¿Qué viene después de la pandemia? // Un programa de diez puntos para la renovación fundamental

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    Jon Díez Supat

    The Foundational Economy, un colectivo europeo de investigadores que plantea una alternativa al pensamiento económico dominante, ha elaborado un documento con propuestas para después de la pandemia. Se centran en potenciar la sanidad, los cuidados, la educación, la vivienda y el suministro de alimentos porque consideran que esos bienes y servicios son el motor del bienestar y la base de la ciudadanía.

    Este es el documento:

    En los titulares de los medios sobre la crisis, pandémica o de mercados financieros, el grito de batalla de los responsables políticos ha sido: “Cueste lo que cueste”. Esta fue la promesa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo durante la crisis de la zona euro en 2011, y fue repetida por Rishi Sunak, el canciller de la Hacienda del Reino Unido, al comienzo de la crisis de la covid-19. En este marco, los ministros europeos de finanzas y jefes de Estado como el presidente Macron también insisten metafóricamente en que “estamos en guerra”. La guerra se invoca porque es la única condición nacional en la que el objetivo político de derrotar al enemigo externo justifica romper las reglas de juego de la gestión económica ortodoxa mientras dure la lucha.   

    En este contexto, planteamos una pregunta diferente sobre lo que vendrá después de la pandemia cuando termine la emergencia sanitaria. Las necesidades que pone de manifiesto una crisis como esta abren un campo de posibilidades poscrisis que no siempre se resuelven de manera progresista. Después de la crisis financiera de 2008, la regulación requirió a los bancos que aumentaran sus requisitos de capital; pero el problema subyacente de la creación de deuda privada en los mercados financieros no se abordó y los gigantes corporativos entraron en la recesión de 2020 sobrecargados de deuda calificada BBB, cuya rebaja a la categoría de basura avergonzará financieramente a las empresas y las instituciones que mantienen su deuda.

    Al mismo tiempo, los grandes titulares de crisis de alta visibilidad, como la de la covid-19, pueden ocultar otras crisis de baja visibilidad, y el reconocimiento de determinadas carencias y déficits puede posponerse irresponsablemente. Así, las emergencias natural y climática son científicamente incontrovertibles, pero la crisis climática es muchas veces localmente invisible y multicausal, por lo que los responsables políticos pueden tener la tentación de hacer promesas vacías sobre la neutralidad de carbono para 2050. Al menos hasta que haya una vacuna disponible, la crisis viral está relegando a un segundo o tercer lugar la preocupación por el cambio climático a medida que los expertos en epidemiología han ido desplazando en los boletines de noticias a Greta Thunberg y los manifestantes de la rebelión por la emergencia climática.  

    Las crisis de gran magnitud como las citadas suponen drásticos puntos de inflexión y elecciones de carácter existencial, algo que no ocurre con las crisis lentas e insidiosas. Así, en toda Europa venimos asistiendo durante los últimos 30 años a una crisis en la que se ha erosionado la cohesión social con el aumento de las desigualdades de rentas y riqueza, con un impacto negativo económico real y el consecuente aumento de la desconfianza política en las élites, la fragmentación de los partidos y la inestabilidad electoral. Algo de esto es consecuencia involuntaria de políticas, como la monetaria, cuya flexibilización y bajas tasas de interés han aumentado en todas partes los precios de los activos y las desigualdades de riqueza desde la crisis de 2008.

    Este manifiesto recoge las reflexiones de un grupo de académicos de toda Europa, el colectivo de la economía fundamental (foundational economy collective). Estas reflexiones, argumentadas desde hace varios años en libros y artículos, se pide a los responsables políticos que presten más atención a los bienes y servicios esenciales como la vivienda, los suministros, la salud, la educación y los cuidados. 

    No se trata de una economía basada en el consumo individual sino en el consumo colectivo que satisface nuestras necesidades diarias esenciales del hogar y nos mantiene a todos seguros y civilizados. Algunos prefieren usar el término más amplio de “economía cotidiana” que incluye comercios minoristas, como peluquerías o floristerías. Pero la crisis actual subraya la importancia de un enfoque más restringido porque pone de manifiesto que existe una parte de la economía que no puede dejar de funcionar. La lista de actividades y trabajos esenciales durante el confinamiento es una definición práctica de lo que se considera fundamental. La pandemia ha puesto en evidencia su vital importancia.

    También muestra una vez más cómo, en cualquier crisis, los trabajadores de servicios esenciales realizan de manera responsable tareas sociales básicas con sentido del deber y sin quejarse, algo que a menudo está ausente en los sobresueldos de los altos ejecutivos. Las enfermeras en unidades de cuidados intensivos y los cuidadores en residencias de ancianos se convierten en héroes; mientras que los transportistas de supermercados son reconocidos como trabajadores críticos.

