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Glamur 'tech' y trabajo sin derechos

El Mobile Social Congress denuncia las condiciones laborales en la cadena de suministros de la electrónica y la minería

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Abril 2023 / 112
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Protestas Mobile Congress

Fotografía
Aleix Auber

Detrás de las tecnologías punteras, a menudo, se esconden trabajos invisibles realizados en pésimas condiciones laborales en países remotos. El caso más reciente que ha salido a la luz tiene que ver con el generador de textos programados por inteligencia artificial ChatGPT: para que este pueda estar sorprendiéndonos con sus respuestas, la empresa OpenAI necesitó que personas trabajadoras en Kenia se expusieran durante largas jornadas a contenidos con lesiones, violaciones, asesinatos o maltrato animal... a un precio de menos de dos dólares por hora. Había que categorizar y filtrar el material tóxico. Una de las personas que se encargó de hacerlo definió la tarea como "una tortura", según la investigación realizada por la revista Time. 

Esta otra cara del glamur de los artilugios, virtuales o tangibles, que nos hacen la vida más cómoda, conecta directamente con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas y que hay que conseguir en 2030: el trabajo decente y, en especial, la erradicación del trabajo forzoso y la llamada "esclavitud moderna". 

El último informe al respecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Forced Labour and Forced Marriage, aporta datos de 2021: la "esclavitud moderna" ligada al trabajo forzoso la sufren 22 millones de personas. Cinco años atrás, en 2016, se habían contabilizado 15 millones de casos, lo que refleja los estragos de la pandemia. La incidencia, que se traduce en 3,5 casos por cada 1.000 personas, es mayor entre mujeres y niñas. El 55% de casos se localizan en el área Asia-Pacífico.

La explotación laboral que implica la "esclavitud moderna" en el trabajo toma distintas formas de coerción. La más común de ellas consiste, según la OIT, en "la retención sistemática y deliberada de salarios, utilizada por empleadores abusivos para obligar a los trabajadores a permanecer en un empleo por temor a perder los ingresos acumulados". En más de la mitad de los casos, se obliga a realizar horas extras excesivas, tareas bajo demanda o más horas de las inicialmente acordadas. 

 

Morir por defender derechos

La persecución de sindicalistas que intentan promover derechos laborales es otra de las realidades, como ha sucedido en países como Costa de Marfil y Filipinas. Se han dado casos incluso de asesinato. Dandy Miguel, presidente de la sindicato de Fuji Electric, recibió ocho disparos el 21 de marzo de 2021 tras denunciar las ejecuciones extrajudiciales de nueve activistas sindicales y de ONG ante la Comisión de Derechos Humanos.

"Uno de los principales problemas que sufrimos es la falta de un día de descanso, lo que, de alguna manera, puede ser considerado trabajo forzoso, ya que los trabajadores son objeto de acciones disciplinarias si se niegan a trabajar en su día de fiesta", explica desde Filipinas por correo electrónico Kamz Deligente, representante del Center of Trade Union and Human Rights (CTUHR). La activista informa: "El horario habitual en la electrónica es de 12 horas al día, sin apenas tiempo suficiente para el descanso o para ver a la familia".

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Protesta trabajadoras filipinas
Protesta en Filipinas en defensa de los derechos laborales. Foto: Nexperia Workers Union

Peso económico del sector

La realidad laboral que se vive en la electrónica y el sector de los semiconductores importa especialmente porque atraen inversiones numerosas y tienen un peso relevante en algunas economías. En Filipinas, por ejemplo, supone el 64,3% de las exportaciones nacionales, que en 2021 totalizaron 45.920 millones de dólares. La industria emplea a 3,2 millones de trabajadores, el 60% de los cuales son mujeres. Según la Fundación IBON, las necesidades mínimas de una familia son de 21 dólares por día, mientras que el salario mínimo en la capital y sus alrededores se sitúa en 10,4 dólares, y fuera de ella se queda en los 6,4 dólares diarios.

Los salarios insuficientes se suman, según enfatiza Kamz Deligente, al hecho de que el 30% del sector esté fuera del empleo regular, y al de que abunden los empleos inestables sin derecho a protección social. El fin de un contrato como herramienta disciplinaria cuando un trabajador se ausenta debido a fatiga por exceso de trabajo o si intenta organizar un sindicato está a la orden del día. Otra consiste en mantener el salario mínimo en la misma empresa durante más de 10 años.
 

Kam Deligente participó en el VIII Mobile Social Congress por un modelo electrónico justo, que en marzo se celebró en Barcelona paralelo al Mobile World Congress, junto con otros representantes del sector y de industrias extractivas como la minería de tierras raras requeridas por la transición energética, con representantes de países como Tailandia y Bolivia. 

"La innovación tecnológica tiene una base material. En el Mobile no se visualiza el papel de actores en fábricas, en minas y en zonas de tránsito, donde trabaja mucha más gente que en las grandes marcas. Queremos denunciar los impactos sociales y ambientales de las cadenas de suministro", señala Clàudia Bosch, responsable de la Campaña Electrónica Justa de Setem. 

Desde el Instituto para la Seguridad y la Salud Ocupacional (IOHSAD, en sus siglas en inglés), Nadia de Leon denunció las miles de lesiones en las manufacturas, por exposición a productos químicos sin equipos de protección. "Los trabajadores conocen los nombres de los productos químicos, pero no sus características ni sus posibles efectos para la salud y pasan, además, muchas horas realizando trabajos repetitivos", explica.

En Bolivia, los cooperativistas de las minas semiagotadas propiedad del Estado trabajan entre 10 y 14 horas al día sacando minerales —la legislación laboral marca ocho— durante seis días a la semana y sin protección como un seguro médico. "Se produce un ahorro de costes sociales del 30% y no hay autoridad laboral a la que acudir, ni tampoco planificación posible porque las minas son alquiladas", lamenta Jesús Alberto Rea Campos, del Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP).
 

"Enemiga del Estado"

"Detrás de los testimonios que consumimos hay personas y hay derechos a menudo pisoteados", subrayó la abogada defensora de los derechos humanos Czarina Musni. Ella misma ha vivido cómo reivindicarlos expone a ser señalada públicamente "como si fueras comunista, terrorista de izquierdas o enemigo del Estado por parte de militares y agencias del Gobierno".La presión se traduce en pintadas, caricaturas, panfletos, trolls en Internet y otras tretas que estigmatizan a abogados, sindicalistas, periodistas y estudiantes.

Una de las grandes batallas por los derechos laborales lo ha protagonizado en el sector el sindicato NXP en Tailandia, que tiene entre sus clientes a Bosch y Apple, según el minucioso relato de su representante Wallop Choojit.

Oren Goldberg, promotor de la aplicación Workit —que se presenta como una ayuda para los trabajadores que deseen unir fuerzas, y como complemento de la acción sindical— resume la sensación general: "Son las mismas historias en todo el mundo". Casi invisibles.