Francia: La política del tijeretazo
Recortes: Para reducir el déficit, el Gobierno francés apuesta sobre todo por disminuir el gasto público. En el punto de mira: los funcionarios y el gasto social.
Bruno Le Maire, ministro de Economía francés, quiere bajar más el gasto público. FOTO: EUROPEAN UNION
Durante la campaña presidencial, Emmanuel Macron se comprometió a reducir el gasto público en 60.000 millones de euros anuales y a suprimir 120.000 empleos públicos, 50.000 de los cuales a nivel estatal. Una vez en el poder, el nuevo presidente se puso manos a la obra a partir de 2018, y prevé apretar el acelerador en 2019 y 2020. En el tema del gasto público incluso ha programado ir más lejos, puesto que quiere disminuirlo (dejando a un lado los créditos fiscales) del 55,1% del PIB en 2017 al 51,8% en 2022, lo que supone una reducción de 80.000 millones de euros. Desde otoño de 2017, el comité Action Publique 2022, compuesto por 23 personalidades, ha trabajado sobre este escenario. El pasado mes de junio remitió sus 22 propuestas al Gobierno, pero el informe no se ha hecho público por miedo a provocar un terremoto1 . Recortar el gasto público es, sin duda, un tema polémico, pero ¿realmente merece la pena?
UN NIVEL ELEVADO
Con un 56,5% del PIB en 2017, Francia es el país en el que el gasto público es más elevado. Sin embargo, hace mucho uso de los créditos fiscales, como el Crédito de Impuesto Competitividad (Cice)2 , el Crédito Fiscal Investigación (Cir) y el Crédito Fiscal Transición Energética (Cite)… y esos créditos se contabilizan como impuestos recaudados de hecho a los que siguen los correspondientes gastos públicos, cuando, en realidad, se trata de impuestos no percibidos. El año pasado representaron 32.000 millones de euros, 1,4 puntos del PIB; habría, pues, que deducirlos del 56,5% de gasto público contabilizado oficialmente por Eurostat. Incluso hecha esa corrección, el gasto francés sigue siendo el más elevado, justo por delante de los países escandinavos de Bélgica y de Austria. Pero ello no constituye necesariamente un problema.
Ante todo, hay una gran confusión al respecto: el hecho de que el gasto público represente un 55% del PIB no quiere decir en absoluto que solo quede un 45% de riqueza para alimentar a la esfera privada. Si así fuera, habría que alarmarse por la excesiva burocratización de la vida económica francesa. En realidad, ese 55% de gasto público corresponde fundamentalmente al dinero recaudado en forma de impuestos o de cotizaciones sociales para ser redistribuido a actores privados, hogares o empresas, con el fin de que puedan llevar a cabo sus negocios privados en mejores condiciones. Evidentemente, aquellos a los que se ha retenido ese dinero no son siempre los mismos que los que reciben después el dinero público, pero esos flujos no agotan la economía mercantil.
En 2017, el funcionamiento del aparato del Estado —Estado central, colectividades locales, Seguridad Social— solo ha movilizado el 17,5% del PIB, del cual 12,7 puntos en forma de costes de personal —incluidas las pensiones de los funcionarios jubilados— y 4,9 puntos de consumos intermedios, que reagrupan la electricidad, la calefacción, el papel, el teléfono… todos los bienes y servicios que hay que comprar para que funcionen los servicios públicos. Además, este coste de funcionamiento del aparato del Estado es estable desde comienzos de la década de 1980.
FRANCIA NO ESTÁ ADMINISTRADA EN EXCESO
Si nos centramos únicamente en el gasto de personal destinado a los actuales empleados de los servicios públicos, sus salarios brutos representaron en 2017 8,4 puntos del PIB, un punto menos que hace 20 años. Dejando aparte la función pública hospitalaria, Francia gasta menos hoy en pagar a los empleados del Estado y a las colectividades locales (6,4 puntos del PIB) que en 1952 (6,6 puntos del PIB)… Pese a que el gasto en personal de las colectividades locales ha pasado de 0,8 puntos del PIB a 2,5 puntos, el del Estado central ha bajado más, de 5,9 puntos del PIB en 1952 a 3,8 puntos en 2017. Esta disminución ha sido ininterrumpida desde mediados de la década de1990.