    Pero el reconocimiento público suele durar lo mismo que la amenaza inmediata y, una vez superada la emergencia, muchos empresarios no pueden “permitirse el lujo” de actuar con sensibilidad. Entonces, la gran pregunta es si volveremos a la normalidad empresarial después de la crisis. ¿O podemos utilizar la crisis activamente como palanca para defender la prestación de servicios esenciales que reconocen el valor del consumo colectivo respaldado por las infraestructuras públicas? Alemania tuvo un debate previo a la crisis sobre la renovación de estas infraestructuras básicas con patronal y sindicatos, y la posibilidad de invertir 450.000 millones de euros en puentes, ferrocarriles y edificios educativos. En nuestro caso apostamos por programas más amplios de renovación centrados en el acceso de la ciudadanía a todas las protecciones y prestaciones sociales que constituyen la infraestructura del bienestar social.

    Los argumentos recogidos en este manifiesto, en favor de este enfoque social amplio, se organizan en tres secciones. La primera sección detalla cómo y por qué en medio de la crisis deberíamos desarrollar la visión de un futuro mejor para la pospandemia. La segunda desarrolla esta visión proponiendo un programa de diez puntos en el que se describen algunas de las prioridades de prestación colectiva. La tercera y última considera la difícil cuestión de la política de renovación de lo fundamental, teniendo presente la importancia de lo local y el equilibrio entre fuerzas políticas que varía ampliamente dentro y entre los países europeos.

     

    1.  Una visión que actúe de brújula: ¿será 1918 o 1945?

    En nuestra aproximación a la crisis de la covid-19 rechazamos el orden habitual de prioridades en los asuntos políticos y mediáticos: la clase política pasa la mayoría de los días lidiando con los problemas urgentes de hoy, que son los que atraen la atención de los medios; y entonces la gestión de la crisis es lo primero y se pospone la planificación para el futuro. Nuestra prioridad es que los responsables políticos y la ciudadanía comiencen a pensar ahora en una prestación poscrisis diferente y mejor, mientras se enfrentan a los problemas urgentes y cambiantes del momento.

    Porque la gran pregunta es: ¿Qué sucederá después de la crisis? ¿Volveremos al viejo orden de prioridades y olvidaremos lo que hemos aprendido sobre la importancia de las prestaciones básicas? ¿O podremos encontrar nuestro camino para construir una mejor provisión de servicios esenciales que amplíe el acceso para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas y agregue valor al concepto de ciudadanía? Al responder a estas preguntas, es útil considerar las analogías históricas europeas: el dilema reside en si, cuando la crisis remita (esperemos que en 2021), nos encontraremos en una situación similar a la que se vivió en 1918 o a la que se vivió en 1945.

    La Primera Guerra Mundial no asentó el camino para nuevos acuerdos sociales nacionales ni para los ganadores ni para los perdedores de la contienda. Después de 1918, bajo el Tratado de Versalles, se impusieron a Alemania fuertes sanciones para la reparación de daño causado, cuyo resultado a largo plazo no fue la reconstrucción sino el revanchismo. En Gran Bretaña, el primer ministro Lloyd George prometió “un país agradecido a los héroes” antes de que su gobierno se olvidara de construir el medio millón de viviendas que había prometido y deslegitimara la reforma social radical durante un par de décadas. 

    Por supuesto, hubo logros en las ciudades, especialmente las viviendas sociales de entreguerras, basándose en la tradición del “socialismo municipal” anterior a 1914, que había reconocido por primera vez la importancia de la acción colectiva para las condiciones de vida en Birmingham, Roma y otros lugares. Pero incluso gloriosos experimentos como el de la “Viena Roja” siempre encontró oposición en el interior de Austria y luego fue interrumpido por la guerra civil en 1934, que incluyó el simbólico bombardeo del complejo de viviendas municipales de Karl Marx Hof.

    En cambio, después de 1945 ganadores y perdedores construyeron mejores estructuras nacionales, aunque en algunos casos fuera a regañadientes. La realpolitik de la guerra fría supuso el fin de un programa de corta duración dedicado a desmantelar la industria alemana y el Plan Marshall, después de 1949, ayudó a la reconstrucción industrial de Alemania Occidental con una cierta perspectiva social del mercado. El gobierno laborista de 1945-51 en el Reino Unido construyó un nuevo acuerdo social a través de una reforma educativa, la hospitalización gratuita a través del National Health Service, una seguridad social de amplio alcance y la construcción a gran escala de viviendas sociales, incluyendo nuevas ciudades enteras. En Europa se reconocieron nuevos derechos sociales en diferentes grados. Es así como, ya en la década de 1960, la ciudadanía de Europa occidental empieza a dar por sentada una ampliación de derechos sociales que hubiera sido impensable en las décadas de 1920 o 1930.

