vaya haciéndose a la idea.  Los españoles, a diferencia de los británicos, nos enfrentamos de forma bastante relajada a nuestra triple condición de ciudadanos, contribuyentes y propietarios. Nos hemos habituado a pensar que el Estado “son ellos”, los que mandan, los que influyen, los que se reparten los mejores sueldos.

Será por razones históricas. Los siglos de absolutismo, dictaduras y penuria han forjado en nuestra mente un concepto erróneo: la idea de que el ciudadano viene a ser como un trabajador asalariado. El Estado nos da poco o mucho; en último extremo, puede no dar nada y dejarnos en la calle, como cuando a uno le despide la empresa. Pensamos que eso es lo peor que nos puede pasar. No se nos ocurre que, tras el despido, los acreedores de la empresa puedan enviarnos a casa al cobrador del frac. Sin embargo, sí pueden. Ya lo han hecho (piense en la troika) y seguirán haciéndolo. Los ciudadanos no somos asalariados, sino accionistas minoritarios con plena responsabilidad.  Como no tenemos plena consciencia de nuestra condición de propietarios, tendemos a pensar que los auténticos propietarios son los políticos y los altos funcionarios. De ellos no exigimos eficiencia, solo un mínimo de honradez. Obtenemos poquísimo de lo uno y poco de lo otro. Nos cabreamos cuando los gestores del Estado (que, si pagan impuestos, son tan propietarios como nosotros, pero no más) deciden sufragar las deudas de las entidades financieras irresponsables, que en España, con una red de cajas de ahorros completamente descontrolada y en manos de la misma casta que gestiona lo público, resultaron ser la mayoría. Bueno, ya hemos aprendido que la supervivencia de los bancos tiene más importancia que la supervivencia de las personas. Nos cabreamos poco, sin embargo, con el pufo gigantesco que los gestores nos han montado y siguen montándonos.  Las deudas globales de España, sumando lo privado y lo público, rebasan los cuatro billones de euros. Casi 650 billones de pesetas. Las empresas y los particulares llevan un par de años reduciendo sus deudas o quedándose por el camino: hay miles de tragedias, miles de familias que han perdido la casa pero no la maldita hipoteca, miles de pequeños empresarios que, además de cerrar, han tenido que sufrir el embargo de sus bienes. El Estado, en cambio, ha ido engordando lo suyo. Como hay que pagar pensiones y subsidios, mantener una Seguridad Social que en lo básico aún funciona pese a las mutilaciones, abonar el sueldo a los funcionarios y todas esas cosas que el Estado necesita hacer para evitar un desastre social (cosa que sin duda preocupa a los mandarines estatales) y una revolución (cosa que les preocupa más), la deuda pública ha seguido aumentando. Desde 2008, inicio oficial de la crisis, España ha pedido prestados 550.000 millones de euros. La deuda, que en 2008 no llegaba al 40% del producto interior bruto (todo lo que producimos, bueno o malo, en un año), ahora roza el 100% y ronda el billón de euros.  Nadie cree que España pueda pagar lo que debe. De hecho, es imposible hacerlo.

Nadie cree que España pueda pagar lo que debe; es imposible

El Estado no deja de gastar más de lo que ingresa y en cinco años deberá ya 1,2 billones. Es difícil que el país quiebre, pero es seguro que en algún momento tendrá que pedir una reestructuración, es decir, el perdón de una parte de la deuda y más plazo para lo que quede. Antes de la crisis, los acreedores eran lo que llamamos mercados internacionales, o sea, entidades financieras e inversores de todo el planeta. Ahora ya tenemos una buena parte, más de la mitad, nacionalizada: quienes compran deuda (gracias a los créditos baratos europeos) son los bancos españoles, y el resto lo ponemos nosotros directamente. ¿Cómo? ¿Que usted no compra bonos del Tesoro? Da igual. El fondo de reserva de la Seguridad Social, que sirve como garantía última de las pensiones, está casi completamente invertido en deuda española. Llegado el momento de la reestructuración, lo más probable es que sea usted a la vez moroso insolvente, acreedor chascado y pensionista en la miseria.  Ha invertido una fortuna y su patrimonio no deja de menguar. Quienes tiene contratados como gestores, políticos y altos funcionarios, lo hacen de pena. Pero le aseguran cada día que la recuperación ha llegado (queda por resolver el detallito del paro masivo, matizan) porque va faltando menos para las elecciones, o sea, la renovación o no de su contrato. Usted sabrá lo que hace. No olvide, en cualquier caso, que España es de su propiedad, que lo público es de cada uno de nosotros y que ya no hablamos de nuestro futuro, bastante gris, sino del de nuestros hijos.