“También las empresas públicas transgreden los derechos humanos”
Orencio Vázquez
Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
“También las empresas públicas transgreden los derechos humanos”
El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa lleva más de 17 años trabajando para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo. Orencio Vázquez, su responsable, explica en esta entrevista los avances, las dificultades y los retos a futuro.
Hubo un momento, hace años, en que se hablaba mucho de la RSC como una gran novedad. Ahora ya no se habla, o se cambia por reputación corporativa ¿Fue una moda?
La responsabilidad social entendida desde la empresa ha perseguido una mejora de la reputación: cómo estás impactando en la sociedad y cómo ese impacto influye en tu reputación. En muchas ocasiones se ha utilizado para encubrir esos impactos. Se le ha dado la vuelta al origen o a la naturaleza propia de la responsabilidad social. ¿Cómo ha evolucionado? Sigue estando en la estela de la reputación, pero ahora hay una mayor competencia entre las empresas, una mayor presión social y regulatoria. Hace 15 años no era un tema destacado para las empresas y los informes de sostenibilidad eran anecdóticos y de muy baja calidad, hoy la responsabilidad social está en un lugar destacado de cualquier web corporativa. Esa competencia entre empresas por demostrar o fingir ser la más sostenible, junto con ciertas presiones a nivel social y regulatorias, han provocado algún avance en la información que se espera que faciliten las empresas en relación a riesgos no financieros. Incluso los inversores, desde el punto de vista de gestión de riesgos, han comenzado a tomar en consideración la información no financiera, aquella que versa sobre cómo las empresas gestionan riesgos sociales y medioambientales.
En el Observatorio ya llevan 17 informes sobre la RSC en las empresas del IBEX 35, que siempre sacan bastante mala nota. Cuando ustedes les presentan este informe: ¿Qué les responden?
Hay de todo. Nosotros hablamos con puestos intermedios, es decir que no tienen gran capacidad de decisión dentro de la empresa. Hay personas que son sinceras, que reconocen que han avanzado hasta donde han podido. Otras nos dicen: “No estamos de acuerdo con la metodología, realmente los avances son mucho mayores de lo que vosotros decís, sois muy negativos, etc, etc”. Yo me quedo con la respuesta sincera: hasta aquí hemos podido avanzar, vamos poco a poco, esto es una lucha dentro de la empresa para que quien tiene la capacidad de decisión valore los temas sociales y medioambientales en la toma de decisiones.
Los que critican la RSC dicen que los compromisos no son vinculantes. Me he encontrado a una abogada de derechos humanos que me dijo: “No me hables ni de comercio justo ni de RSC porque no los entiendo. Esto es la ley. La cumplen o no la cumplen”.
El problema, y por eso surge la RSC, es que hoy se opera en un entorno internacional, con una producción deslocalizada y en muchos casos externalizada. La empresa matriz carece de todo tipo de responsabilidad jurídica sobre la actuación, y en su caso vulneración, de derechos por parte de las subcontratas. La externalización está muy extendida, no solo en terceros países también en España. Aquí hay muchas empresas que son subcontratas de subcontratas. Hay una serie de eslabones y unas condiciones muy precarias en las que la empresa matriz puede decir cualquier día “usted ya no trabaja aquí”.
El razonamiento de “se cumple o no se cumple la ley” en este caso es difuso por el no vínculo de responsabilidad jurídica sobre las acciones cometidas por un tercero que está produciendo desde Bangladesh para la empresa española, holandesa o canadiense. Por otro lado está la dificultad de aplicación de la Ley cuando una filial vulnera los derechos fundamentales en un tercer país con fuerte debilidad institucional (corrupción, sistemas frágiles…) A nivel internacional se está avanzando hacía un normativa que se adapte a este escenario. Actualmente hay trabajos interesantes en el seno de la Naciones Unidas y en la OIT.
Ha hablado usted de dos leyes recientes que cree muy importantes: Información no financiera en la UE, por un lado; y por parte de la OIT, canales de suministro. En el caso de la OIT, entiendo que el convenio tampoco es vinculante.