    Desde nuestro punto de vista, el hecho importante es que el acuerdo de posguerra en casos como el del Reino Unido fue planeado y publicitado en tiempo de guerra, tan pronto como terminó la amenaza inmediata de invasión. El plan Beveridge para la seguridad social de la posguerra se publicó en 1942, vendió 100.000 copias en un mes en el Reino Unido, se tradujo a 22 idiomas y se distribuyó sobre la Europa ocupada. La conducta del gobierno británico agravó la hambruna de Bengala de 1943 e incluyó el bombardeo de Dresde, pero los bombarderos británicos también lanzaron traducciones al alemán del plan de Beveridge. De modo que parte del esfuerzo de guerra británico consistió en un plan nacional ambicioso y elaborado para utilizar la seguridad social contributiva después de la guerra y acabar así con la pobreza derivada del aumento de las necesidades y la disminución de las rentas.

    Todas las analogías históricas son inexactas, pero esta nos da una lección: en medio de la crisis y los horrores de la guerra, la visión de un futuro poscrisis respaldado por un plan concreto puede ser un dispositivo motivador para la ciudadanía asediada. También será una señal para el mundo en general de que tenemos una brújula moral y política que nos puede guiar a un lugar mejor en el mundo de posguerra. Por analogía, esta es ahora nuestra oportunidad en plena crisis. Es en estos momentos cuando es importante pensar a qué nos referimos con una mejor prestación de infraestructuras fundamentales para que después de la crisis no volvamos a los errores habituales, con los mismos viejos actores trabajando en los mismos viejos modelos de negocio, que nos han fallado social y ambientalmente de forma repetida.

    Mientras tanto, la ciudadanía pasa el día a día de una crisis en la que los gobiernos nacionales tienen claras obligaciones de aprovisionamiento: primero, asegurar físicamente y distribuir equitativamente el suministro de bienes esenciales como alimentos y servicios como los de salud y cuidados; segundo, suspender los procesos ordinarios del mercado que castigan con el corte de suministros básicos o el desalojo de viviendas a posibles morosos. Todo ello, en medio de intervenciones preventivas de política monetaria y fiscal. Desde los tiempos de Walter Bagehot, a mediados del siglo XIX, los bancos centrales aceptan la obligación de inyectar liquidez para evitar el colapso de los mercados financieros y la quiebra de bancos. Desde Keynes, en la primera mitad del siglo XX, los gobiernos aceptan algún tipo de responsabilidad para contrarrestar la política fiscal cíclica con la finalidad de reducir el desempleo. El respaldo teórico a la intervención púbica sobre los mercados, por tanto, cuenta ya con un largo recorrido.

    Al comienzo de la crisis la respuesta europea fue vacilante: tanto la ciudadanía como los gobiernos tardaron en reconocer que, sin la capacidad asiática de aplicar test masivos y hacer el seguimiento de toda la población, solo el confinamiento y el distanciamiento forzados podrían evitar el colapso del sistema sanitario y una enorme cantidad de muertes. En las fases posteriores, la pregunta a responder fue dónde y cuándo los servicios de cuidados intensivos se verían sobrepasados con casos de neumonía que requirieran equipos específicos como respiradores, de modo que la población anciana no pudiera recibir, en el mejor de los casos, más que cuidados paliativos. En etapas posteriores a la crisis, si esta se prolonga durante 12 meses en oleadas sucesivas (como lo hizo la gripe española en 1918), el problema será cómo financiar el coste de mantener rentas por pérdida empleo y salario.

    El aprovisionamiento de aquello que es esencial para la población tiene que garantizarse de una forma u otra, aunque a algunos grupos se les negará el acceso mediante decisiones selectivas o políticas de supervisión. Los gobiernos democráticos obtienen su legitimación política a través de un contrato social implícito mediante el cual garantizan algunas formas básicas de protección para su ciudadanía. El incumplimiento de prestaciones básicas en áreas como el suministro de alimentos conduciría rápidamente a una ruptura del orden público.

    El gobierno tiene los recursos y la legitimidad para desempeñar un papel de liderazgo en el aprovisionamiento durante la crisis, y muchas empresas se comportarán de manera colaborativa si cuentan con ayuda económica. Pero la calidad de vida para la mayoría dependerá de la acción desde la sociedad civil y de la eficacia de la solidaridad de la comunidad a escala local en actividades cotidianas, y a menudo ignoradas por los economistas, que ocupan nuestro día a día. En toda Europa se están elaborando listas de nuestros nuevos deberes cívicos poscrisis hacia la familia y el vecindario. Una lista elaborada en Gales incluye, por ejemplo: pasear perros, cuidado infantil y de personas cercanas, administración del hogar, cocinar, hacer la compra y llevarla a domicilio, y verificar el bienestar de vecinos y vecinas vulnerables. Esto debería dejarnos, asimismo, tiempo suficiente para pensar en la renovación de lo fundamental.

     

    2.  Un programa de diez puntos para defender los fundamentos básicos de la economía

    Este manifiesto fue originalmente redactado en las primeras etapas de la crisis con la mayor parte de Europa occidental bloqueada en previsión de la ola de enfermedades y muertes que ya había visitado el norte de Italia. La respuesta inicial de política económica por parte de los responsables políticos en los países del norte de Europa ha sido rápida, audaz y poco ortodoxa.

