Ahora, la desigualdad

Bachelet regresa a la presidencia de Chile con la promesa de afrontar la gran asignatura pendiente de la democracia.

Si se considera fiable el índice de Gini, Chile es el 30º país más desigual del mundo de entre 160 contabilizados, lo cual no está nada mal si se tiene en cuenta que se llevan cuarenta años intentando convencer a los chilenos de que viven en una nación ejemplar que avanza hacia el paraíso capitalista gracias a la aplicación de las recetas neoliberales. Los veinte años de la Concertación (coalición de democristianos, socialistas y otros grupos menores) y los cuatro de la presidencia del derechista Sebastián Piñera han mantenido la estructura económica puesta en pie durante la dictadura de Augusto Pinochet. Treinta años después de las grandes reformas la situación es la siguiente:

1. Los índices macroeconómicos son estupendos. En 2012, el crecimiento fue del 5,6%, la deuda pública estaba en el 18,6% del PIB, la inflación en el 3% y el desempleo en el 6,4%. Como exige la ortodoxia, el Estado es pequeño e ingresó en impuestos el 21,4% del PIB. El contrapunto lo da un estudio de la Universidad de Chile, que calcula que en el período 2005-2010 el 1% de los más ricos acaparó el 32,8% de la riqueza (en EE UU es el 21%).

2. Los trabajadores están obligados a entregar el 10% de su salario bruto a una administradora privada de fondos de pensiones (AFP), que ahora gestiona unos 200.000 millones de dólares y empieza a devolver el dinero a quienes se jubilan. Hay polémica sobre si las pensiones son más o menos de lo esperado, pero lo cierto es que las comisiones de las administradoras oscilan entre el 0,77% y el 2,36% de la renta bruta del trabajador. Gracias a eso, aunque los avatares de los mercados hicieron que en 2011 el dinero de los trabajadores gestionado por los fondos perdiera casi un 10%, las administradoras ganaron 400 millones de dólares. La principal AFP es Provida, gestionada por el grupo BBVA.

3. La dictadura apostó por la sanidad privada pero, al contrario que con las pensiones, mantuvo la pública. Los trabajadores están obligados a entregar el 7% de su renta a la aseguradora pública (Fonasa) o a las privadas (Isapres). A estas últimas se puede destinar más dinero para lograr un mejor servicio. El 70% de la población es beneficiaria del fondo estatal, mientras que solo el 16% obtiene el servicio de las Isapres, pero Chile es uno de los pocos países en que el gasto sanitario privado es mayor que el público, lo cual da idea de las deficiencias de la sanidad pública.

4. La privatización también define la educación. La enseñanza universitaria es costeada en un 80% por los estudiantes, muchos de los cuales se endeudan. En secundaria solo es gratuito el 40% de las escuelas. Los alumnos chilenos figuran entre los peores en el informe PISA de la OCDE.

Con propuestas para reducir la desigualdad, Michelle Bachelet ha ganado las elecciones con el 62% de los votos, el porcentaje más alto desde la restauración democrática. Plantea tres grandes reformas:

1. Educativa. Bachelet parte de la base de que por culpa del mal sistema de enseñanza no hay suficientes profesionales bien formados, y ello merma las posibilidades de crecimiento. Por ello plantea un rápido avance hacia la gratuidad en todos los niveles, cuya palanca será que solo reciban subvención los centros que renuncien al lucro. En el ámbito universitario se propone que los estudios sean ya gratuitos para el 70% más vulnerable de la población en cuatro años. Prevé aumentar el gasto educativo entre el 1,5% y el 2% del PIB.

2. Tributaria. Pretende aumentar los ingresos del Estado el 3% del PIB mediante medidas contra la evasión (0,5%) y el incremento de la presión fiscal (2,5%). En concreto, subirá la imposición a las rentas del capital del 20% al 25%, mientras que reducirá el tipo máximo a las rentas del trabajo del 40% al 35%. Pese al aumento, la previsión es que la presión fiscal no llegue al 25% del PIB.

3. Constitucional. Es básica para terminar con los residuos del pinochetismo político y para que determinadas leyes económicas que ahora requieren de una mayoría cualificada puedan modificarse por simple mayoría.

A un nivel menos prioritario, Bachelet sitúa la creación de una administradora pública de fondos de pensiones, que compita para rebajar las disparatadas comisiones de las privadas, y cambios menores en el sistema sanitario.

Después de un primer mandato en el que Bachelet abordó reformas de muy corto vuelo, el peligro que corre ahora, dado el malestar creciente y las movilizaciones callejeras, es volver a quedarse corta.