Contra la desinformación, regulación

Un falso vídeo de Emmanuel Macron en el que anunciaba su dimisión se volvió viral en Níger, en septiembre de 2023. En noviembre del mismo año, otro deepfake, generado por inteligencia artificial (IA), mostraba al canciller alemán, Olaf Scholz, pidiendo al Tribunal Constitucional Federal de su país la prohibición de la “fascista” Alternativa por Alemania. Unas grabaciones de audio falsas distorsionaron por completo las pasadas elecciones eslovacas, mientras que centenares de perfiles falsos en Facebook amplifican hoy de manera coordinada propaganda progubernamental en Hungría. En un año de elecciones europeas, con distintos comicios en 12 Estados miembros, y legislativas en cuatro países candidatos a la Unión Europea (UE), la desinformación —que adopta formas cada vez más sofisticadas— se ha convertido en una amenaza real para las frágiles democracias europeas. Por esta razón, Bruselas ya ha advertido a las grandes plataformas tecnológicas —entre las cuales TikTok, X y Facebook—, que pronto tendrán que identificar el contenido generado por IA que se comparta en estas redes.

La desinformación se ha convertido en una presión sistémica cada vez mayor para la Unión Europea. La vieja propaganda, amplificada exponencialmente por la tecnología y la hiperconectividad, ha multiplicado su potencia y su sofisticación.

Las posibilidades son ingentes: redes sociales (abiertas o encriptadas); bots (aplicaciones de software que ejecutan tareas automatizadas) y técnicas de microfocalización, como los dark ads —publicidad dirigida psicométricamente para influir en la opinión pública y envenenar el clima del discurso—; sistemas de IA que imitan a los humanos o reproducen la cognición humana a base de datos y entrenamiento, y técnicas de manipulación de audio y vídeo que alteran nuestra percepción y nos inducen a desconfiar incluso de nuestra capacidad de discernir sobre qué es y qué no es verdad.

Calendario electoral

La respuesta del Ejecutivo de Bruselas ante el desafío de la desinformación ha pasado por distintas fases. Aunque, sobre una línea temporal, podríamos ver cómo la maquinaria normativa de la Unión se ha ido acelerando cuando se acerca la celebración de elecciones al Parlamento Europeo.

El año 2014 fue el momento de irrupción, de toma de conciencia: la desinformación y las interferencias híbridas entraron en el debate europeo, todavía de manera incipiente y a petición de las repúblicas bálticas, preocupadas por la evolución del conflicto en Ucrania y su impacto en la opinión pública de estos países.

La desinformación se entendía entonces únicamente como una amenaza exterior de la que algunos Estados miembros se sentían completamente alejados. Sin embargo, antes de los comicios europeos de 2019, la Unión —escarmentada con el referéndum del Brexit, las presidenciales de Estados Unidos de 2016 y la irrupción de la desinformación en las elecciones de Francia y Alemania en 2017— ya había tomado la delantera aprobando un primer marco de control de las plataformas en línea.

El Código de Prácticas sobre Desinformación fue el primer mecanismo autorregulador, acordado en Bruselas con los representantes de las grandes plataformas tecnológicas, que rompió con la coartada de intermediación aséptica a la que se habían aferrado durante años los grandes gigantes digitales. Pero también se convirtió, desde el punto de vista de la responsabilidad sobre el contenido, en una externalización en favor de empresas privadas del poder de regular el discurso público en línea.

Y llegó  la 'infodemia' del coronavirus

Después vino la infodemia de los tiempos de coronavirus, que elevó el impacto del fenómeno a nivel global y la necesidad de coordinación. Pero también propició la aprobación de leyes contra la desinformación que sirvieron de coartada para restringir la libertad de expresión y la pluralidad mediática en algunos estados miembros como Hungría y Polonia. En Eslovenia, el Gobierno del primer ministro Janez Janša aumentó la presión con campañas de descrédito y denuncias ante los tribunales contra periodistas críticos.

Sin embargo, el salto adelante que ha situado a la Unión Europea a la vanguardia de la regulación digital ha sido, por un lado, la aprobación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), convertida en la primera herramienta de carácter regulatorio fuerte de la UE, para luchar contra contenidos ilícitos con capacidad sancionadora, y, por otro lado, el acuerdo sobre la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que pretende regular los riegos en el uso de la IA e impone un código de conducta ético respaldado por multas millonarias a la empresa que lo incumpla.

Contradicciones y debilidades

Toda esta evolución político-normativa no ha estado exenta de contradicciones internas ni de toma de conciencia de los riesgos que puede comportar la lucha contra la desinformación: desde la privatización de la censura a manos de las propias plataformas digitales, hasta las amenazas contra la libertad de expresión que suponen las políticas de eliminación de contenido; y los debates internos que generó la decisión de prohibir medios rusos como RT y Sputnik, y limitar el uso de TikTok en las instituciones europeas.

La respuesta europea se ha construido a base de prueba y error, hasta llegar a la conclusión de que el verdadero problema de la desinformación no es la mentira, sino su capacidad de expansión y penetración, es decir, las tácticas coordinadas de difusión de determinado contenido a través de distintas plataformas.

Sin embargo, se mantiene el acento en el carácter geopolítico de un desafío que Bruselas ha etiquetado recientemente como “manipulación de la información e interferencia extranjera” (FIMI, por las siglas en inglés de Foreign Information Manipulation and Interference), con Rusia y China como principales objetivos de las unidades de identificación y denuncia de la desinformación que tiene el Servicio de Acción Exterior Europeo.

Objetivo: desestabilizar sociedades

Pero, entender la desinformación como consecuencia directa de una amenaza exterior es limitado y sesgado. Las líneas entre actores internos y externos son difusas. Hay una nebulosa de grupos creadores o propagadores de noticias falsas que no están delimitados geográficamente ni organizados centralmente. La desinformación, entendida como "información falsa, creada deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, organización o país" —según la definición de la Comisión Europea—, tiene como objetivo desestabilizar sociedades, atacando directamente espacios civiles con el objetivo de fomentar la polarización y el malestar, cuando no el conflicto.

Sin embargo, la difusión de la desinformación no ocurre en el vacío. Su capacidad de penetrar en los debates públicos, de confundir o erosionar, por ejemplo, la confianza en instituciones o procesos electorales, bebe muchas veces de divisiones socioculturales existentes; apunta hacia vulnerabilidades previas, y a miedos o sentimientos de agravio, que la concatenación de crisis acumuladas en la UE durante años han alimentado.