    Bajo la presión del lobby de las grandes empresas y los sindicatos, los ministerios de finanzas nacionales han ofrecido un apoyo sin precedentes a empresas y trabajadores en la economía productiva, así como inyectado liquidez en los mercados financieros. Alemania ha creado un fondo de 500.000 millones de euros para participar en empresas con dificultades; España ha anunciado, entre otras medidas, un fondo de liquidez de 200.000 millones de euros, la moratoria de hipotecas y de las cotizaciones de autónomos o la prohibición de cortes de suministros y desahucios por alquileres a los más vulnerables. Francia ha ofrecido préstamos de hasta 300.000 millones de euros más inversiones de capital o incluso habla de nacionalizaciones. Dinamarca cubre el 75% de los salarios perdidos durante los primeros tres meses; Italia cubre el 80% de los salarios perdidos durante nueve semanas; el Reino Unido ofrece garantizar el salario al 80% hasta un máximo de 2.500 libras por mes. 

    Esto parece indicar el fin inmediato del consenso que existía sobre la estabilidad de las finanzas públicas y el control de los déficits presupuestarios y la austeridad social que se articularon a nivel de la UE y que se aplicó al rescate griego. Periodistas de toda Europa se han apresurado a escribir artículos de opinión sobre cómo los cambios actuales anticipan un viraje único en la política económica que cuestiona las antiguas políticas contra la propiedad estatal, el control y la prestación de servicios que pusieron en marcha Thatcher y Reagan en la década de 1980.

    Pero hay que tener cautela porque la suspensión de la ortodoxia al comienzo de una crisis no es presagio de cambios estructurales. Podemos recordar cómo, durante unos meses después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, se anunció repetidamente que el capitalismo financiero cambiaría por completo. Pero entonces, los propietarios de viviendas estadounidenses pagaron las consecuencias, ya que los bancos de todo el mundo fueron rescatados, no divididos, mientras que las inyecciones de liquidez y las bajas tasas de interés impulsaron los precios de los activos iniciando el siguiente ciclo de creación de crédito en los mercados financieros. De modo que, pocos años después, muy poco había cambiado.

    La lección de esta reciente decepción es que necesitamos una visión positiva de un conjunto diferente de prioridades que incorporen los valores colectivos que subyacen a la provisión de servicios básicos. Pero las visiones son figuras retóricas que a menudo no se materializan, por lo que una visión estaría mejor respaldada por planes concretos y detallados, incluso si estos planes nunca se implementasen por completo. Si la visión de Beveridge en su plan para la posguerra mundial era el fin de la pobreza primaria causada por los bajos ingresos, el informe que elaboró concretaba esa visión en planes detallados que incluían cálculos del gasto familiar necesario y que tomaban en cuenta la variación en los alquileres de viviendas entre las diferentes regiones inglesas.

    Los planes para una mejor prestación de bienes y servicios fundamentales tendrían que ser ahora desarrollados de manera acordada entre distintos niveles: la UE y los gobiernos nacionales y regionales, y necesitarían recursos para analizar las especificidades locales con la finalidad de elaborar planes diferenciados para regiones y ciudades. No tenemos recursos para desarrollar planes tan detallados y no podríamos hacerlo en un manifiesto de estas características, sin una participación mayor. En su lugar, recogemos a continuación un programa de diez puntos que define una amplia agenda de la economía fundamental para gobiernos nacionales y regionales de Europa y para los municipios con suficientes competencias. Este programa es, por supuesto, provisional y, a medida que se desarrolle la crisis, tendremos que revisar los diez puntos.

    Admitimos humildemente que hay mucho por aprender. Pero también insistimos ferozmente en que lo que Europa necesita ahora es una amplia declaración de principios que, en su aplicación, variaría conforme a las circunstancias nacionales y regionales y podría flexionarse de acuerdo con el equilibrio de ideologías políticas centristas, progresistas y ambientalistas en cada territorio. Este programa indica, no tanto dónde estamos, sino una dirección a seguir con puntos de partida y llegada que serían muy diferentes en función de los territorios. Las propuestas del programa para una mejor provisión de la economía fundamental deben responder no solo a la crisis de la covid-19 sino también a la emergencia ambiental y climática, y al fracaso de la cohesión social.

    Este programa rompe con el tradicional sistema de contabilidad nacional basada en la concepción de una sola economía donde el objetivo es aumentar el valor de la producción comercializable a través del crecimiento. Esto no sirve porque ha producido una versión actualizada al siglo XXI de la riqueza privada y la pobreza pública de Galbraith al tiempo que divide de manera desigual ingresos y riqueza, de modo que el grueso de la ciudadanía corriente casi no percibe las ganancias contabilizadas en el PIB. Contra esto, argumentamos que hay varias economías que pueden considerarse ámbitos diferentes con diversas lógicas y complejas interconexiones.