No lo es. Primero tiene que aprobarse el texto, luego ser aprobado por los gobiernos. Lo que sí es vinculante es la Directiva Comunitaria de Información No Financiera. Establece que las empresas deben incluir en sus informes de gestión un estado de información no financiera.
¿Es la la ley de 2018?
Efectivamente. Las empresas deben incluir una serie de aspectos relativos a cómo gestionan los riesgos en medioambiente, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, etc. Esta información debe estar formulada por todos los miembros del consejo de administración y por tanto tienen una responsabilidad sobre la veracidad y el contenido de la misma. Eso hará que muchas de estas personas que ocupan puestos en los consejos de administración se preocupen, más allá de la cuestión moral de cada uno, por temas muy prácticos: qué responsabilidad tengo si firmo este documento y su contenido no se ajusta a la Ley. Qué responsabilidad puedo tener si esa información no se ajusta a la realidad, frente a accionistas, inversores, etc. Creo que es un factor de oportunidad. Por otro lado, obliga a la empresa a retratarse.
Aunque la aprobación de la norma es muy reciente, de un primer análisis que hemos realizado en el Observatorio, extraemos como principal conclusión que la información es muy deficiente y no se ajusta al espíritu de la Ley. Hay que avanzar en un sistema adecuado de supervisión por parte del Estado.
¿Quién es? |
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| Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de suficiencia investigadora en el programa de Doctorado “Crecimiento y desarrollo sostenible”, es profesor de la UNED y coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Además, es consejero vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial. Y entre otras cosas ha formado parte del equipo de coordinación de Red Puentes Internacional y de la junta directiva de la European Coalition For Corporate Justice. Durante cinco años, ha sido asesor de dirección de Caja Rural de Jaén. |
Pero esto no deja de ser información. No les dicen que dejen de hacerlo.
La información tiene mucho poder y puede ser utilizada para promover cambios desde los consumidores, la sociedad civil, las administraciones o los inversores. En este último caso, desde una perspectiva de gestión del riesgo los inversores, por ejemplo con el cambio climático, deberían preocuparse cuando una empresa no tiene planes a futuro en torno a cómo les va a afectar el cambio climático.
Por supuesto, si yo soy un inversor no pongo mi dinero en una empresa que se puede hundir si no se adapta al cambio climático. No es lo mismo que decir hago la vista gorda porque en Pakistán hay una gente trabajando a 50 céntimos la hora. Yo no me entero porque ni siquiera es la empresa donde voy a invertir, sino una subcontrata de una subcontrata de de la empresa donde voy a invertir.
El cambio climático está en todas las agendas nacionales e internacionales y es seguro que pese a las resistencias y presiones existentes habrá cambios normativos. En la externalización, hay un tema de reputación y puede tener un impacto en la cuenta de resultados. También en este campo se espera nueva regulación. Pero hay otros aspectos que no son tan tangibles, como por ejemplo la fiscalidad internacional. Podríamos decir que una de las principales responsabilidades de una empresa es contribuir donde está generando la riqueza para el accionista a través del pago de impuestos. Sin embargo, vemos que el sistema permite a las empresas imputar beneficios en un país u otro en función de la laxitud de los sistemas tributarios.
Ahí sí necesitamos leyes claras porque es muy difícil que el inversor vaya a exigir a la empresa que pague más impuestos.
Entiendo. Pero luego en el ámbito laboral hay cosas que tendrían que haber mejorado. Por ejemplo, después del derrumbe del complejo textil Rana Plaza en Bangladesh, que causó más de 1.000 muertos en 2013, se suponía que algo cambiaría. Pero todavía hay gente que sigue esperando indemnizaciones.
El Rana Plaza, lamentablemente, sirvió para que haya un conocimiento en la sociedad sobre los impactos del actual modelo de producción, que o bien se obviaban o se desconocían, tanto por los ciudadanos como por los políticos. Pero no solo hay que tener leyes de debida diligencia que eviten desastres como el del Rana Plaza; también son necesarios mecanismos de acceso al remedio, tanto judiciales como extrajudiciales.
