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La exclusión financiera de los mayores

La ciudadanía desconoce que tiene derecho a unas cuentas básicas de pago con comisiones limitadas o gratuitas para los más vulnerables

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Diciembre 2022 / 108
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Santiago S.V

La acelerada reducción de oficinas bancarias tras la crisis de 2008 ha agravado la exclusión financiera de las personas mayores que residen en municipios pequeños. Esta situación es particularmente grave porque España es el país que envejece más deprisa de la Unión Europea (UE). La carencia de servicios financieros esenciales, como acceso al efectivo y disponer de una cuenta corriente, priva de derechos básicos a millones de personas y las convierte en unos nuevos marginados sociales. Las normas dictadas por la UE y su desarrollo en España tienen una aplicación muy deficiente por la resistencia de las entidades financieras a darlas a conocer, a pesar de las reiteradas advertencias de las autoridades.

La reestructuración bancaria en España tras la crisis financiera ha conducido a una fuerte reducción de la red de oficinas desde 2008. La disminución de la estructura ha sido del 58%, al pasar de 45.707 a 19.015 sucursales a finales de 2021, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). En el caso de los cajeros automáticos, el encogimiento ha sido del 23% en el mismo periodo. El trabajo indica, no obstante, que a pesar de la reducción, España cuenta con la tercera red más densa de oficinas y cajeros de la UE. Así, frente a un promedio de 3.232 habitantes por oficina en el conjunto de la Unión, la ratio en España es de 2.463 personas por establecimiento.
 
Menos empleados
Estos datos, sin embargo, hay que contextualizarlos. En este sentido, José Manuel Gómez de Miguel, antiguo jefe de Regulación y Transparencia del Banco de España, puntualizó en el reciente Foro de Inclusión Financiera, organizado por la Fundación Finsalud, que, mientras las oficinas bancarias españolas están integradas por ocho personas de media, en la UE emplean a más de 15 en cada establecimiento. Así, en Europa hay 38 empleados bancarios por 100.000 habitantes, pero en España solo hay 26.
La exclusión financiera es especialmente preocupante porque la población española es la que envejece más deprisa de la Unión. La media de edad ha pasado de 40,8 años en 2012 a 44,5 en 2021, según Eurostat.
Los problemas derivados de la exclusión financiera son objeto de preocupación en la UE. Tras las iniciativas de la Comisión Europea (2011) y del Parlamento Europeo, la Unión ha aprobado una directiva (2014) sobre comisiones conexas a las cuentas de pago básico y su acceso a las mismas.
La transposición de la directiva y normas relacionadas se ha efectuado a través de un real decreto de marzo de 2019 por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas para personas vulnerables o en riesgo de exclusión financiera. El estudio Las cuentas de pago básicas: ¿el primer paso hacia una vía de intervención pública sobre la actividad bancaria?, elaborado por Javier Esteban Ríos, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, pone de relieve los avances normativos realizados en esta materia.
 
Sin tarjetas
Esteban Ríos destaca que un importante número de ciudadanos todavía no participa de  una serie de servicios como el uso de tarjetas de crédito o débito y los servicios de pago vinculados. En el caso de España, indica el profesor que, pese a que la cobertura de cuentas corrientes se sitúa en el 94% de la población, próximo al 95% de media de la zona euro, “deja a la nada desdeñable cifra de, aproximadamente, 2.470.000 residentes mayores de 15 años sin un mínimo soporte financiero”. En su opinión, se trata de garantizar “auténticos derechos” de los ciudadanos como es tener una cuenta corriente.
La legislación española vigente desde 2019 obliga a los bancos a ofrecer a sus clientes una cuenta básica, con una comisión máxima de tres euros mensuales con la que pueden realizar 120 operaciones anuales. En el caso de las personas vulnerables, estas cuentas deben ser gratuitas.
La realidad es que las cuentas básicas siguen siendo desconocidas por la mayor parte de la población debido al escaso interés de los bancos en divulgarlas. El Banco de España reconoció el pasado septiembre: “Se han apreciado necesidades de mejora en la información ofrecida sobre la gratuidad de la cuenta de pago básica para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión financiera”.
El malestar de los mayores quedó en evidencia a principios de este año tras la campaña del médico Carlos San Juan soy mayor, no idiota, que puso al descubierto el maltrato que sufren por parte de los bancos. En pocos días recogió 600.000 firmas de apoyo y rápidamente fue recibido por las autoridades. En octubre, las patronales bancarias acordaron diversos compromisos para corregir sus conductas.
 
Trato amable
Con el propósito de profundizar en el grave problema de la exclusión financiera, la Fundación Finsalud, que investiga el impacto de los abusos bancarios en la salud, celebró recientemente un foro en el que puso de manifiesto las dificultades de los mayores a pesar de los avances legales. Su presidente, el abogado y profesor de Derecho Bancario, Fernando Zunzunegui, planteó que ante el malestar existente “lo que pedimos es un trato amable por parte de los bancos” con los mayores.