    Cuando acabe la pandemia, necesitamos reequilibrar el peso de la economía comercial y competitiva, transitando hacia una economía fundamental blindada que produzca bienes y servicios esenciales favoreciendo la habitabilidad y la sostenibilidad. E, igualmente, aceptar que los modelos de negocio financiarizados de las empresas cotizadas y los fondos de private equity son una intrusión extractiva en las actividades básicas, que en cambio deberían ofrecer rendimientos moderados y constantes sobre la inversión a largo plazo.

    El objetivo general del siguiente programa es simplemente la extensión de la responsabilidad colectiva a estos bienes y servicios esenciales en todas las áreas clave. Los diez puntos que contiene se refieren a cómo esta extensión ha de lograrse a través de diferentes medios, tales como las licencias sociales e impuestos a la riqueza; y cómo funcionaría de manera diferente frente a diversas infraestructuras y actividades, desde la vivienda hasta el suministro de alimentos y energía.

    Estos diez puntos son, pues, un despliegue de nuestra visión. 

    1. Comenzar con la salud y los cuidados. La sanidad es la actividad en la que es más factible construir una alianza para el cambio. Los profesionales de la salud pueden proporcionar el liderazgo necesario. La medicina de alta tecnología necesita una inversión prudencial para aumentar su capacidad y evitar escándalos de falta de preparación (España invierte el 6% del PIB en salud, mientras que Alemania invierte el 9,5%). En la Comunidad de Madrid desaparecieron 3.267 profesionales y 2.966 camas hospitalarias; en Cataluña 2.407 médicos y 1.170 camas. El sistema público de salud se ha visto incapaz de atender las enormes necesidades de camas de cuidados intensivos para adultos, respiradores y laboratorios, lo que hacía imposible adoptar una estrategia de tests y seguimiento a toda la población. Al mismo tiempo, es necesario ampliar los servicios de salud y atención de base comunitaria, así como la medicina preventiva orientada al bienestar.

    La crisis ha llevado al redescubrimiento del papel clave de la sanidad pública en el control de enfermedades, pero el sistema público de salud también debe tener un papel preventivo mucho más amplio y de alto perfil para abordar problemas de mala alimentación, la contaminación atmosférica y las enfermedades crónicas. El 40% de los españoles tiene algún tipo de insuficiencias respiratorias o cardiacas, así como diabetes, hipertensión, obesidad o problemas de salud mental. En ausencia de estas intervenciones, este tipo de enfermedades crónicas amenazan con sobresaturar la ocupación de camas, el gasto farmacéutico y los recursos humanos.

    1. Vivienda y energía son las otras prioridades inmediatas. El gobierno debe asumir la responsabilidad de disponer de viviendas sociales que ofrezcan hogares descarbonizados de calidad, garantizando la permanencia mediante un alquiler adaptado a los niveles salariales locales y apoyándose en fórmulas de colaboración con la comunidad. La descarbonización implica tanto el suministro de energía verde como mejoras de aislamiento térmico de las viviendas nuevas y las ya existentes en todas las modalidades de ocupación. 

    La política regional e industrial necesita desplazarse desde las ambiciones irrealizables por crear grandes cantidades de empleos con salarios altos, hacia objetivos más realistas como aumentar el parque de viviendas sociales para rentas más bajas. Los programas serían para la construcción a gran escala de viviendas sociales. España necesita también experimentar sistemas de suministro de energía pública y comunitaria, aprendiendo de la Energiewende alemana, pionera en el abastecimiento con sistemas de energía verde controlados por la comunidad.

    1. La alimentación necesita reformarse. Unas pocas cadenas de supermercados tienen el poder corporativo y posición dominante en el mercado minorista nacional, pero el modelo de negocio de los supermercados es insostenible y frágil. Se basa en capturar las ganancias de los proveedores a través de la amenaza perpetua de sustitución, que es posible gracias a cadenas de suministro geográficamente difusas y cada vez más desintegradas; mientras que el just-in-time lleva el espacio de venta minorista a su máximo valor.

    Los sistemas alimentarios localizados a pequeña escala no pueden reemplazar al grueso del sistema alimentario moderno, pero son una parte importante de una economía adecuadamente diversificada. Por lo tanto, es importante fomentar medidas para incrementar la oferta de alimentos sostenibles y controlar las cadenas de supermercados que dominan la distribución a consumidores y oprimen a los proveedores. Los supermercados son los principales candidatos para las licencias sociales, como se propone en el siguiente punto.

