Derecho a salir de la pobreza

  • 9 Abril, 2020

    Garantizar una vida digna a toda la ciudadanía con una renta básica es la gran laguna del Estado de bienestar. El Gobierno trata de llenar el vacío con un ingreso condicionado que complete el deficiente sistema de rentas autonómicas.

    La red de seguridad de nuestro Estado de bienestar adolece de un enorme agujero por donde se cuelan pobreza y exclusión social. Así lleva advirtiéndoselo en los últimos cuatro años a España la Comisión Europea. La rotura puede repararse con una renta básica que garantice una vida digna a la ciudadanía, tema que suscita controversia por sus costes. Ahora, los estragos económicos de la pandemia ablandan las tradicionales resistencias a algunos de los modelos en los que la medida puede plasmarse, o al menos a su aplicación temporal. El Gobierno ha aprovechado la corriente favorable de opinión y este verano contempla poder empezar a pagar un ingreso mínimo vital estatal, con cuantías en función de la tipología del hogar, que ayude a mermar la pobreza severa.

     Un niño, en la puerta de su infravivienda. Foto: Rafael Robles

     

    La exclusión va a más

    El agujero de partida es grave. A finales de marzo, en España había 1,07 millones de hogares cuyos miembros estaban todos en paro, y 597.000 hogares sin ningún ingreso, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Los últimos datos sobre pobreza y exclusión del Banco de España, de 2018, concluyen que 12,04 millones de personas (26,1% del total) sufren carencia material severa, baja intensidad en el empleo o ingresos por debajo del umbral de la pobreza (8.871 euros al año). Y el crecimiento no lo resuelve todo. Eran 711.654 más que en pleno batacazo (2009). 

    La renta estatal llegará a más de un millón de hogares

    El empleo tampoco asegura la victoria. La pobreza laboral afecta al 13% de la población ocupada española, según Eurostat. Y el vacío en la protección social se agudiza con el peso creciente del trabajo independiente e intermitente, al así como del subempleo. 

    Este panorama ha servido en bandeja lo impensable en el debate público: la conveniencia de una renta básica universal (RBU) incondicional que blinde ingresos regulares como un derecho ciudadano. En paralelo, se ha hecho un hueco en el pilar social de la Unión Europea el concepto de renta mínima, enfocada solo a la población más vulnerable y ligada al empleo.

    El ingreso mínimo vital del Gobierno de coalición, de carácter permanente, no cumple con el diseño de una RBU: se destinará a hogares (más de un millón, con ayudas para tres millones de personas); está condicionada (se fija un mínimo nivel de renta y riqueza y se exige seguir un itinerario de inserción laboral), y se dirige a la población más necesitada (no es universal). 

     

    Medida a medio camino

    El diseño hace malabarismos entre un aumento de la protección social, los incentivos laborales y costes que no se desboquen, estimados por el Ejecutivo en unos 6.000 millones de euros, partiendo de una mensualidad base cercana a los 550 euros.

    Para el investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Francisco J. Goerlich, "pese a ser un coste importante, no es muy ambicioso pensando en una renta básica. Se entiende que se aplique algo que podamos financiar, pero no es de esperar que alcance a un conjunto importante de la población. Si hablamos de pobreza extrema, un buen diseño sí podría reducirla en gran medida”.

    “Si a los más de ocho millones de personas pobres se le suma el impacto del confinamiento, el panorama social será catastrófico. Este ingreso mínimo es como intentar atajar una hemorragia en la yugular con una tirita. Es un subsidio para pobres que estigmatiza y cuya condicionalidad dificulta la salida de pobreza y hace que la ayuda no llegue a quien lo necesita”, subraya el economista Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica.

    No todas las visiones son críticas. “No sé si en 30 años lograremos tener en España una renta básica pero sé que, para que suceda, necesitamos al menos disponer antes de una cobertura universal para situaciones de desempleo. Esta es, junto con la protección a la infancia, una pieza que nos falta”, subraya Liliana Marcos, responsable de políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón, que ha propuesto una renta de casi 600 euros con un coste de 6.045 millones a financiar con un aumento del Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio. "Necesitamos una reforma fiscal. Un coste estructural de este calibre no se puede financiar de forma permanente con deuda, es obvio", añade, en alusión al pronunciamiento en este sentido del Ministerio de Seguridada Social.

    También viene reclamando una renta mínima la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).  Graciela Malgesi, miembro de la red en España, urge a “actuar de inmediato porque los actuales niveles de pobreza y desigualdad son intolerables”. La entidad se mantiene vigilante con la letra pequeña de la renta que viene, por experiencia. “Las prestaciones estatales y las autonómicas que hay en España no se hablan entre sí”.

    565.300 hogares vivían ya sin ingresos hasta esta crisis 

    13% de quienes trabajan están bajo el umbral de la pobreza

    Entre las prestaciones asistenciales estatales figuran los subsidios de paro, la renta activa de inserción (RAI), planes más recientes ligados a la crisis de 2008 para personas desempleadas de larga duración y el recuperado y ampliado subsidio para mayores de 52 años. Hablamos de poco más de 400 euros al mes. Y cuando ya no queda nada, se puede pedir una renta mínima autonómica.