"Necesitamos leyes claras en temas de fiscalidad internacional"
"Francia y Suiza están aplicando leyes de debida diligencia. Aquí hay una propuesta"
Hay un debate interesante sobre cómo se mueve la producción. Nosotros en el pasado fuimos un país receptor de inversión, por ejemplo por parte de la industria automovilística. Ahora estamos siendo testigos del impacto que tiene la salida de Nissan. El dinero se mueve, la inversión se mueve. Lo que hay que procurar es que haya unos mínimos de obligado cumplimiento.
Cuando ya en Bangladesh haya unos mínimos, para la empresa será más rentable irse a Etiopía...
Eso pasa. En Naciones Unidas se está trabajando en un tratado internacional de empresa y derechos humanos. El mero hecho de que haya algo de actividad económica, aunque sean salarios muy bajos, y aunque tengan exención en el pago impuestos, solventa mínimamente una problemática en una zona determinada aunque a medio y largo plazo el impacto en el desarrollo es nulo. Recuerdo ver en Centroamérica, concretamente en Honduras, que había carteles de uno de los candidatos presidenciales que en su campaña decía “nosotros vamos a traer la inversión en las maquilas”. Se producía una feroz competencia entre los países de Centroamérica , que se traducía en la bajada de los estándares. Tiene que haber esos mínimos. Y luego los países tienen que aprovechar para cambiar su estructura económica y crecer en capital humano a través de inversión en educación. Vemos países en los que la inversión se basaba en una mano de obra barata y ahora empieza a producir bienes y servicios de alto valor añadido. La inversión extranjera no hay que categorizarla como buena o mala, sino que esa inversión tenga unas condiciones que favorezcan el desarrollo.
Entiendo que es complicado hacer una ley aplicable a todos los países. Cada país es soberano. Europa, sin embargo, sí tiene unas directivas que deberían cumplirse. La federacción de ONG Setem, en su momento, con el Rana Plaza, llegó a explicar que a través de Podemos se habían hecho unas preguntas y papeles... Pero luego alguien de la Comisión me dijo: todo lo que piden ya está en las normativas.
No es así. Existe legislación en temas como propiedad intelectual o en estándares de seguridad y salud en los productos importados, pero no sobre las condiciones laborales o el impacto ambiental. Es lo que se está demandando desde hace años. Hay iniciativas que afectan a sectores concretos como por ejemplo el reglamento sobre minerales en conflicto, que establece que las empresas tienen que garantizar la trazabilidad de los minerales producidos en el exterior y que entrará en vigor en 2021.
"Hay empresas partidarias de una ley de debida diligencia para evitar vulneraciones de derechos"
En Naciones Unidas, en el mejor de los casos, llegaremos a un texto de un tratado internacional, y ese texto tiene que ser ratificado por un mínimo de 30 países. Y luego los países que lo ratifican lo tienen que aplicar. Hay muchas convenciones que son ratificadas pero no son aplicadas.
Hay también leyes nacionales de debida diligencia, como por ejemplo la francesa que obliga a un conjunto de empresas a tener planes de diligencia debida para evitar vulneraciones de derechos humanos en sus actividades en terceros países. En España, desde el Observatorio tenemos una propuesta en esta dirección. Y por último están las iniciativas regionales. Recientemente Reynders, comisario de justicia de la Comisión Europea, ha anunciado una legislación en materia de debida diligencia en empresa y derechos humanos.
También hay un conjunto muy minoritario de empresas partidarias de este tipo de leyes. Desde una perspectiva meramente de mercado se está incurriendo en una competencia desleal.
¿Cómo está el tema de la ley de debida diligencia en España?
En las últimas elecciones generales había dos partidos, Unidas Podemos y los socialistas, que presentaban una ley de debida diligencia. Llevamos en esto ya dos o tres años. Hemos armado un argumentario desde el ámbito jurídico y técnico que obligaría a las empresas a explicar cómo están aplicando medidas y en el caso de que se produzca un impacto habría una responsabilidad jurídica. Hemos creado una plataforma, donde está Greenpeace, dos de los sindicatos, etc. y estamos intentando impulsar esta ley. Pero hora mismo está todo parado.
Habrá que continuar…
Pues ahora la prioridad venía impuesta, pero la vida continúa. Es el momento de ir retomando los temas, porque es clave, en términos de reconstrucción.
