El giro social de Sánchez
Desafío: Reparar los daños de la gestión de Rajoy no será fácil por el frágil apoyo parlamentario y las exigencias de Bruselas.
Pedro Sánchez saluda a diputados socialisas en el Congreso. FOTO: PSOE
Pedro Sánchez recibe del Gobierno de Mariano Rajoy una herencia envenenada. La economía ha comenzado a ralentizarse tras haber crecido por encima del 3% durante los últimos tres años, y aunque la tasa de desempleo sigue su curso descendiente, es aún muy superior a la media de la Unión Europea. Mariano Rajoy deja también un a descomunal deuda pública, cercana al 100% del PIB, un país con enormes desigualdades en los niveles de renta y un mercado laboral marcado por los bajos salarios y la precariedad.
Garantizar la estabilidad macroeconómica y dar el giro social que exigen muchos ciudadanos son los dos grandes objetivos señalados por el dirigente socialista al llegar a La Moncloa. Para cumplir el primero ha prometido respetar los Presupuestos Generales del Estado heredados del Ejecutivo anterior y no rebasar el límite de déficit público pactado con Bruselas. El margen para lograr el segundo va a ser, por tanto, estrecho. Aunque ha recibido con alivio la formación del nuevo Gobierno, Bruselas ha dejado claro que no va a permitir alegrías en el gasto. Si quiere sacar adelante su agenda, Sánchez va a tener que superar otro obstáculo importante: lograr el apoyo parlamentario de las formaciones políticas que votaron sí a la moción de censura contra Rajoy.
El inesperado triunfador de la moción parece sintonizar con las protestas protagonizadas por los pensionistas, las feministas, los médicos, los profesores y los sindicatos durante la etapa de Rajoy. Para no decepcionar a toda esa gente y llegar bien situado a las próximas elecciones generales (si se agota la legislatura, se celebrarían en la primera mitad de 2020), Sánchez se enfrenta al reto de satisfacer las demandas más urgentes de la ciudadanía: mejorar la calidad del empleo, reducir las desigualdades, salvar el sistema de pensiones, garantizar una enseñanza y una sanidad públicas de calidad y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
1. Empleo
Sánchez ha reconocido que no tiene apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para borrar por completo del mapa la reforma laboral del PP, aunque sí cree que habrá suficiente consenso para retocar algunos de los artículos más dañinos, entre ellos el que acabó con la ultraactividad (que los convenios colectivos sigan vigentes mientras se negocia uno nuevo) o el que empeoró las condiciones laborales en las empresas subcontratadas. Conseguir que los convenios sectoriales vuelvan a prevalecer sobre los convenios de empresa, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, va a ser más difícil.
La reforma laboral del PP experimentará sólo cambios parciales
La tarea más dura será elaborar los Presupuestos de 2019
Bruselas exige un recorte adicional de 7.500 millones de euros
La caída del poder adquisitivo de los salarios es una de las herencias más dolorosas del PP. Entre los años 2008 y 2016 el sueldo medio apenas creció un 5,8%, mientras que la inflación subió un 12,5%. Por desgracia, la situación no da síntomas de mejora: como muestra la última encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en junio, los asalariados siguen perdiendo capacidad de compra. No va a ser fácil, por tanto, compensar a quienes más perdieron en los años más duros de la crisis y combatir el fenómeno de los trabajadores pobres, aquellos que no llegan a fin de mes a pesar de tener un empleo.
Además de corregir una injusticia, la subida de los salarios contribuiría a aumentar el consumo de las familias y fortalecería las bases de la recuperación económica. Todo el mundo parece estar de acuerdo. Lo dijo el Gobierno saliente y también el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en la reciente reunión que los responsables de la institución mantuvieron en Sintra (Portugal). Draghi reclamó una subida salarial para consolidar la recuperación económica de la eurozona, elevar la inflación hasta un nivel saludable y facilitar el fin del programa de estímulos monetarios que él mismo puso en marcha, previsto para después del verano.
