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Por qué las multinacionales (casi) no pagan al fisco

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Septiembre 2013 / 6

Crisis fiscal. En ningún otro país del mundo la aportación de las empresas a Hacienda ha caído tanto como en España. Este es el origen del agujero.

La diferencia entre elusión y evasión no es solo de dos letras, sino en realidad de dos mundos: el que separa al empresario o directivo agasajado en palcos y tribunas respetables de quien se ve señalado de pronto como un delincuente que puede acabar con sus huesos en la cárcel. 

La línea es a veces muy fina.

El experto en elusión fiscal exprime todos los instrumentos legales para reducir sensiblemente sus impuestos, incluidas herramientas dudosas que suelen conducir a paraísos fiscales. El evasor oculta directamente al fisco sus beneficios, que a menudo acaban también en paraísos fiscales.

España se ha convertido con la crisis en líder mundial de ambos tipos.

La recaudación del impuesto de sociedades, el que grava los beneficios de las empresas, se ha desplomado el 51% desde el inicio de la crisis, sobre todo porque los grandes grupos han reducido su aportación al fisco hasta porcentajes irrisorios (el 3,5% en 2011) aprovechando todos los resquicios de la elusión u optimización.

La última estimación de Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorros, sobre economía sumergida —actividad que se evade del fisco—, de 2011, la equiparó al 24% del producto interior bruto (PIB). Es el porcentaje más alto desde que esta fundación tiene registro, en 1980, año en que la estimaba en torno al 12%.

Las consecuencias de este doble y simultáneo liderazgo español es un agujero fiscal extraordinario que ha puesto el Estado de bienestar contra las cuerdas, no porque se haya gastado mucho, sino porque de repente la recaudación se ha hundido con una intensidad sin parangón en ningún otro país de la UE ni de la OCDE.

“El problema del déficit en España no tiene nada que ver con el gasto social, que está por debajo de la media europea, sino con que los ingresos se han derrumbado”, explica Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.  Y añade: “El sistema fiscal español necesita una reforma urgente porque es incapaz de generar recursos y tiene montones de agujeros que favorecen el fraude”.

Antes de la crisis, en 2007, España recaudaba en impuestos el equivalente al 37% de su PIB, un porcentaje cercano a la media de la UE. Pero en 2011 este porcentaje había caído al 31%, lo cual deja a España ocho puntos por debajo de la media y en la cola de la UE: en el puesto 20 sobre 27 en recaudación en relación con la riqueza nacional. Todos los países han sufrido la crisis, pero ninguno ha tenido una caída en los ingresos tan aguda como España.

El hundimiento de la recaudación no ha sido, sin embargo, uniforme: se ha concentrado de forma muy significativa en el impuesto de sociedades, el que las empresas pagan sobre los beneficios que declaran.

La comparación entre la evolución del IRPF, el impuesto que grava sobre todo a los trabajadores, y el de sociedades es rotunda. 

El IRPF pasó de aportar 72.614 millones a las arcas del Estado en 2007 a 70.618 en 2012. Es decir, el impuesto que en un 85% se nutre de lo que pagan los trabajadores, cayó apenas el 2,7% pese a que en el mismo período el paro se triplicó y la renta familiar sobre el conjunto del PIB cayó por debajo del 50%.

En el mismo período, el impuesto de sociedades se ha desplomado el 52,1%: ha pasado de 44.823 a 21.435 millones de recaudación (véase el gráfico en la página siguiente).

En 2007, el IRPF suponía el 36,1% de la recaudación de impuestos del Estado, mientras que hoy, tras la subida de tipos decretada por el Gobierno del PP, representa el 41,8%. En cambio, la aportación de las empresas ha pasado del 22,3% del total al 12,7%.

El 70% de la caída de la recaudación en España procede, pues, del hundimiento del impuesto de sociedades. “El esfuerzo fiscal que sostiene la Hacienda pública española lo llevan a cabo los contribuyentes con rentas medias”, corrobora Miguel Ángel Mayo, de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda.

Los datos de la OCDE refuerzan la singularidad de la crisis fiscal española: la recaudación que las empresas pagan sobre sus beneficios en ningún otro país del club que agrupa a las naciones ricas se ha desplomado con una intensidad semejante, pese a que la crisis les ha golpeado a todos.

En su reciente informe Adressing base erosion and profit shifting, centrado en cómo las grandes multinacionales eluden el pago de impuestos, la OCDE ofrece datos sobre 32 de los 34 países que integran la organización.

En España, estos ingresos suponían en 2007 el 4,7% del PIB, porcentaje que en 2011 cayó al 1,8%. El desplome con esta variable —que tiene en cuenta también la evolución del PIB y no solo los ingresos totales— es de casi el 62% en apenas cuatro años, mientras que la media de la OCDE es del 23,6%. Solo otro país (Hungría) supera una caída del 50%.

“El fraude en el impuesto de sociedades en España es terriblemente grande, lo cual supone una discriminación brutal para los trabajadores”, subraya Zubiri.

Si no es evasión, la norma vigente deja un gran campo abierto para la elusión a través de generosas deducciones, desgravaciones o técnicas contables, propulsadas por la reforma del impuesto que el PSOE hizo en 2007. 

