La investigación sobre los orígenes de la pandemia no podía comenzar de peor manera: con prejuicios, judicializada y con el cese de un coronel de la Guardia Civil y lío político, un magnífico cóctel para que no se aclare nada. Resulta que una juez de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, tras admitir la denuncia de un particular a finales de marzo, ha actuado con celeridad en pleno estado de alama para tratar de hallar indicios de responsabilidad en la actuación del delegado del Gobierno en la comunidad madrileña, José Manuel Franco, por permitir las manifestaciones feministas del 8-M, dando de hecho por supuesto que dichas concentraciones han desempeñado un papel importante en el origen de la pandemia, algo improbable aunque algunos portavoces de la extrema derecha y la derecha extrema se empeñen en ello.