     

    Tratado como un defraudador

    Javier P., un antiguo teleoperador comercial en paro de larga duración, conoce las lagunas del modelo. "Las prestaciones estatales prevalecen, pero cuando me quedé sin nada no pude acceder a la RAI porque no tenía aún 45 años. Entonces pedí la renta gallega, la RISGA", recuerda hoy, a sus 49. Tramitar esta ayuda por primera vez le llevó nueve meses. A los 45 ya pudo acceder a la RAI, que se percibe en tres tramos de 11 meses, pero entre los cuales tienen que transcurrir otros 12. Cada renovación de la RISGA tarda entre tres y cuatro. "Te tratan como si fueras un defraudador. Te obligan a presentar en persona extractos bancarios con movimientos de los últimos 12 meses, pero puede que estés sin ningún ingreso desde hace cinco. Si no vas acompañado por alguna ONG, es muy complicado", señala. Para Javier P., que hizo un intento de trabajar como autónomo, sin éxito, y que ahora prepara sus segundas oposiciones, una gran barrera burocrática es el empadronamiento. Mucha gente no tiene hogar fijo. Y si surge un trabajo en otra comunidad, la ayuda se pierde.

    Las cuantías, duración, condiciones y coberturas de las ayudas autonómicas son distintas, y cambian según la capacidad presupuestaria. En Castilla-La Mancha la proporción de hogares sin ingresos previos que las perciben es del 9,3%. En Euskadi, el 374,3% (cuando la cobertura supera el 100% significa que los beneficiarios de la renta autonómica alcanza también a personas que ya percibían ingresos salariales bajos). La mayoría de cuantías que se pagan supone la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora de 950 euros. Por eso, las entidades sociales piden que la nueva renta sea compatible con algún tipo de ingreso salarial, para evitar las trampas de la pobreza.

    El ministro José Luis Escrivá ha avanzado que la renta estatal no duplicará las autonómicas. Con su umbral, las complementará. Y con el tiempo, absorberá otras prestaciones estatales. Las ayudas de pobreza autonómicas suman 1.500 millones anuales, dentro de un sistema de ingresos mínimos de 21.000 millones. De media, estas prestaciones solo llegan al 7,6% de personas bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales.

    “Se habla con alegría del fracaso de las rentas mínimas, pero es un fracaso relativo. También ha habido éxitos relativos. Si ahora se eliminaran, se crearía un problema enorme. Han servido para engrasar una maquinaria de servicios sociales y de detección de necesidades”, apunta el sociólogo y profesor de la UAB José Antonio Noguera. Las autonomías con mejores ayudas son el País Vasco y Navarra. Asturias también destaca. Valencia, Cataluña, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha han reformado las suyas para mejorar, en teoría, en cobertura y generosidad.

    Negociación autonómica

    Por eso Euskadi, Asturias y Navarra son las más exigentes en la negociación con el Gobierno central sobre cómo hacer casar sus ayudas con la nueva renta estatal. Han hecho un mayor esfuerzo y ven posibles agravios comparativos en relación con otras comunidades como Madrid o Murcia, cuyas cuantías y coberturas son más bajas y ahora muy partidarias de la renta estatal. “Políticamente, se entiende la sensación de agravio. Pero pensemos en la ciudadanía, si sale ganando", apunta Liliana Marcos. 

    26,1% de la población española vive en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social

    Para Noguera, “en un Estado multinivel tiene sentido que las prestaciones de los gobiernos de niveles inferiores sean subsidiarias de las de la Administración superior. Pero aquí las rentas autonómicas se crearon primero. La negociación con las autonomías es esencial”. 

    El hecho de que percibir la nueva renta estatal se condicione a participar en un itinerario de inserción puede provocar roces. El Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno vasco en 2018 en su choque con Madrid por las ayudas del plan Prepara y del Programa de Activación de Empleo (PAE): la asistencia social y las políticas activas de empleo corresponden a las autonomías. También Cataluña está en guardia sobre sus competencias.

    La condicionalidad a los planes de inserción inquieta por otras razones. “Tal como está el mercado laboral, exigir inserción es complicado”, apunta Graciela Malgesi, pensando en perfiles con problemas psicosociales o dolencias no reconocidas como incapacidad laboral. “Las experiencias realizadas con rentas básicas muestran que no cambia gran cosa que las medidas de activación sean voluntarias u obligatorias. Y el problema del mercado laboral español es sobre todo de demanda. Puedes hilar fino con medidas de inserción y activación, pero es difícil lograr niveles de inserción altos”, opina Noguera.

     

    Oxfam pide no dejar fuera las personas inmigrantes sin papeles. Y se muestra crítica, como EAPN y otras entidades, con el cálculo de la renta en función del IPREM, indicador congelado durante una década.

    Raventós ve absurda la maquinaria de control del cumplimiento de requisitos frente a la simplicidad de una renta básica universal, que según sus cálculos puede requerir 34.000 millones (3,4% del PIB). “Hoy sabemos que entrenadores y futbolistas ganan 60.000 y hasta 350.000 euros netos al día, frente a los 100 o 35 euros brutos o menos de médicos, cajeros y personal de limpieza. Dinero, hay”, añade. Según el economista Jordi Arcarons, bastaría gravar con un 10% al 10% de la población más rica para obtener 84.000 millones.

     

    Este artículo sólo es posible con tu colaboración.
    Haz una donación

    Todavía no hay comentarios, sé el primero en opinar

    Escribe tu comentario