    1. Introducir licencias sociales. Todos los proveedores de servicios básicos deberían tener obligaciones legales, sociales y ambientales. Los proveedores de esos bienes y servicios, con y sin fines de lucro, tienen en muchos casos dominio de determinados mercados territoriales a través de sus redes y sucursales. A cambio, quid pro quo, el gobierno debería insistir en que garanticen su compromiso con la sociedad, como por ejemplo terminar con la elusión fiscal o el empleo inseguro. El resto de grandes corporaciones deberían incorporarse voluntariamente a este régimen de licencias, y desde luego hacerlo ineludiblemente cuando necesiten algún tipo de apoyo por parte del gobierno (por ejemplo, rescates, permisos de planificación, contratos públicos, capacitación, etc.). 

    La restrictiva regulación económica de la competencia y los mercados para proteger al consumidor no termina de funcionar, y es cada vez más irrelevante en una economía de plataforma. Las organizaciones con modelos de negocio financiarizados trabajan de manera aislada sin tener en cuenta las consecuencias sociales y el daño ecológico. Por ejemplo, los supermercados no se hacen responsables de la dieta de los ciudadanos y reducen los envases de plástico de frutas y verduras de un solo uso muy lentamente.

    Las empresas e industrias a rescatar no deberían ser aquellas que se han comportado de manera irresponsable debilitando su capacidad financiera para resistir a las recesiones con una distribución de dividendos excesiva en los buenos tiempos. 

    1. Reforma de los impuestos sobre la renta, el consumo y la riqueza. El sector público necesita aumentar considerablemente la capacidad de incrementar sus ingresos. Sin una reforma fiscal, la carga del pago de la deuda contraída en la crisis de la covid-19 comprimirá la prestación actual de servicios esenciales y desplazará la inversión necesaria en vivienda y salud. 

    Las medidas ante la crisis de la covid-19 producirán un incremento de los déficits actuales que aumentarán más la deuda nacional. Incluso con bajas tasas de interés y una favorable inflación será un gran desafío atender, refinanciar y pagar esa deuda.

    Si no se reforma la fiscalidad de manera que un porcentaje más alto del PIB pueda recaudarse de manera equitativa, entonces la perspectiva es de 10 a 20 años de “superausteridad” en la que los servicios públicos financiados con impuestos, como la educación, la salud y los cuidados, carezcan de ingresos, tal como ocurrió en los años que siguieron al estallido de la crisis financiera. La recaudación de ingresos a través de la reforma tributaria es una condición previa ineludible para defender y ampliar los servicios básicos de la economía.

    1. La inversión de fondos de pensiones y compañías de seguros debería ir directamente a financiar la provisión de las infraestructuras materiales. La economía fundamental ofrece oportunidades de inversión a largo plazo, estables y de bajo rendimiento, que podrían y deberían financiarse en los mercados con la emisión de bonos sociales o sostenibles a bajo coste. No hay nada nuevo o revolucionario en esto dado que el capital que se invirtió en los ferrocarriles en el siglo XIX obtuvo un 5%, o menos, de rédito.

    Pero el capitalismo financiarizado atrae a empresas cotizadas o inversores de fondos de capital privado con expectativas muy altas de rendimiento del capital. Los modelos de negocio que buscan una rentabilidad de doble dígito son inadecuados para actividades de la economía fundamental, intensivas en capital, donde los altos rendimientos operativos solo pueden obtenerse a expensas de otras partes interesadas, incluida la fuerza laboral.

    El capital no debería ser libre y gratuito, pero la supresión de intermediarios es imprescindible. La diferenciación entre empresas patrimoniales y operadoras y la emisión de bonos de inversión de forma directa para construir nuevas residencias para gente mayor o redes de energía locales, permitirían un adecuado equilibrio entre la necesidad de disciplinar a las empresas, por un lado, e incentivar el flujo de capital por parte de los inversores estatales o privados, por otro.

    1. Acortar cadenas de suministros largas y frágiles en productos esenciales. Los servicios básicos, en general, tienen que ser distribuidos localmente, y hay margen para aumentar la producción local de alimentos, pero la mayoría de los productos finales y sus insumos forman parte de una cadena larga de suministro y en gran medida continuarán siéndolo. Ciertamente, no podemos volver a la época de la autarquía.

    Sin embargo, resulta ridículo importar equipos de protección personal esenciales para los médicos desde países tan lejanos como China. Sería sensato dotarse de cadenas de suministro más cortas con proveedores preferentes cuya producción no se venda al mejor postor. Para el caso de equipos más sofisticados, la solución para la próxima década debería pasar por dotarse de un pequeño número de proveedores europeos que acuerden abastecer el mercado continental sin especulación ni preferencia por el mercado nacional.

    Las adquisiciones de la administración pública deberían ser menos transaccionales y más relacionales. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo cada vez más inestable políticamente y que no podemos depender en lo esencial de la producción en factorías situadas al otro lado del globo.

