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Transformar la crisis en justicia social

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Noviembre 2020 / 85

Los científicos y los organismos internacionales no cesan de difundir informaciones cada vez más pesimistas sobre el impacto de la doble crisis sanitaria y económica. La segunda ola de la pandemia de  covid-19 ya está aquí, frustrando las expectativas de una rápida recuperación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha indicado que este año la economía española será la más castigada, con una reducción de la producción del 12,8% y un aumento del déficit y la deuda pública de hasta el 14,1% y  el 123% del PIB, respectivamente.

Al cierre de esta edición se han conocido los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que apuntan que el desempleo ha aumentado en más de medio millón de personas en los últimos 12 meses. Están en paro 3.722.900 trabajadores, el 15,8% de la población activa. La crisis es especialmente dramática para algunos sectores, como el turismo y el comercio, y las pequeñas empresas en general.

Las consecuencias se traducen en un aumento de la pobreza, que alcanza a personas que hasta ahora nunca se habían visto en esta situación. La ONG Oxfam Intermón estima que más de un millón de personas caerán en  la pobreza este año, elevando su número total hasta los 10 millones, el 23% de la población.

La acumulación de datos negativos no debería servir para hundirse en el pesimismo y la desesperación. La historia ofrece ejemplos de países que, a pesar de un retraso secular, como China, o tras haber sido devastados por la guerra, como Alemania, fueron capaces de superar las peores adversidades. 

Urge un pacto de unidad entre partidos políticos y territorios

Los acuerdos entre empresarios y sindicatos deberían servir de inspiración

El premio Nobel de Economía Amartya Sen, estudioso de la pobreza y las hambrunas, ha explicado cómo tras la Segunda Guerra Mundial prácticamente desapareció la desnutrición en Reino Unido, a pesar de que había menos alimentos que antes. La mejora de las condiciones de vida fue debida al sistema de racionamiento, lo que significó que muchos pobres, por primera vez en su vida, tuvieran asegurada la alimentación básica. Las medidas de sostén de los pobres se tradujeron en un aumento de la esperanza de vida de casi siete años durante la década de 1940. 

Recientemente, el profesor Sen expresó en Financial Times  su convencimiento de que de esta crisis “puede emerger una sociedad mejor” y aseguró: “la historia muestra que algunas crisis conducen a una mejor igualdad, acceso a la atención médica”.

Junto con la realidad indiscutiblemente negativa también hay acontecimientos para la esperanza. Por primera vez, España no está sola en una crisis de estas magnitudes. A diferencia de las políticas de austeridad impuestas en 2008, la Unión Europea ha apostado por la solidaridad. No es retórica. La Unión se endeudará para constituir varios fondos, con la garantía de sus Estados, para ayudar a los países más necesitados. El fondo de recuperación Next Generation UE, de 750.000 millones de euros, proporcionará a España 140.000 millones, de los que 72.000 millones serán a fondo perdido.

El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 un anticipo de 27.000 millones de euros de los fondos europeos, lo que le han permitido potenciar significativamente las políticas sociales. El proyecto de cuentas públicas del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos destinará un volumen histórico a inversiones públicas: 239.765 millones, el 10,3% más. 

Destacan políticas sociales como el reforzamiento del ingreso mínimo vital, creado en mayo, que constituye la primera red de protección de esta naturaleza en España. Más de 2 millones de personas se verán beneficiadas. También se aumentará el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), que sirve de referencia para las ayudas sociales y subvenciones a los desempleados, en un 5%, hasta 564,7 euros mensuales. Los recursos para sanidad y educación aumentarán el 75% y 70%, respectivamente. Los Presupuestos prevén también subidas de impuestos a los sueldos superiores a 300.000 euros, que afectarán a 16.740 personas y a las rentas de capital superiores a 200.000 euros (36.000 contribuyentes).

España se enfrenta a unos de los mayores retos de su historia. Pero no es un desafío imposible. Cuenta con un paraguas de protección europea sin precedentes, pero urge un pacto de unidad entre partidos políticos y territorios. Será imperdonable distraerse en lo no importante. Los acuerdos alcanzados entre empresarios y sindicatos deberían servir de inspiración.