Barcelona // Crear un operador mixto con riesgos al 50% para hacer pisos de alquiler barato
Barcelona y 35 municipios de su área metropolitana han iniciado un experimento para ampliar el parque de vivienda asequible con una gobernanza no testada en Europa. Tras un intento fallido que retrasó el proyecto, en noviembre se lanzó una empresa en la que el sector público y el privado comparten inversión, riesgos y beneficios al 50%. Se trata de Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), y tiene el plan de producir 4.500 pisos de alquiler por debajo de los precios de mercado, con una inversión global de 600 millones.
El Ayuntamiento de Ada Colau se ha mostrado crítico con los modelos de colaboración público-privada. Ante la necesidad ingente de viviendas protegidas, intenta redefinir el modelo. El suelo seguirá siendo público. Los beneficios de la empresa —participada a partes iguales por el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Cevasa y Neinor, que construirán y gestionarán los pisos— está tasado. Neinor es la principal promotora residencial española. Nació a partir de la compra por el fondo buitre Lone Star de un paquete bancario de suelo, que la sacó a Bolsa en 2017. A partir de ahí, sus accionistas de referencias tienen visión a más largo plazo (los fondos institucionales francés Orion e israelí Adan). La empresa ha declarado que desea "desarrollar una pata social".
Barcelona llama a replicar su pacto con privados en otras ciudades
El equipo de gestión de HMB es privado, pero las autoridades se sentarán en el consejo de administración, a partes iguales, con un consejero independiente que pueda desempatar y un controller designado por la parte pública. Como salvaguarda, las acciones públicas nunca podrán pasar a ser de los privados, pero las privadas sí podrían pasar a manos públicas. El precio de los alquileres oscilará entre 400 y los 750 euros al mes. El alquiler medio en la ciudad es de 932.
"Queremos replicar este modelo. Animamos a otras ciudades a hablar con los privados. Reinvertiremos las ganancias en más vivienda pública", explica Javier Burón, gerente de Vivienda de Barcelona. El consistorio se ha enfrentado a constructoras y promotoras con su política de reserva del 30% para vivienda social en nuevas promociones, regulación de alquileres y compra de edificios por el derecho de tanteo y retracto.
