Cataluña // Otra vuelta de tuerca al modelo
Desde 1981 la comunidad autónoma cuenta con un modelo público-privado, pero con la ‘ley Ómnibus’ se ha privatizado aún más
El asalto a la sanidad pública tiene en Cataluña su propia fecha: diciembre de 2010. Fue entonces cuando el recién elegido presidente de la Generalitat, Artur Mas, designó consejero de Salud a Boí Ruiz, un cirujano y gestor sanitario que durante 16 años había formado parte de la cúpula de la patronal hospitalaria pivada, la Unión Catalana de Hospitales.
Ruiz se llevó de la mano a dos de sus mejores colaboradores en la Unión: Roser Fernández, a la que nombró secretaria general del departamento, y Josep Maria Padrosa, al que aupó a la dirección del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), puesto clave en la gestión del presupuesto. Su equipo lo completó con otros firmes partidarios de la colaboración público-privada, el eufemismo que se aplica a la privatización.
Tras asentarse en el cargo, el propio Ruiz pronunció una frase que sonó a declaración de principios: “La salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado”. Por si quedaban dudas, agregó: “No hay un derecho a la salud porque esta depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos”.
Desde que asumieron las competencias de Sanidad en 1981, los dirigentes de Cataluña siempre han querido demostrar que los hospitales públicos pueden funcionar con una gestión privada. En aquel momento la Generalitat heredó del Estado hospitales que albergaban el 27% de las camas, además del 90% de la atención primaria, y se encontró también con un heterogéneo conjunto de instalaciones sanitarias sin ánimo de lucro propiedad de ayuntamientos, diputaciones y entidades religiosas.
El primer Gobierno de Jordi Pujol sumó ambos bloques en la Red de Hospitales de Utilización Pública (XHUP), pero de manera diferenciada: para los transferidos creó el Instituto Catalán de Salud (ICS), mientras que el resto de centros de titularidad pública se agruparon en el Consorcio Hospitalario de Cataluña. Los primeros han conservado hasta ahora la gestión pública, y el otro grupo ha desarrollado, pese a su carácter público, un sistema de gestión privada con el apoyo de las entidades creadas por el consorcio, conformando lo que se denomina modelo sanitario catalán.
También pólizas privadas
Junto a estos dos bloques están los hospitales plenamente privados, una parte de ellos integrados también en la red de utilización pública, que suman 11.000 camas: un tercio de todas las que hay en Cataluña y un tercio también de las camas de los hospitales privados con ánimo de lucro de toda España. En consecuencia, esta es la comunidad donde los seguros médicos tienen un mayor alcance: 2,5 millones de ciudadanos tienen suscrito algún tipo de póliza privada, uno de cada tres.
Este modelo sanitario, desarrollado durante más de 20 años por los distintos gobiernos de Pujol con la colaboración de los socialistas, hegemónicos entonces en los grandes ayuntamientos, no experimentó modificaciones sustanciales en los siete años de gobierno del tripartito de izquierdas. Pero el regreso de CiU ha cambiado la situación.
El primer Gobierno de Artur Mas no sólo presumió de iniciar los recortes sociales antes que el resto de España, sino que inmediatamente impulsó una ley de reestructuración del sector público, denominada Ley Ómnibus y aprobada en diciembre de 2011. Esta norma marca las pautas del asalto al bastión de la sanidad pública, el ICS, que puede ser troceado y privatizado, tanto sus hospitales como los centros de atención primaria. También permite que todos los hospitales públicos ofrezcan servicios complementarios de pago, incluido el alquiler de los quirófanos cerrados por los recortes.
En perspectiva
Desigualdad entre comunidades autónomas
El gasto público sanitario está vinculado al sistema de financiación autonómica. Son diferentes las comunidades del régimen general de las que disfrutan del concierto enconómico, el País Vasco y Navarra. Estas dos últimas se sitúan año tras año entre las que más dinero destinan a la sanidad.
En las de régimen general, dado que la distribución de fondos no está solo vinculada al número de habitantes, sino que se atiene también a otros criterios, las autonomías poco pobladas pero con mucho territorio reciben proporcionalmente más fondos, lo cual se refleja en el gasto público sanitario, aunque luego cada Gobierno pueda redistribuir el total de lo que recibe según sus criterios.
El gasto sanitario privado compensa a veces el escaso gasto público. Son los casos de Cataluña y Madrid. Sin embargo, en comunidades como la valenciana y Andalucía ambos figuran entre los más bajos. En el extremo opuesto se sitúa el País Vasco, donde está la sanidad mejor financiada tanto pública como privadamente.
