Cada vez que aparece un desafío de gran calado, como la última pandemia o el cambio climático, queda patente la necesidad de acudir a la intervención del Estado para evitar un colapso económico y social. Las empresas privadas son incapaces de solventar por sí solas las dificultades de cierto riesgo o determinadas dimensiones. Ya se vio su incapacidad para hacer frente a la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, provocada por una crisis financiera descomunal. La intervención decisiva del Gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt con el New Deal (inversiones públicas y seguros sociales) resultó imprescindible para la viabilidad del capitalismo. Desde entonces, la intervención pública en la economía no ha hecho más que crecer ante el cúmulo de desafíos que han aparecido, como la necesidad de financiar un nuevo modelo energético para evitar la destrucción del planeta.
El recurso a las ayudas públicas a través de bancos estatales o multilaterales es significativo en el ámbito financiero, a pesar de que el discurso convencional sea reticente a reconocerlo. Asistimos a crecientes demandas para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) asuma un mayor protagonismo en la financiación de la industria de la defensa y de la energía nuclear, caracterizada por un mayor riesgo y gigantescas pérdidas como en Francia. El BEI, el mayor banco multilateral del mundo con un balance de 544.588 millones de euros, financia actividades clave para la innovación y el medio ambiente que permiten una mínima estabilidad del sistema.
En el ámbito nacional, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha desempeñado un papel estratégico en la canalización de los fondos europeos. El Gobierno recurre ahora a él para complementar la financiación de la adquisición de viviendas.
En todos estos casos los bancos públicos actúan como auténticas muletas de las entidades privadas para que puedan operar con seguridad sin asumir la parte más arriesgada de sus negocios.
Factura abultada
Tras la crisis financiera y de deuda de 2008-2010 se creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con más de 700.000 millones de euros para ayudar a los Estados y a los bancos con dificultades. Europa ha regulado las ayudas públicas para evitar que puedan distorsionar la competencia y perjudicar a empresas y ciudadanos. Las autoridades, no obstante, no han logrado impedir que las intervenciones públicas hayan acabado significando un elevado coste para los contribuyentes.
El último Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) compara las ayudas públicas recibidas por los bancos españoles y los europeos tras la crisis financiera durante el periodo 2008-2021. En España, las ayudas totales (básicamente capitalización, rescate de activos deteriorados y garantías) ascendieron a 476.677 millones de euros, el 45% del producto interior bruto (PIB). En la Unión Europea los apoyos públicos se elevaron a 4,5 billones de euros, equivalentes al 35% del PIB.
Las ayudas específicas a recapitalizar los bancos españoles ascendieron a 64.098 millones de euros, el 6,15% del PIB, casi el doble que en la UE, que fue del 3,16% del PIB. En España se han recuperado 5.225 millones de euros y se consideran recuperables otros 6.344 millones por la posible venta de la participación estatal del 16,11% en CaixaBank. No obstante, si se consideran los costes totales de la crisis financiera que se han tenido que reconocer y aparecen como aumento del déficit público —como hace Eurostat—, la factura es mucho mayor y asciende a 74.100 millones de euros, hasta finales de 2022. Además, el saneamiento de la Sareb (banco malo) comportó un aumento de la deuda pública de más 30.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo (BCE) ha proporcionado financiación privilegiada a los bancos europeos que ha supuesto unos beneficios extraordinarios de 140.000 millones de euros en 2023, según distinguidos expertos como los profesores Paul de Grauwe, David Hollanders y Carlos Arenillas, exvicepresidente de la CNMV, y Jorge Pérez, ex jefe de regulación del Banco de España.
A la vista de las cuantiosas ayudas estatales que recibe la banca privada, urge una nueva regulación que impida los múltiples abusos a los consumidores y la autoconcesión de unos sueldos estratosféricos fuera de toda racionalidad económica. Son prácticas que están en las raíces de la crisis financiera como ya apuntó el Consejo de Estabilidad Financiera en 2009.