El optimismo suscitado por el cambio de Gobierno ha contribuido a acelerar el pacto entre sindicatos y patronal para subir entre un 2% y un 3% las retribuciones de los trabajadores. El acuerdo, sin embargo, puede quedar en papel mojado, pues la subida de la inflación amenaza con contrarrestar los beneficios de cualquier incremento salarial. En mayo pasado el índice de precios de consumo (IPC) creció un 2,1% en términos interanuales, la tasa más alta desde abril de 2007.
El convenio firmado por el sector de la hostelería en Málaga puede servir de referencia para combatir la precariedad. Firmado a mediados de junio por las empresas y los representantes de los 80.000 trabajadores del sector en la provincia, el acuerdo establece que los empleados de las subcontratas disfrutarán de las condiciones establecidas en el convenio del sector en lugar del que regula la actividad de cada empresa, medida de que beneficiará a las camareras de hotel conocidas popularmente como Las Kellys. En esta línea, Sánchez se ha propuesto poner en marcha un plan de lucha contra la explotación laboral en colaboración con las comunidades autónomas.
2. Política fiscal
Nadia Calviño, nueva ministra de Economía, fue recibida con aplausos en su primera reunión del Eurogrupo. En contraste con Italia, cuyo Gobierno de coalición entre la ultraderechista Liga Norte y el populista Movimiento 5 Estrellas ha despertado enorme inquietud en Bruselas por su actitud antieuropeísta, el nuevo Ejecutivo español ha prometido ser fiel a todos los compromisos adquiridos con sus socios europeos, incluyendo la reducción del déficit público. El objetivo marcado por el Gobierno anterior es recortar el desequilibrio entre ingresos y gastos hasta el 2,2% del PIB a finales de este año. Bajar de la barrera del 3% permitirá a España abandonar el procedimiento de déficit excesivo, que obligó a efectuar drásticos recortes del gasto público durante la crisis.
El aumento del gasto social se financiará con nuevos impuestos
Sobre la mesa hay un recargo del 8% para los bancos
Las cotizaciones máximas subirán para pagar las pensiones
La Comisión Europea ha dado su visto bueno a los Presupuestos, pero avisa de que España debe llevar a cabo más ajustes fiscales estructurales, aquellos que reducen el déficit de manera permanente, sin tener en cuenta el ciclo económico, y proporcionan un colchón fiscal ante una nueva crisis. Ello solo se puede conseguir aumentando los ingresos o recortando los gastos (o ambas cosas al mismo tiempo), lo que significa que el Gobierno va a tener escaso margen para incrementar partidas sociales como las pensiones, la sanidad y la educación sin recurrir a una subida de impuestos. En sus presupuestos alternativos presentados en abril, el PSOE incluía recaudar vía impuestos 6.500 millones de euros adicionales para financiar un aumento del gasto social de 8.000 millones. Ese esfuerzo iría acompañado de un plan de “ahorro, eficiencia y calidad del gasto público” de 2.500 millones.
¿De dónde vendrá el aumento de la recaudación? Antes de su investidura, Sánchez se mostró a favor de subir el tipo del IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros, un recurso ya utilizado por Gobiernos anteriores que no aumentaría significativamente la recaudación, pues hay pocos contribuyentes que rebasen ese límite. El PSOE abogaba también por subir el Impuesto de Sociedades para lograr que las empresas tributen al 15% en lugar del tipo efectivo medio del 7% que pagan actualmente.
Lo más duro para el nuevo Gobierno llegará con la elaboración de los Presupuestos de 2019. La Comisión Europea reclama a España unos ajustes estructurales equivalentes al 0,65% del PIB, lo que supone 7.500 millones de euros. Podemos, principal sostén parlamentario del Ejecutivo socialista, es partidario de negociar con Bruselas un calendario más lento de reducción del déficit para destinar más dinero a mejorar las prestaciones sociales. No parece fácil que el Gobierno acepte. De todos modos, Sánchez está obligado a tomar decisiones rápidamente, pues debe presentar este mismo mes de julio el techo de gasto para 2019.
