El reto de la España que no va bien
A primera vista, los retos sociales y económicos que esperan al Gobierno deberían parecer manejables tras una legislatura —esa tan extraordinaria finalizada en 2015— que incluyó un rescate europeo de parte de la banca, el paro en máximos históricos desde que hay datos (el 25,77% de la población activa en 2012), una recaída en la recesión ese mismo año y la ampliación del colectivo de personas en riesgo de exclusión y de pobreza, que representan el 28,6% de la población, según Eurostat. Sin embargo, son retos de aúpa, y no sólo por aguantar el frágil Estado de bienestar con la austeridad que se impone desde Bruselas, por las tensiones con el Gobierno catalán en vistas a una eventual declaración unilateral de independencia, por una deuda pública superior al 100% del PIB o por la imposibilidad de recuperar el dinero destinado a la banca, aunque se privatice Bankia.
Los abuelos de hoy podrán seguir echando una mano a sus hijos y nietos en paro y a quienes no lleguen a final de mes a pesar de haber encontrado un empleo. Las pensiones a corto plazo no peligran, aunque si no se remedia, la entrada en vigor del llamado “factor sostenibilidad”, que condicionará su evolución a partir de 2019, puede ser un hachazo para las prestaciones futuras.
La necesidad de apoyo de los mayores no tiene visos de desdibujarse, ya que los nuevos empleos que se crean son, en una abrumadora mayoría, eventuales. De los 15,1 millones de asalariados que hay en España, 11,25 millones disponen de un contrato indefinido. Sin embargo, en el último año (del tercer trimestre de 2015 al tercer trimestre de 2016), la Encuesta de Población Activa (EPA) nos dice que el empleo indefinido, en plena recuperación, aumentó un 1,9%, mientras que el temporal lo hizo un 6,2%. En relación con el segundo trimestre de 2016, el número de trabajadores fijos disminuyó (-29.100), mientras que aumentaba el de temporales (245.900 más en tres meses).
Es cierto que los 2,7 millones de empleados a tiempo parcial suponen sólo un 17,8% del total -a 30 de septiembre suponían el 14,5% de los ocupados-, pero en la EPA del tercer trimestre de 2008, año en que estalló la crisis en España, la proporción era del 11,4%.
Menos poder adquisitivo
España ya no necesita crecer más del 2% para crear empleo, pero el que genera ahora que la economía avanza a un ritmo del 3,2%, tampoco cuenta con las mismas condiciones, sobre todo a partir de la reforma laboral aprobada en 2012. El 41% de jóvenes (de menos de veinticinco años) no trabaja. Pero el 52,9% de los que sí lo hacen cobran menos de 972 euros al mes. A resultas del nuevo Índice de Precios del Trabajo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sindicatos alertan de una pérdida real de poder adquisitivo mayor de lo estimado inicialmente durante la crisis. UGT la calcula en el 8,7%.
La devaluación salarial es el eje de la salida de la recuperación elegida por el Gobierno, a instancias de Bruselas. Se supone que España compite mejor respecto a otros países porque los costes laborales son más baratos. Ello tiene, sin embargo, un lado oscuro, no sólo porque se agrava el desafío demográfico de las pensiones futuras, sino porque la propia demanda interna sale perjudicada.
Acceder a una vivienda sigue siendo un derecho sólo deseado para muchos. La fundación Foessa, de Cáritas, alerta de que la proporción de trabajadores pobres es del 14,8%. La tasa de la pobreza entre los parados alcanza el 44,8%. Más de 1,4 millones de personas llevan en el paro más de tres años. Según el IVIE, hoy hay tres millones menos de ciudadanos clasificables como clase media. La desigualdad se ha enquistado.
FOTO PORTADA: El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, antes de su primer Consejo de Ministros. MONCLOA / J. M. CUADRADO
