Tarjeta amarilla a España en la ONU
Recortes: El país fue señalado en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas sobre derechos humanos. La austeridad y el aumento de la pobreza, entre los problemas.
Varios países sacaron la tarjeta amarilla a España en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo lugar a inicios de 2015.
Las críticas, por parte de otros países, se refirieron a diversos temas, derechos humanos civiles y políticos (tortura, discriminación, falta de libertad de expresión, memoria histórica, etc.), y en muchas se veía reflejada la preocupación por el trato de las personas más discriminadas o desfavorecidas, especialmente inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres y niños.
En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, las recomendaciones tuvieron que ver con el tratamiento de la crisis económica. Varios países cuestionaban la austeridad: “Hagan una evaluación de cualquier consecuencia negativa de los ajustes presupuestarios en relación con el acceso universal a la salud y la educación, particularmente en grupos vulnerables como inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores y niños”, resumía Noruega.
“Consideren la adopción de políticas comprensibles que apunten a los desalojos forzados de propietarios que no pueden pagar sus hipotecas”, requería Eslovaquia junto a otros países como Ecuador o Bolivia, con críticas en la misma dirección.
“Aseguren el acceso a la salud y la cobertura sanitaria para todos los individuos, sin discriminación”, remarcó Tailandia, en concordancia con Uruguay, Macedonia e India. Se referían específicamente al Real Decreto 16/2012, que impide a inmigrantes sin papeles acceder gratuitamente a servicios de salud.
¿QUÉ ES EL EPU?
El EPU es un mecanismo cuatrienal de revisión en derechos humanos del rendimiento de los países ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La particularidad de este mecanismo es que son los pares, otros países, los que juzgan la conducta de los examinados.
Los 193 Estados miembro se analizan con el apoyo de informes del país que va a ser evaluado y por otros proporcionados a la ONU por organizaciones de la sociedad civil.
El de enero es el segundo examen universal a España (el primero fue en 2010).
En la sesión de examen, los países formulan preguntas sobre la información recibida y hacen sus recomendaciones al examinado. El Estado en cuestión puede rechazar o aceptar las críticas.
Las recomendaciones aceptadas se convierten en compromisos que marcan la línea de actuación del país y constituyen un marco de referencia para la revisión de su actuación en el ciclo de revisión siguiente.
Noruega pide evaluar los efectos de los ajustes
Eslovaquia y otros mencionan los desahucios
Si el Estado decide rechazar la recomendación, debe explicar por qué. Y si la acepta, debe expresar qué acciones lleva a cabo. España todavía no ha respondido a las recomendaciones del examen que le acaban de hacer (tiene tiempo hasta junio), pero sí respondió, en su momento, a las críticas de 2010.
Ese año, “España recibió y aceptó varias recomendaciones centradas en el refuerzo de las medidas destinadas a garantizar la protección de los derechos económicos y sociales de quienes han sido más afectados por la crisis”, explican en un informe del Center for Economic and Social Rights (CESR), una de las organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en la sesión de examen. “Nuevas directrices sobre la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis económica en España se dieron en mayo de 2012 (...). Sin embargo, España ha incumplido estas recomendaciones en gran medida. Su respuesta a la crisis ha seguido centrándose en medidas de austeridad severas (...). La pobreza se ha arraigado, alimentando una creciente desigualdad”.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que supervisa el tratado sobre esta materia, “observó con preocupación que el 21,8% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, y que muchas otras personas se encontraban en riesgo de pobreza debido a la crisis económica y financiera (...). Recomendó a España que velara por que las medidas de austeridad no menoscabaran el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”, explica en uno de los documento del Comité de la ONU presentado para el Examen Universal.
España niega la mayor. En su informe nacional preparado para la EPU nombra leyes como la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), expresando que se destinan 10.094 dólares al año por alumno en educación pública, “el 21% más que la OCDE y la UE, y el doble que hace una década”; la Reforma del Sistema de Salud, una medida “que persigue la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (...) Según el informe de la OCDE de 2013 Health at a glance, el 99% de la población en España tiene cobertura sanitaria pública...”.
En el asunto de los desahucios añade que ha hecho un cambio de modelo para favorecer el alquiler, y una serie de medidas centradas en los deudores más vulnerables, así como mecanismos para reestructurar las deudas, la “suspensión inmediata del lanzamiento sobre la vivienda, por un período de dos años” y un fondo social de vivienda, entre otras medidas.
Aun así, cada día se llevan a cabo en España 120 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial.
¿Sirve lo que diga la ONU?
“Los países están obligados a cumplir los requerimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, agrega Ignacio Jovtis, presente en el examen e investigador de Amnistía Internacional. “El problema es que si no cumplen no hay sanción. Por eso pueden seguir incumpliendo”.
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