3. Financiación autonómica
En este terreno las cosas van a ir despacio. Sánchez reconoce que solo podrá hacer cambios cosméticos en el actual sistema y que la reforma a fondo quedará para la próxima legislatura. Presionado por algunas comunidades autónomas, con la valenciana a la cabeza, el presidente se ha comprometido mejorar el balance de aquellas “infrafinanciadas”, pero siguiendo el modelo actual.
En juego está el dinero que cada comunidad gasta en competencias transferidas como la sanidad, la educación y las ayudas a la dependencia. La negociación va a ser uno de los grandes retos de la nueva responsable de Hacienda, María Jesús Montero, que cuenta con experiencia en la materia por haber sido, hasta su nombramiento como ministra, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
4. Pensiones
A Bruselas no le ha gustado la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno del PP con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) bajo presión de los pensionistas en la calle. Para la Comisión Europea, el incremento incluido en los Presupuestos (de 1.500 y 1.600 millones para los años 2018 y 2019, respectivamente) pone en duda el compromiso español con la reforma del sistema público de pensiones. Bruselas cree que España tiene las pensiones de entre las más altas de la Unión si se comparan con los sueldos y considera injusta la subida teniendo en cuenta el número de parados y el aumento de las desigualdades sociales.
Cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, otro objetivo
Se igualarán por ley los permisos de paternidad y maternidad
Mejorará la formación de los jueces en materia de violencia machista
En la primera entrevista con un medio de comunicación desde su toma de posesión, concedida a TVE, Sánchez anunció su intención de subir el tope de las cotizaciones máximas y crear “nuevas figuras impositivas” para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y garantizar la sostenibilidad del sistema. Apuntó, sin especificar, que es preciso revisar las bonificaciones de las que se benefician las empresas, y dijo confiar en que la esperada subida de los salarios contribuya a aliviar las cuentas de la Seguridad Social con un aumento de los ingresos. A una pregunta sobre el impuesto a las empresas tecnológicas con la que el Ejecutivo anterior pretendía sufragar las pensiones, Sánchez pareció desdeñar la idea al afirmar que tendría una capacidad recaudatoria “muy baja”.
Al hablar de nuevas figuras impositivas, Sánchez se refiere, probablemente, a un recargo del 8% en el Impuesto de Sociedades para los bancos y de un impuesto sobre transacciones financieras que afectaría a la compraventa de activos a las grandes empresas, ideas que el PSOE estudia desde hace tiempo. En este capítulo, el presidente del Gobierno lo tendrá difícil a la hora de recabar el apoyo del PNV, un partido tradicionalmente partidario de rebajar la carga fiscal a las empresas; y no digamos del PP y de Ciudadanos.
Está en marcha una auditoría sobre el rescate de autopistas FOTO: ANDREA BOSCH
5. Igualdad
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres vive un año histórico en España, y Sánchez parece dispuesto a aprovechar ese impulso. Convencido de que hay “un antes y un después del 8 de marzo”, asegura haber puesto la cuestión “en la cúspide” de la acción de gobierno con el nombramiento de Carmen Calvo como vicepresidenta y ministra de Igualdad. En este capítulo, el líder socialista contará con el apoyo seguro de Podemos y probablemente de otros grupos del Parlamento, como Ciudadanos, pues quizás sea esta la cuestión que despierta mayor consenso parlamentario.
Para empezar, el Congreso de los diputados apoyó unánimemente un proyecto de ley presentado por Podemos para dar permisos de maternidad y paternidad intransferibles. Cada progenitor tendrá un permiso de 16 semanas: dos inmediatamente después del parto y el resto durante el primer año. El PSOE defenderá, por su parte, un proyecto de ley para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ambas leyes van a traer consigo cambios sustanciales en el lugar de trabajo y en la vida familiar. Las mujeres cobran aún un 22,3% menos que los hombres y en los últimos 10 años solo un 2% de los hombres han compartido el permiso de maternidad con sus parejas.
