La banca pública en peligro

  • 29 Septiembre, 2016

    En un escueto comunicado de cuatro párrafos, el FROB anunció esta semana un plan para poner en marcha la fusión de Bankia y BMN, las dos entidades públicas que quedan tras el rescate bancario. Bankia tiene unos activos de unos 200.000 millones de euros, cinco veces más que BMN.

    El anuncio sólo se puede interpretar como el disparo de salida para la privatización de dos entidades, propiedad del Estado en un 64%, aprovechando el momento de desconcierto que vive el país, agobiado por la falta de un Gobierno estable y las múltiples crisis políticas.

    Con independencia del debate ideológico sobre las posibles ventajas y desventajas de la banca pública y privada, conviene hacer algunas precisiones:

    Parece un gran contrasentido promover la privatización de Bankia cuando está registrando tan buenos resultados como entidad pública. Bajo la gestión de José Ignacio Goirigolzarri y gracias las ayudas públicas, Bankia es la entidad mejor capitalizada de los seis grandes bancos españoles, según el último examen de la Autoridad Bancaria Europea. Además, es la más rentable. La rentabilidad sobre fondos propios es el doble que la media de la banca española.

    Bankia obtiene estos resultados a pesar de que el salario máximo de sus directivos, por disposición de la UE y del Gobierno, es de 500.000 euros anuales, muy alejado de los absolutamente irracionales sueldos de varios millones de los ejecutivos de la competencia.

    Hay al menos tres razones para mantener Bankia como entidad pública. En primer lugar, permitiría recuperar completamente las ayudas públicas, que oscilan entre 24.500 y 46.000 millones de euros, según los inspectores del Banco de España. En segundo lugar, al tratarse de una entidad controlada por el Estado, el Gobierno podría exigir que cumplieran completamente las recomendaciones del Banco de España y de la CNMV cuando resuelven sobre las quejas de los clientes. En la actualidad, en el caso de la CNMV, las entidades sólo rectificaron en un 7% de los casos en que el supervisor dio la razón a los reclamantes. En las quejas al Banco de España sólo modificaron su decisión en el 40% de las reclamaciones que el regulador ha resuelto a favor de los demandantes. En tercer lugar, podría mantenerse un nivel de sueldos de los directivos proporcionales a los rendimientos del negocio.

    En definitiva, el Gobierno podría utilizar la banca pública para ejemplarizar al conjunto del sector financiero y desterrar el cúmulo de prácticas abusivas que caracterizan la actividad bancaria en España. Sería una gran ocasión para que en base al ejemplo de buenas prácticas los bancos podrían recuperar su maltrecha reputación.

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