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No está prohibido soñar

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Febrero 2014 / 11

Editorialista de Alternatives Économiques y ex presidente de la cooperativa

CRECIMIENTO POTENCIAL. Nunca se desea tanto el crecimiento como cuando desaparece, sobre todo si para tener una renta hay que tener un empleo y este depende del nivel de actividad. Reflexionemos sobre este asunto utilizando un concepto de moda: el crecimiento potencial. Es decir, el nivel de actividad que puede alcanzar una economía teniendo en cuenta los recursos disponibles y su posible evolución, ligada fundamentalmente a que se logre o no aumentar la productividad. De ahí, un primer debate de carácter estructural: ¿es posible elevar el nivel de crecimiento potencial? La mayoría de los economistas considera hoy que la débil dinámica de la productividad en los países más avanzados limitará durante mucho tiempo ese nivel, incluso sin tener en cuenta las exigencias ecológicas que nos imponen cambiar radicalmente el contenido de la actividad económica. Por ello, la cuestión de “cómo vivir mejor sin crecimiento” ha pasado hoy a ser esencial.

El segundo debate es coyuntural: la economía francesa, con más de cinco millones de parados de todo tipo, pasa a estar por debajo de su potencial. No significa ser un fanático del crecimiento observar que sería deseable poner a esas personas a trabajar con el fin no solamente de que produzcan bienes y servicios, sino para que dispongan de unas rentas que les permitan vivir dignamente. Aceptar la idea de que el nivel de crecimiento potencial es hoy limitado y movilizar a la vez todos los recursos humanos para mejorar el bienestar general, es el desafío al que la clase política debería dedicar toda su imaginación. No está prohibido soñar.

ALEMANIA. El CDU-CSU y el SPD han acordado un programa de gobierno. Buena noticia para Europa: el establecimiento de un salario mínimo o el impulso de la inversión pública van a activar la demanda interna alemana, lo cual no puede por menos que beneficiar a la actividad del resto de la Unión. Sin embargo, no lancemos las campanas al vuelo. Wolfgang Schäuble sigue siendo ministro de Finanzas y Sigmar Gabriel, nuevo ministro SPD de Economía y Energía, no se queda atrás a la hora de defender la competitividad del territorio alemán. No parece que en los asuntos importantes europeos —eurobonos, Unión Bancaria—, la coalición vaya a romper con la solidaridad limitada practicada por el gobierno saliente. Sobre todo, es ilusorio creer que un ligero crecimiento de la demanda alemana bastaría para sacar de apuros a España o Grecia, países en los que el paro de los jóvenes supera ya el 50% y donde se ha logrado reequilibrar las cuentas corrientes mediante una austeridad mortífera. Si no queremos que el remedio sea peor que la enfermedad, habrá que permitirles reactivar su economía, lo cual supone, paralelamente, encontrar el modo de reducir el peso de su deuda.

FORMACIÓN PROFESIONAL. El acuerdo sobre la formación profesional logrado a finales de diciembre entre los sindicatos y la patronal franceses debería traducirse rápidamente en una ley. Dicho acuerdo establece una “cuenta personal de formación”, ligada a la persona, cuya aplicación se negociará cada dos años. Los derechos adquiridos se conservarán incluso en el caso de dejar la empresa. Cuando una persona pasa al paro podrá movilizar su cuenta para acceder rápidamente a una formación que le permita estar más cualificado, mientras que ahora un parado debe esperar con frecuencia más de seis meses para acceder a la formación. Ligar el derecho a la formación a la persona podría reducir las desigualdades en este ámbito.

La formación beneficia hoy, sobre todo, a los trabajadores más cualificados. No es sorprendente. La piden más y el propio contenido de sus tareas, con frecuencia complejas y evolutivas, incita a los empresarios a formarlos. A la inversa, los asalariados menos cualificados piden menos la formación —con frecuencia tienen mal recuerdo de la escuela—, y los empresarios consideran, con o sin razón, que las tareas sencillas y repetitivas que realizan no justifican ninguna inversión. Si la futura ley permite romper esta lógica dual, actuará en el buen sentido. Unos asalariados mejor formados llevan a las empresas a modificar la organización del trabajo, lo cual puede justificar, a cambio, un acceso más igualitario a la formación.