Italia: quitar a los pobres para dar a los ricos

El SMS le dejó anonadado. “Sentí como si me hubiera muerto”, proclama un padre de familia pobre del barrio de Scampia, en el extrarradio de Nápoles. Forma parte de la primera oleada de personas que recibió un mensaje de texto del Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni que les anunciaba la supresión de la renta de ciudadanía, el equivalente italiano al ingreso mínimo vital español (IMV). Ocurrió el pasado 23 de julio.

Una semana más tarde, él, su mujer, que está enferma, y sus dos hijos mayores, a su cargo, se encontraron sin ningún ingreso. Ahora depende de la solidaridad del barrio para sobrevivir, además de los trabajillos que le salen.

La supresión del subsidio se ha generalizado después y, desde el 1 de enero, el 1,2 millones de beneficiarios ya no percibe ni un euro del reddito de cittadinanza.

“Su supresión tiene un único objetivo: que los más pobres no tengan más remedio que aceptar cualquier empleo y con cualquier salario”, señala la socióloga Enrica Morlicchio, profesora en la Universidad de Nápoles Federico II, especialista en temas de pobreza. Hay que tener en cuenta que en Italia no hay salario mínimo.

“Según el enfoque neoliberal clásico, el trabajo está considerado una opción del individuo. Si uno es pobre, se lo merece porque significa que no quiere trabajar”, abunda Michele Raitano, director del departamento de Economía y Derecho en la Universidad de Roma La Sapienza. Es un punto de vista también seguido en Francia por el Gobierno de Emmanuel Macron, que ha vinculado recientemente la percepción del RSA (Revenu de Solidarité Active, equivalente al IMV) al número de horas de actividad.

Disciplinar a los pobres del sur

Meloni, dirigente del partido neofascista Fratelli d’Italia, esgrime el argumento presupuestario para justificar esta caza a los pobres. Pero dicho argumento “no se mantiene”, prosigue Michele Raitano. “El ahorro de 3.000 millones de euros que supone la supresión de la prestación (cuyo coste total era de 8.000 millones) y su sustitución por la más restrictiva prestación de inclusión significa únicamente el 0,2% del PIB italiano”.

“Además del hecho de que los pobres marginalizados no acuden mucho a las urnas, la mala reputación del reddito de cittadinanza ha jugado en su contra desde su creación”, concluye Raitano. Han circulado muchas informaciones relativas a supuestos fraudes, cuando en realidad afectaban solo a unas cuantas personas.

“El objetivo no es el ahorro, sino disciplinar a los pobres, especialmente a los del sur del país”, añade Enrica Morlicchio. El sur, y especialmente Nápoles, era el que más dependía de ese salvavidas, con 350.000 beneficiarios entre tres millones de personas. El mismo número de beneficiarios que las tres ricas regiones del Norte (Piamonte, Lombardía y Venecia), con 20 millones de habitantes.

Durante la pandemia, la renta mínima evitó que un millón de personas cayeran bajo el umbral de la pobreza absoluta. No es de extrañar, pues, que el anuncio haya tenido el efecto de un terremoto en la tercera ciudad más grande de Italia, sobre todo, si se tiene en cuenta que las familias tienen, además, que hacer frente a la inflación. “Antes, el aceite de oliva costaba cuatro euros, ahora, ocho euros. El paquete de azúcar estaba a un euro; hoy a 1,80”, se lamenta Anna Galasso, habitante de los Barrios Españoles de Nápoles. En uno de ellos, denominado El Damero, “desde este verano, casi todos los días acude gente nueva a que les den de comer”, dice apenado Giuliano Fucci, responsable de la distribución de alimentos de Cáritas en la parroquia de Santi Francesco e Matteo. El número de beneficiarios del reparto de alimentos ha aumentado el 25% desde agosto.

Vuelta del trabajo ilegal

Los observadores temen también que la supresión de la prestación lleve a los italianos a volver al trabajo en negro, que representa el 18,7% de la actividad económica en la región de Campania (cuya capital es Nápoles) y el 12% a escala nacional. Esto equivale a un lucro cesante de 100.000 millones de euros en el caso de los ingresos públicos italianos, es decir, al 5% del PIB.

“Desde una perspectiva neoliberal, se podría esgrimir que el trabajador elije trabajar en negro, pero, de hecho, no luchar contra el trabajo informal es un regalo que se hace a la empresa”, indica Michele Raitano.

“Se pueden ganar 20 o 25 euros diarios por una cantidad enorme de horas de trabajo”, atestigua Anna Galasso, quien durante mucho tiempo ha limpiado los hoteles de Nápoles sin estar nunca declarada. Otra madre de familia de Scampia ha trabajado en negro por 480 euros al mes como cajera de un supermercado de la cadena italiana Conad en un barrio rico.

“Al suprimir esta renta, enviamos a esas personas al trabajo ilegal”, asegura el alcalde de Scampia, Nicola Nardela (del Movimiento 5 Estrellas), que teme que se esté creando una auténtica “bomba social” y subraya: “Desde el verano, han vuelto a aparecer puntos de venta de droga en el barrio”. Todos los actores sobre el terreno con los que nos hemos entrevistado están, en efecto, alarmados por el aumento de la microcriminalidad, que se había extinguido en los últimos años.

La situación es “muy inquietante” en un país en el que “la cohesión social es ya débil”, estima Michele Raitano, quien no duda en calificar la política de Meloni de “Robin de los bosques al revés. La dirigente ha acabado con la lógica de progresividad del impuesto”, explica.

La presidenta del Consejo de Ministros aumentó el año pasado el techo de la flat tax, es decir, del impuesto sobre la renta a un tipo único del 15%, de 65.000 a 85.000 euros. La medida beneficia, sobre todo, a las profesiones liberales, a los artesanos y a las clase medias acomodadas, que constituyen la base de su electorado.