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La última frontera de la desregulación

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Febrero 2014 / 11

Preocupación por el efecto bumerán de contener el salario mínimo y su consiguiente merma de poder adquisitivo.

Congelar el salario mínimo no ayudará al empleo y lanza un mensaje inútil de merma de poder adquisitivo, que ya se da, y que frena el consumo.

FOTO: PARLAMENTO EUROPEO

El suelo legal de lo que puede cobrar un trabajador en España asciende a 9.034,2 euros al año, o 654,3 euros al mes (14 pagas). El Gobierno ha congelado la cuantía con el argumento de que un incremento lanzaría una señal a los agentes sociales en la negociación colectiva —los sueldos más bajos deberían actualizarse al alza para no quedar por debajo del mínimo legal—, temeroso de que frene la creación de empleos, la supuesta reactivación y la competitividad.

Pero los argumentos flaquean. En primer lugar, por la cuantía de este salario-garantía (9.034,2 frente a un umbral de pobreza de 7.040 euros anuales). El salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido el 12,6% desde el inicio de la crisis en 2008, mientras el aumento de los precios neutralizó dicho incremento, que quedó en el -0,4%. Pero si se calcula desde 2010, tras el giro forzado de la política del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la pérdida acumulada de poder adquisitivo del SMI es de 5,8 puntos porcentuales, según se deduce de los datos del INE.

La Carta Social Europea, a la que España se adhirió hace casi 30 años, recomienda que el salario mínimo equivalga al 60% del salario medio del país. En España, pese a las subidas registradas desde 2004 (de 460,8 al mes los 645,3 de hoy), sobre todo de 2004 a 2009, equivale únicamente al 39,4% del salario medio (22.299,35 al año) o el 46,8% del salario mediano del país (19.287,24), según la última encuesta salarial del INE (2013, con datos de 2011).

Segundo, el salario mínimo, referencia para actualizar las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, afecta a una proporción pequeña, cada vez menor, de trabajadores. Ya no condiciona otros indicadores como becas, prestaciones varias, subsidios de paro, renta, vivienda o pensiones, ligados al Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (IPREM). Este asciende a 532,51 euros mensuales. El IPREM también se ha congelado.

La estimación más aproximada de perceptores de salario mínimo en España es la Encuesta de Población Activa del INE, según la cual 108.000 asalariados a tiempo completo (el 0,9%) cobran igual o menos que 652,4 euros.

“La relevancia del SMI es más simbólica o indicativa que real. Afecta de forma directa a pocos trabajadores. Es poco habitual que en los convenios las tablas salariales y los criterios de revalorización o congelación se referencien de forma expresa a su evolución”, comenta Luis Zarapuz, de CC OO.

EL SMI beneficia a las personas no cubiertas por la negociación colectiva, como a muchos ocupados en la agricultura y el servicio doméstico, y algunos de los convenios de empleos con menor valor añadido. Los asalariados que perciben una retribución igual o menor al SMI ha caído con la crisis, por la mayor destrucción del empleo, en las categorías bajas, aunque en 2013, con la reducción del salario medio, más empleo precario y la salida del mercado laboral de trabajadores con sueldos elevados, crecerá el colectivo de los que cobran menos.

La reforma laboral aumenta el protagonismo de los convenios de empresa frente a los sectoriales que pudieran ligarse al SMI, entre descuelgues de convenios. “La idea de que se congele lanza un mensaje absurdo, porque están cayendo los salarios”, señala la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Laura Ortiz, experta en economía laboral. En 2008, la remuneración de asalariados pesaba el 49,4% sobre el PIB; hoy, el 46,9%. “Es un error tomar medidas que frenan el consumo cuando tenemos una crisis de demanda y no de costes salariales, y con un paro del 26%”. El consumo de los hogares lleva tres años cayendo (2,6% en 2013). UGT y CC OO piden políticas que reactiven la demanda, mientras que la OIT llama a subir el salario mínimo para luchar contra la pobreza laboral.

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