La cooperación vuelve a la carga

La cooperación internacional vuelve a estar en marcha. Al cierre de esta revista y a falta del trámite final, estaba a punto de aprobarse la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, ya refrendada por el Senado en diciembre pasado con la abstención del Partido Popular y el rechazo de Vox. La nueva norma sustituirá a la actual Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, vigente desde julio de 1998.

Las ONG están de enhorabuena porque se han tenido en cuenta muchas de sus peticiones. Y la AECID (Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo) se pone otra vez su traje de trabajo. Ha culminado lo que las ONG llaman “la década perdida de la cooperación”. Solo en gestión, poco a poco, había perdido más del 50% de su presupuesto y su personal. 

 

“En principio, la valoración es buena. Se ha logrado superar las tensiones políticas y el proceso ha sido muy participativo”, dice Irene Bello, presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. “La coordinadora ha estado en muchísimos espacios, incluso en la fase de enmiendas. Hemos estado detrás de 17 enmiendas y prácticamente todas han entrado”.

Para las ONG, un gran avance es el propio enfoque de la ley, que está más adaptada a los tiempos actuales tras más de 20 años de vigencia de la norma anterior. Se ha adaptado a la agenda 2030 y se ha incluido la transformación hacia un mundo “más feminista, ecologista y que tiene en cuenta las desigualdades”.

Por ejemplo, la ley de 1998 ya hablaba de enfoque de género, pero ahora se incluye una mirada más transversal en todos los proyectos. Se busca que todas las intervenciones se hagan con las mujeres y con la mirada de las mujeres, más allá de que luego haya proyectos específicos para ellas. Ahora todas las iniciativas deberán tener una mirada feminista y ecologista”.

 

Uno de los hitos de esta ley es el compromiso de llegar en 2030 a dedicar el 0,7% de la renta nacional bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Es la primera vez en la historia que esta cifra está claramente descrita en una ley. Se trata de una petición muy antigua de las orgnizaciones no gubernamentales y que corresponde también a criterios internacionales que ya cumplen algunos países. El 0,7% destinado a la AOD fue fijado en un acuerdo adoptado por Naciones Unidas en mayo de 1972, pero España aún no los ha cumplido.

 

Focus 2030, una asociación internacional en la que participan organizaciones como Oxfam, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considera que esta nueva ley es una gran oportunidad. Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2021 España desembolsó un volumen de AOD neto de 2.995 millones de euros, o el 0,25% del PIB. Con esta cifra, España se sitúa en el decimotercer puesto de la clasificación de principales donantes de la OECD.

De ser alcanzado, y según las estimaciones realizadas por Focus 2030, “dicho objetivo ubicaría a la AOD española en un desembolso neto anual de 10.484 millones de euros en el año 2030, lo que representaría un aumento de alrededor de 7.000 millones de euros respecto al volumen de ayuda que el Gobierno prevé desembolsar en el año 2022. Este incremento vendría a consolidar la apuesta del ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos por reforzar la AOD española, después de los severos recortes infligidos después de la Gran Recesión durante la década de 2010”.

 

Los compromisos adquiridos a principio del mandato de ir aumentando la ayuda paulatinamente se han visto mermados por la crisis de la covid-19. Como explica Oxfam Intermon en el informe Realidad de la Ayuda 2022: Cooperación Internacional para la Justicia Global, el Gobierno incluyó en su programa el objetivo de aumentar la AOD hasta el 0,5% del PIB al final de la legislatura, en 2024. Pero opinan que este objetivo posiblemente no se alcanzará, por los ajustes presupuestarios relacionados con la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania.

Sin embargo, sí hay una política activa a favor de cumplir los compromisos internacionales. No solo presionan las ONG y Naciones Unidas, sino el mismo Consejo de la Unión Europea, que subraya: “Es urgente que la UE y sus Estados miembros tomen medidas para cumplir sus compromisos colectivos de destinar, a más tardar en 2030, el 0,7 % de la RNB a la AOD".

 

Si bien casi todos los partidos se han puesto de acuerdo para renovar la ley, lo que queda ahora es la parte más compleja: el Sexto Plan Director de la Cooperación Española, que es el instrumento que concreta en acciones las intenciones de la ley. Allí se hablará, entre otras cuestiones, de transparencia, rendición de cuentas, sistemas de seguimiento y evaluación de proyectos, y de muchos otros asuntos.

 

Falta ver cómo se articula la ayuda, y es ahí donde puede haber discusiones más problemáticas. Irene Bello cree que es es importante que se articule “la participación tanto de las oficinas de la AECID como de las organizaciones y de los socios locales para que responda a las prioridades de la ley, y que realmente se concreten esos compromisos del 0,7%.

La nueva norma marca que hay seis meses para publicar los reglamentos y decretos que acogerán reformas como la propia de la AECID. Entre otras cosas, se va a reformar el estatuto de las personas cooperantes para regular, por ejemplo, los seguros de salud y extensión a sus familiares, las ayudas escolares,  la conciliación familiar y, en general, la mejora en la vida de las personas cooperantes y del personal de la AECID que trabaja en los países.