Francia tenía en 2016, último año del que hay datos, 5.670.000 empleados en el sector público, de los que 4.150.000 eran funcionarios. El pasado diciembre, France Strategie, organismo que depende del primer ministro, hizo una comparación internacional del número de funcionarios. Con 86 empleos públicos por 1.000 habitantes, en 2015, Francia estaba entre los primeros de la lista, pero muy lejos de los países nórdicos ,que con tanta frecuencia se ponen como ejemplo: en todos ellos se superan los 100 empleos públicos por 1.000 habitantes. Asimismo, el índice de empleo público francés es muy próximo al del Reino Unido, a pesar de los drásticos recortes llevados a cabo por los conservadores británicos, e inferior al índice canadiense. Este indicador también ha permanecido estable desde hace 30 años.
En 2016, el sector público francés tenía 5,6 millones de empleos
Macron tendrá problemas para poder cumplir su promesa
Nada indica, pues, una deriva del número de empleados, así como de su coste, en el sector público francés en los últimos decenios. Por el contrario, en el seno del Estado central, la fuerte disminución del gasto traduce, más allá de las transferencias de competencias a favor de las colectividades locales, el hecho de que, en muchos ámbitos, como la justicia, la seguridad pública y la educación, los esfuerzos de ahorro llevados a cabo son ya muy importantes. De ahí la gran dificultad que tiene Emmanuel Macron para cumplir su promesa de suprimir 500.000 puestos a nivel estatal. Lo que le lleva a amputar un sector como la educación, que, sin embargo, había declarado prioritario. En cuanto a las colectividades locales, que supuestamente van a soportar la mayoría del esfuerzo exigido por el jefe de Estado, el empleo disminuyó ya por primera vez en 2016. Las estrictas líneas directrices impuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas y la masiva supresión de los empleos subvencionados deberían prolongar esta tendencia.
Aunque no se puede decir que Francia esté en exceso administrada, sería, sin embargo, indispensable mejorar la eficacia de la acción pública en muchos ámbitos y adaptar las estructuras del sector público a la realidad de una sociedad que ha cambiado en profundidad. Pero para tener éxito en tal mutación hay que lograr la cooperación de los asalariados del sector público… y con unos salarios bloqueados y un considerable número de puestos de trabajo suprimidos, no va a ser fácil movilizarlos.
RECORTE DE LOS GASTOS SOCIALES
Más que el tamaño de su sector público, lo específico de Francia en lo que al gasto público se refiere es la amplitud de los gastos sociales. Y, en primer lugar, el gasto en pensiones de jubilación con una diferencia de 3,5 puntos del PIB respecto a la media europea. De ahí la decisión de Macron de recortar el poder adquisitivo de los jubilados con un aumento no compensado de 1,7 puntos de la Contribución Social Generalizada (CSG)3 a comienzos de 2018. A esto se añade ahora una limitación de la revalorización de las pensiones del 0,3% en 2019 y 2020 a pesar de la inflación del 1,7% prevista para 2019. Es decir, junto con la desindexación de las prestaciones familiares, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares será el año que viene de 3.000 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Francés de las Coyunturas Económicas (OFCE). El pequeño gesto hacia los 300.000 jubilados que serán exonerados de el aumento de la CSG en 2019, y que supondrá 300 millones de euros, está lejos de compensar este importante recorte. Igualmente, la disminución de las subvenciones personalizadas para la vivienda (APL, en sus siglas en francés), que constituyen una de las principales entradas estables de los hogares más precarios, va a amputar de nuevo en 2019 el poder adquisitivo de los hogares por un valor de 1.200 millones de euros. El presidente también ha pedido a los agentes sociales que ahorren de 1.000 a 1.300 millones de euros anuales del dinero dedicado a los parados.
DATOS
86
Era el número de empleos públicos por habitante en Francia en 2015, frente a más de 100 en los países nórdicos.