Sánchez pretende también desbloquear cuanto antes los 200 millones para combatir la violencia de género pactados por los partidos firmantes del Pacto de Estado sobre la cuestión. La primera proposición registrada por su partido ha sido una propuesta para modificar la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el propósito de mejorar la formación de los jueces en materia de igualdad.
6. Sanidad
La sanidad volverá a ser universal y gratuita para todos, independientemente del lugar de nacimiento de cada paciente. Decenas de miles de personas, la mayoría inmigrantes sin documentos en regla, volverán al sistema público de asistencia sanitaria del que fueron expulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Sánchez asegura tener los votos suficientes para que el Congreso de los Diputados refrende su decisión después del verano. El cambio en el sistema deberá coordinarse con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de sanidad. La encargada de poner en marcha el plan es la nueva ministra del ramo, Carmen Montón, que ya restableció la sanidad universal como consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
La exclusión de los inmigrantes sin papeles del sistema público de salud (exceptuando mujeres embarazadas, niños y casos urgentes) fue decretada por el Partido Popular en plena crisis, siendo ministra de Sanidad Ana Mato. El objetivo era ahorrar unos 1.000 millones de euros anuales, pero el Gobierno nunca dijo oficialmente si se había cumplido. La mayoría de las comunidades autónomas fueron, poco a poco, anulando los efectos de la prohibición y han venido prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles en los últimos años.
Sánchez también tiene intención de acabar con el copago farmacéutico, aunque esta medida tendrá que esperar. El Gobierno aún no ha calculado cuánto costará la medida y no empezará a trabajar en ello hasta que entre en vigor la asistencia sanitaria universal. El presidente explicó que se están revisando las cuentas públicas heredadas del PP para ver con qué recursos puede disponer antes de desarrollar su plan, que beneficiará principalmente a los pensionistas. El copago farmacéutico fue aprobado por el PP en 2012, nada más llegar al poder. Según diversos estudios, la medida no ha conseguido reducir el consumo excesivo de medicamentos y ha incrementado las desigualdades entre los ciudadanos.
7. Infraestructuras
Una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno es el fin de las concesiones de los tramos de autopista de peaje que expiren de aquí al final de la legislatura para incorporarlos a la red pública de carreteras. Hablamos de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (94 kilómetros) y la AP-7 entre Alicante y Tarragona (373 kilómetros).
Bien recibida por los conductores, los transportistas y los gobiernos locales, la medida no estará exenta de costes para los ciudadanos, pues mantener los tramos que estarán libres de peajes requerirá entre 27 y 38 millones de euros al año. Como reconoció el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no hay carreteras gratuitas: o las pagan los usuarios o las pagan los contribuyentes. La patronal del sector, Seopan, calcula que el Estado perderá 450 millones de euros anuales entre los gastos de mantenimiento y lo que dejará de ingresar en concepto de impuestos.
La reforma de la financiación autonómica será lenta
También deberá esperar el fin del copago farmacéutico
Está en marcha una auditoría sobre el rescate de autopistas
El Gobierno ha renunciado a nacionalizar las autopistas y seguir cobrando peaje por su uso, opción elegida por el Ejecutivo anterior tras rescatar con dinero público las autopistas construidas durante los primeros años del siglo, la mayoría radiales de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasará con esos rescates? El Gobierno de Sánchez aún no ha tomado una decisión, a la espera de una auditoría del plan puesto en marcha por el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que preveía volver a privatizar las nueve autopistas quebradas mediante concurso después del verano.
Hay discrepancias sobre las cifras. Mientras que el Ejecutivo del PP calculaba ingresar 1.000 millones de euros con la relicitación de las vías para pagar 1.800 millones de indemnización a las concesionarias quebradas en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, el nuevo ministro de Fomento reduce los ingresos previstos a 700 millones y eleva la indemnización por encima de los 2.000 millones.
