El apartheid creado por la consolidación fiscal

Para una parte significativa de la población española las condiciones de vida siguen deteriorándose. Mientras el Gobierno proclama eufórico que la economía ya crece al 3,5%, se han creado medio millón de empleos en los últimos doce meses y las exportaciones baten un nuevo récord cada mes, un tercio de ciudadanos se encuentra en el peor momento de su vida. La larga crisis financiera ha producido una auténtica segregación económica y social, un apartheid. Es lo que advierte Joaquín Estefanía al señalar que "el 30 % se ha quedado atrás".

El entusiasmo de ciertos datos económicos hace aún más invisible la realidad del ejército de excluidos. Pero la realidad es la que es. Los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de tres años buscando un puesto de trabajo, no cesan de crecer año tras año. Son ya 1,4 millones de trabajadores, cinco veces más que antes de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadística, (INE).

La protección de los desempleados (4,3 millones según el registro de la Seguridad Social o 5,5 millones, según la más fiable encuesta de Economía) se ha reducido notablemente. Actualmente sólo están cubiertos por las prestaciones de desempleo el 55% de los parados, frente el 81% de 2010. Esto no es consecuencia de una determinada mala coyuntura. Aquí hay una clara responsabilidad del Gobierno. En los presupuestos de 2015, el Ejecutivo consignó una reducción del 14,9% de las prestaciones a los parados, cuando según sus propias previsiones el número de desocupados se reduciría sólo el 7,8% durante el presente año. Sabían lo que pasaría.

En el apartheid económico y social español se encuentran determinados colectivos que se mantienen prácticamente estancados. Son, por ejemplo, los 1,8 millones de hogares en que todos sus miembros están parados o las 700.000 familias que no reciben ingreso alguno. Todo esto constituye algunas de las razones que explican que en España haya 14 millones de pobres y que la pobreza infantil afecte al 35% de los niños, diez puntos por encima de la media de la zona euro, según Eurostat.

Todo este mundo marginal subsiste gracias a la economía sumergida, la red familiar y la ayudas desplegada por organizaciones solidarias como Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos en estrecha colaboración con los ayuntamientos. Pero Caritas advierte de que el creciente problema de la carencia de alimentos puede durar 10 años. En una ciudad con un notable apogeo del turismo como Barcelona, Caritas ha tenido que abrir siete nuevos centros de distribución de alimentos que se suman a las 220 iglesias que reparten comida para paliar el hambre.

España junto a otros países del Sur de Europa está sufriendo los efectos de una implacable consolidación fiscal (aumento de impuestos y reducción de gasto público) impuesta por las instituciones europeas. Un reciente trabajo Poor and under pressure: The social impact of Europe's fiscal consolidation de Zsolt Darvas y Olga Tschekassin,  del centro de estudios Bruegel ofrece muchas claves para entender el empobrecimiento que están sufriendo determinados países europeos.

El trabajo concluye que "los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa están relacionados con la pobreza, el desempleo y la polarización entre el norte y el sur que impactan negativamente  en las condiciones de vida de los ciudadanos". Para los autores "una  de las razones de esta penuria social ha sido la consolidación fiscal". Aunque admiten que en los países con un déficit público excepcionalmente alto y una deuda pública que empieza a crecer rápidamente no hay alternativa a la consolidación fiscal, creen que  "la cuestión está en su velocidad y composición".

Otra de las conclusiones significativas es que "el rescate bancario fue excesivamente costoso para los contribuyentes". Y precisa que "el rescate bancario limitó los recursos fiscales disponibles para otros objetivos y significó un aumento de las necesidades de consolidación con un impacto negativo para la economía y las condiciones sociales en Europa". Para España esto es lección sabida. Nuestro país es un ejemplo de libro de las privaciones que ha supuesto para la población más pobre el rescate bancario que ha costado 88.138 millones sólo en ayudas directas de capital y compra de bienes o créditos deteriorados. Por ejemplo, el gasto en salud en 2013 fue inferior en 9.900 millones al de 2009. Y el del desempleo se ha reducido este año en 4.500 millones. Al menos que no nos confundan.