    1. Cada ciudad, pueblo y área rural debería desarrollar un plan de transición de vida/trabajo. Los planes no solo deberían ser locales, sino que también deberían estar integrados en un marco nacional que los posibilite. La política cotidiana es local y la prestación de los servicios fundamentales es de base territorial, de ahí la importancia de los planes que se desarrollan con la participación ciudadana y que incluyen fórmulas innovadoras para involucrarla. Los consejos, los foros ciudadanos y mecanismos similares conjugan una gran diversidad de opiniones, pero son suplementos esenciales a la democracia representativa porque necesitamos entender lo que le importa a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la emergencia climática requiere cambios en la forma en que vivimos y trabajamos porque la vivienda, el transporte y la alimentación representan más de la mitad de las emisiones.

    Necesitamos participación local para evitar reacciones políticas a través de prohibiciones desastrosas y precios disuasorios. Los pueblos y ciudades donde vivimos la mayoría de las personas combinan habitabilidad con insostenibilidad. A través de largas cadenas de suministro, transporte basado en combustibles fósiles y sistemas de energía intensivos en carbono, están consumiendo una cantidad de recursos naturales de 3 a 4 veces superiores al umbral de sostenibilidad global.

    1. Reconstruir la capacidad técnica y administrativa en todos los niveles de gobierno. En el Estado posdemocrático, las elecciones y la competencia continúan, pero las decisiones las toma una élite político-económica. En el Estado posadministrativo, los departamentos del gobierno combinan estrategias de retórica gerencialista y declaraciones de misión con incapacidad para administrar cualquier cosa de manera efectiva y eficiente. La resolución de la crisis de 2008 puso de manifiesto la actuación del Estado posdemocrático. Las acciones durante la crisis de la covid-19 revelarán la ineficacia de nuestro Estado administrativo. Esta es una limitación fundamental en el campo de la política.

    Los planes elaborados de arriba abajo y que establecen objetivos ambiciosos suelen topar sistemáticamente con dificultades para su implementación práctica, especialmente en el ámbito local, puesto que no suelen ir acompañados de los medios operativos adecuados para ello. Sin capacidad técnica y administrativa, el gobierno no puede desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de programas de inversión y el control de los servicios básicos, por lo que el dinero de los contribuyentes se malgasta.

    1. 10.Asumir nuestra parte de responsabilidad en la provisión de servicios fundamentales en regiones adyacentes a Europa. Por ejemplo, las regiones de Oriente Medio y Norte de África necesitan un programa de ayuda de tipo Plan Marshall para la reconstrucción de sus sectores orientados al comercio. La realpolitik sugiere que la responsabilidad constructiva es una postura adecuada en el plano internacional, porque el bajo rendimiento económico y la inestabilidad política en Oriente Medio y África del Norte producen inmigración masiva y refugiados económicos. Asumir responsabilidad por los demás aumentará el presupuesto de cualquier agenda, pero hacer lo correcto puede resultar política y económicamente mucho más rentable a largo plazo. 

    Los diez puntos anteriores son prácticos y podrían ser abordados desde el liderazgo político, la acción de los grupos de interés y el activismo de la sociedad civil, pero también plantean preguntas y reflexiones para el mundo académico y otras personas que deseen analizar los problemas subyacentes. En las actividades de la economía fundamental en manos de empresas privadas o subcontratadas, el problema es que la excesiva financiarización pone al límite su capacidad con el fin de extraer el máximo valor. En las actividades de la economía fundamental en manos públicas, sucede algo similar al tratar de imitar inapropiadas normas de 'eficiencia' propias de las corporaciones privadas.

    Las consecuencias humanas para trabajadores y trabajadoras en precario y personas usuarias desatendidas han sido evidentes a lo largo del tiempo. Pero, como muestra la crisis pandémica, la búsqueda de la eficiencia sin mantener ciertas reservas incorpora fragilidad y vulnerabilidad al sistema e impide que nuestras infraestructuras fundamentales puedan lidiar con sucesos imprevistos como el actual. La conclusión no es solamente que ciertos sectores de la economía no sean adecuados para su provisión conforme a las reglas del mercado, sino que también necesitamos una forma nueva y diferente de pensar acerca de qué se entiende por efectividad, eficiencia o “relación calidad-precio”.  

     

     

     

    3.  Alianzas para el cambio

    En este momento, las políticas económicas heterodoxas son generalmente aceptadas por un amplio espectro político y se ve con buenos ojos, incluso se reclama, la intervención estatal. Pero el tabloide más vendido de Europa, Bild Zeitung (Alemania), empieza a alertar sobre la “montaña de deuda” y aquellos que discrepan con este tipo de medidas, como vemos que está sucediendo con la renta básica universal, crecerán a medida que aumenten los costes del confinamiento. Cualquiera que sea el curso de la pandemia, se espera una contraofensiva por parte de la derecha económica apuntando a la “cultura del subsidio” y los desincentivos al esfuerzo personal. El argumento general será que esta pandemia no es un desorden de los mercados o un fracaso del capitalismo, sino una emergencia de salud única, que ya ha costado lo suficiente como para que sea hora de restablecer la solidez financiera, los límites a la acción del gobierno y la primacía de los mercados. Prometerán que la solución está en el mercado y obtendremos más capitalismo financiarizado y austeridad.