En teoría, el tipo impositivo que las empresas pagan sobre los beneficios en España es del 30% (el 25% para las pymes). Sin embargo, el porcentaje real va cayendo a medida que se le van aplicando las deducciones y los trucos contables legales a los que tienen acceso las empresas, pero no los trabajadores. En la práctica, el tipo real que pagan las empresas sobre los beneficios acaba situándose en apenas el 11%, un porcentaje incluso por debajo del 12,5% que aplica Irlanda, considerado antesala del paraíso fiscal.

Diferencias entre empresas

No todas las empresas tienen la capacidad técnica para sacar el jugo a los beneficios que les ofrece la norma: en realidad, son los grandes grupos —que cuentan con  filiales y negocios repartidos por todo el planeta y el asesoramiento de las grandes consultoras especializadas en elusión u optimización— los que han logrado reducir su factura al fisco hasta cifras irrisorias.

Los datos de la Agencia Tributaria permiten distinguir entre grupos consolidados y el resto de empresas. Los grupos tienen mucho margen porque pueden consolidar sus cuentas de forma global y hacer interactuar pérdidas y beneficios de sus distintas filiales, a menudo en el extranjero. Aunque no todos los grupos son necesariamente multinacionales, suele haber una alta relación de ellos.

La diferencia en el pago de impuestos entre grupos y el resto de empresas es muy importante. Las compañías independientes han pasado de abonar un tipo efectivo sobre beneficio contable del 22,6% en 2007 al 16,7% en 2011. En cambio, en los grupos consolidados el tipo real que pagan ha pasado, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, del 9,9% de 2007 a apenas el 3,5% de 2011, el último ejercicio registrado.  Muy lejos, pues, del tipo oficial del 30% sobre beneficios que en teoría abonan las grandes empresas. 

En realidad, cuantos más beneficios tienen, menor es el impuesto en la práctica. Los grupos pagaron este 3,5% sobre un resultado contable positivo de 85.940 millones de euros en 2011, y el resto de empresas con beneficios pagaron un tipo medio del 16,7% sobre unas ganancias conjuntas de 50.199 millones. Solo el 2,8% de las sociedades inscritas pertenecen a grupos, que sumaron el 63,9% de los beneficios empresariales de 2011.

“Ajustes en el resultado y deducciones en la cuota configuran una práctica confusa de ingeniería fiscal de la que se aprovechan fundamentalmente las grandes empresas, con el visto bueno, la pasividad e incluso la complicidad de los gobiernos”, sostiene el economista Manuel Lago, autor del informe El impuesto de sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española, editado por la Fundación 1.º de Mayo, de Comisiones Obreras.

Las sucesivas reformas de Cristóbal Montoro –la última, antes de verano- han eliminado algunas de las enormes posibilidades concedidas a las empresas por el PSOE, como la libertad de amortización y las deducciones sin límites aquí de las pérdidas fuera.

Como consecuencia de ello, la recaudación del Impuesto de Sociedades volvió a crecer en 2012 después de encadenar desplome tras desplome y a pesar de que los beneficios empresariales siguieron cayendo en relación a 2011.

Pero queda un largo camino aún para acabar con la doble singularidad española de la evasión y la elusión.

El economista Lago ha calculado el coste de la elusión fiscal en la crisis: si el tipo real que pagan las empresas hubiera sido del 28,5%, cerca del 30% que en teoría abonan, el Estado habría contado entre 2007 y 2011 con 141.000 millones adicionales.

Y según Gestha, la economía sumergida le cuesta a España 88.000 millones de euros al año que el fisco deja de recaudar por la evasión fiscal.

Con una mínima parte de estos ingresos evaporados por la elusión y la evasión, la crisis del Estado del bienestar en España se vería ciertamente de otra manera.

 

DEBATE INTERNACIONAL

La OCDE pide nuevas reglas

En España no ha emergido el vibrante debate sobre el pago de impuestos de las multinacionales que sí sacude en cambio a países como Reino Unido y EEUU y que ha tenido ya efectos recaudatorios: Starbucks, por ejemplo, abonó seis millones de euros al fisco británico correspondientes a 2012 a pesar de que sus técnicas de ingeniería fiscal le permitían año tras año no pagar ni un penique. Pero consideró que el coste para su imagen era letal si no pagaba.

Gigantes como Apple, Vodafone, Google o Starbucks apenas pagan impuestos gracias a su compleja estructura tributaria, que saca todo el jugo posible de la globalización para que los beneficios acaben tributando no donde generan los beneficios, sino en paraísos fiscales con el tipo al 0%.

Entre las múltiples técnicas para lograrlo destaca lo que se conoce como “precio de transferencia”, vinculado sobre todo a las patentes. Un ejemplo: la multinacional crea una empresa en un paraíso fiscal que luego emite a todas las filiales de la empresa repartidas por el mundo elevadas facturas en concepto de uso de patentes. De esta forma, las filiales nunca obtienen beneficios en los lugares donde sí tributarían y el dinero va concentrándose en las arcas de la empresa ubicada en el paraíso fiscal que cobra a las filiales por la patente.

La situación se ha vuelto tan escandalosa que los países del G-20 han encargado a la OCDE una guía para reducir la intensidad del fenómeno. Una de las medidas más reclamadas es la obligación de divulgar la contabilidad real país por país -antes de que entren en funcionamiento los “precios de transferencia”- y  se tribute en función de ello.