Las Administraciones públicas tienen que dar ejemplo, también en materia de eficiencia energética y de edificación sostenible, así que se les debe pedir una actitud proactiva. En el caso de los edificios del sector público, la directiva europea sobre rendimiento energético (2010) obliga a que su consumo energético sea “casi nulo” a partir de 2018, es decir, que ya debería ser siempre así.