Para una parte significativa de la población española las condiciones de vida siguen deteriorándose. Mientras el Gobierno proclama eufórico que la economía ya crece al 3,5%, se han creado medio millón de empleos en los últimos doce meses y las exportaciones baten un nuevo récord cada mes, un tercio de ciudadanos se encuentra en el peor momento de su vida. La larga crisis financiera ha producido una auténtica segregación económica y social, un apartheid. Es lo que advierte Joaquín Estefanía al señalar que "el 30 % se ha quedado atrás".

El entusiasmo de ciertos datos económicos hace aún más invisible la realidad del ejército de excluidos. Pero la realidad es la que es. Los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de tres años buscando un puesto de trabajo, no cesan de crecer año tras año. Son ya 1,4 millones de trabajadores, cinco veces más que antes de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadística, (INE).

La protección de los desempleados (4,3 millones según el registro de la Seguridad Social o 5,5 millones, según la más fiable encuesta de Economía) se ha reducido notablemente. Actualmente sólo están cubiertos por las prestaciones de desempleo el 55% de los parados, frente el 81% de 2010. Esto no es consecuencia de una determinada mala coyuntura. Aquí hay una clara responsabilidad del Gobierno. En los presupuestos de 2015, el Ejecutivo consignó una reducción del 14,9% de las prestaciones a los parados, cuando según sus propias previsiones el número de desocupados se reduciría sólo el 7,8% durante el presente año. Sabían lo que pasaría.

En el apartheid económico y social español se encuentran determinados colectivos que se mantienen prácticamente estancados. Son, por ejemplo, los 1,8 millones de hogares en que todos sus miembros están parados o las 700.000 familias que no reciben ingreso alguno. Todo esto constituye algunas de las razones que explican que en España haya 14 millones de pobres y que la pobreza infantil afecte al 35% de los niños, diez puntos por encima de la media de la zona euro, según Eurostat.

Todo este mundo marginal subsiste gracias a la economía sumergida, la red familiar y la ayudas desplegada por organizaciones solidarias como Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos en estrecha colaboración con los ayuntamientos. Pero Caritas advierte de que el creciente problema de la carencia de alimentos puede durar 10 años. En una ciudad con un notable apogeo del turismo como Barcelona, Caritas ha tenido que abrir siete nuevos centros de distribución de alimentos que se suman a las 220 iglesias que reparten comida para paliar el hambre.

España junto a otros países del Sur de Europa está sufriendo los efectos de una implacable consolidación fiscal (aumento de impuestos y reducción de gasto público) impuesta por las instituciones europeas. Un reciente trabajo Poor and under pressure: The social impact of Europe's fiscal consolidation de Zsolt Darvas y Olga Tschekassin,  del centro de estudios Bruegel ofrece muchas claves para entender el empobrecimiento que están sufriendo determinados países europeos.

El trabajo concluye que "los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa están relacionados con la pobreza, el desempleo y la polarización entre el norte y el sur que impactan negativamente  en las condiciones de vida de los ciudadanos". Para los autores "una  de las razones de esta penuria social ha sido la consolidación fiscal". Aunque admiten que en los países con un déficit público excepcionalmente alto y una deuda pública que empieza a crecer rápidamente no hay alternativa a la consolidación fiscal, creen que  "la cuestión está en su velocidad y composición".

Otra de las conclusiones significativas es que "el rescate bancario fue excesivamente costoso para los contribuyentes". Y precisa que "el rescate bancario limitó los recursos fiscales disponibles para otros objetivos y significó un aumento de las necesidades de consolidación con un impacto negativo para la economía y las condiciones sociales en Europa". Para España esto es lección sabida. Nuestro país es un ejemplo de libro de las privaciones que ha supuesto para la población más pobre el rescate bancario que ha costado 88.138 millones sólo en ayudas directas de capital y compra de bienes o créditos deteriorados. Por ejemplo, el gasto en salud en 2013 fue inferior en 9.900 millones al de 2009. Y el del desempleo se ha reducido este año en 4.500 millones. Al menos que no nos confundan.