Aunque también es cierto que, paralelamente, el Gobierno acaba de anunciar con gran pompa un plan contra la pobreza dotado con 2.000 millones de euros anuales, de los cuales, 1.000 millones en forma de un aumento de la prima de actividad que se da a los trabajadores pobres. La prestación a los adultos discapacitados y el mínimo de vejez también se aumentarán en un total de 700 millones de euros. Este plan incluye disposiciones interesantes respecto a la acogida de la primera infancia o el apoyo a la inserción a través de la actividad económica. Pero no bastará para compensar el empeoramiento de la situación de los más precarios como resultado de la bajada de la APL, de las indemnizaciones por paro o de la supresión de los empleos subvencionados. Parece, en efecto, difícil imaginar que se pueda disminuir sensiblemente el gasto social, como quiere hacer el Gobierno, sin aumentar paralelamente la pobreza y la desigualdad, especialmente las desigualdades territoriales. Y también hay que temer que esa voluntad de reducir el déficit público limitando prioritariamente los gastos sociales tenga un efecto negativo sobre la actividad económica. Pues recorta el poder adquisitivo de los que tienen mayor propensión a consumir.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
La pesadilla del Estado 2.0
El digital es uno de los ejes sobre el que pone el acento el informe del Comité Francés de Acción Pública 2022 con el objetivo de ahorrar gastos y empleos. Parte de la base de que el Estado debe también sacar provecho de los aumentos de productividad que permite la digitalización. Sin embargo, cabe poner en duda la obsesión por la reducción de efectivos que acompaña este proceso, en la medida, al fin y al cabo, que ello pueda conducir a un deterioro del servicio que se ofrece al conjunto de la ciudadanía.
La Administración tributaria o gestión de los impuestos ha sido uno de los procesos que más ha contribuido a la disminución de efectivos de la función pública que se ha producido a lo largo de los últimos años en Francia. Hablamos de cerca de 2.000 puestos de trabajo por año menos desde 2009, reducción que ha tenido lugar en paralelo a la digitalización de toda la cadena del tratamiento fiscal. En el futuro, esta gestión continuará siendo muy demandada, de modo que la disminución de efectivos incluso tiene visos de acelerarse. Sin embargo, uno se puede preguntar por qué una gran parte del personal del que se ha prescindido no ha sido asignado a fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal.
Estanterías llenas en un supermercado de París. FOTO: 123rf
Por otra parte, la capacidad del Estado de llevar a buen puerto proyectos digitales ambiciosos está por probar tras los fiascos vividos en la informatización de las nóminas en Defensa y Educación.
Por lo que respecta a la digitalización de los permisos de conducción y de las tarjetas grises, por ahora se puede hablar de catástrofe, debido a los retrasos de varios meses producidos en la entrega de documentos.
El otro reverso de la moneda es qué ocurre con las posibilidades de interacción humana entre el Estado y los usuarios de los servicios públicos, no sólo cara a cara sino incluso por teléfono. Lo cierto es que cada vez se han vuelto menos frecuentes, circunstancia que desemboca en situaciones kafkianas en el momento en el que se da un caso particular no previsto por el software. Esta tendencia agrava, además, muchas de las desigualdades que resultan de la fractura digital, tanto entre las capas sociales con menores recursos como entre las personas de mayor edad.
A menudo acaban siendo los voluntarios de asociaciones, los trabajadores sociales o los agentes de las corporaciones locales quienes se ven obligados a suplir las carencias del Estado 2.0, en detrimento de otras actividades. La digitalización de las reservas de hora para extranjeros en las prefecturas y también en el caso de las gestiones vinculadas a la gestión de dosieres relacionoados con la gestión de registros de jubilación provocan graves dificultades.
1. Pese a ello, el informe «CAP 22» se ha filtrado y se puede consultar en: solidaires.org/IMG/pdf/rapport_cap22.pdf
2.El Cice es una ventaja fiscal para las empresas que empleen asalariados y que equivale a una bajada de sus cotizaciones sociales. El CIR es una medida de incentivos fiscales para la investigación y la innovación destinada a las empresas y que reduce sus costos de operaciones de investigación y desarrollo. El Cite es una reducción fiscal sobre el IRPF para las personas que hayan realizado obras de ahorro energético en su vivienda principal. [N. de A.E.]
3. La CGS es un equivalente al IRPF español [N. de A.E.].