    En este marco, ¿dónde están las fuerzas políticas y las formas de organización que pueden resistir a la crisis y a esta forma de enfrentarla que volvería a afectar enormemente a nuestro bienestar? El problema es que en Europa occidental tenemos dos principios de acción: el de las grandes mayorías y la reacción identitaria, que son en diferentes modos ineficaces o irrelevantes. Frente a esto, afirmamos la necesidad de un tercer principio de acción: las alianzas para el cambio. 

    El viejo principio de acción es el de las grandes mayorías, con partidos de centro-izquierda y centro-derecha que compiten en un sistema binario en el que un ganador se lo lleva todo, y donde un giro radical puede, en un determinado momento, imponer un nuevo pacto social o romper el anterior, algo que se vivió en el Reino Unido, por ejemplo, con el ascenso al poder de Margaret Thatcher. Pero ahora es cada vez más difícil ganar o usar una mayoría absoluta para la renovación de los fundamentos del estado del bienestar, porque los sistemas políticos europeos se basan cada vez más en el multipartidismo y/o los partidos más grandes están divididos internamente. El nuevo principio de acción es la política identitaria y nacionalista de los “populistas” que acepta el desvanecimiento de las antiguas lealtades de clase y moviliza las lealtades tribales en una lucha contra un enemigo externo (imaginado). Y esto es irrelevante para la renovación de un pacto social que trata sobre estrategias colectivas dentro de un espacio que generalmente incluirá muchas identidades diferentes en sistemas complejos de gobernanza multinivel.

    Por lo tanto, el giro social en la década de 2020 necesita una alianza para el cambio. No es necesario ni suficiente tener un partido de gobierno con una sólida mayoría parlamentaria; ni podemos confiar en determinados movimientos populares basados en líderes que van y vienen sin ningún legado coherente. Las necesidades estructurales reconocidas, como durante el auge del municipalismo en el siglo XIX, deberían empujar a la política con mayúsculas hacia una renovación fundamental, independiente en sus bases de la ideología. Solo ganaremos y mantendremos el empuje necesario a través de alianzas de base amplia para el cambio que incluyan partidos de izquierda (incluidos los verdes), sindicatos y movimientos sociales basados en la sociedad civil, así como conservadores y liberales que reconozcan la importancia de la colectividad en la provisión de los servicios básicos.

    Los tipos de innovación social propuestos en este informe también requieren el fin de una política establecida de arriba hacia abajo que no atiende a lo que es importante para la ciudadanía. Las alianzas para el cambio entre distintas orientaciones políticas no tienen sentido sin una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones democráticas.  

    Hacer realidad estas alianzas requiere compromiso y competencia, porque una plataforma ampliamente respaldada debe negociarse en detalle y convertirse en planes localmente relevantes respaldados por la experiencia y la participación. Por supuesto, esta tarea de renovación es políticamente difícil, pero el premio esperado es el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Dondequiera que estemos en Europa, podríamos comenzar ahora, todavía en plena crisis pandémica, a planificar mejoras concretas en los sistemas de bienestar que sustentan la vida cotidiana.

    Redactado original: del 19 al 24 de marzo de 2020

    Traducción y adaptación: del 28 al 30 de abril de 2020

     

    https://foundationaleconomy.com/

     

    Investigaciones recientes de Economía Fundamental:

    Libro

    Foundational Economy, Manchester University Press, septiembre 2018.

    Traducción adaptada del capítulo segundo «(Re)discovering the foundational», pp. 6-26: https://ecosfron.org/economia-fundamental-la-infraestructura-de-la-vida-cotidiana/

     

    Documentos de trabajo y artículos de investigación

    Cohesion through housing? Residual income, housing tenure and UK regional policy, (WP6 febrero 2020) Julie Froud, Colin Haslam, Sukhdev Johal y Karel Williams 

    https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2020/02/fec-wp6-residual-income.pdf 

    How an ordinary place works: understanding Morriston, (Mayo 2019) 

    https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2019/05/morriston-report-v6-13-may-2019.pdf 

     

    Artículos de divulgación (en catalán)

    Foundational Economy: articular l’economia des de la base, Oriol Estela

    https://www.upf.edu/documents/145160195/222138235/Article+1_O+Estela_Gen+2019_DEF.pdf/0f3c8b64-bc60-93a9-176b-dc5a6356e18e

    Fixar els fonaments. El gir cap a l'Economia Fundacional requerirà un canvi profund en la manera de fer i de pensar. Entrevista a Lee Waters, Secretari General d’Economia i Transport del govern de Gal·les.

    https://www.upf.edu/documents/145160195/222138235/Article+6_Lee+Waters+_May++2019.pdf/8eeb0d3a-a53b-beaf-8558-2877a470e2a4

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