El año 2024 se presenta lleno de incertidumbres. Acabar con las guerras en Ucrania y Gaza debería ser el propósito prioritario. En el ámbito nacional, aunque la lista de asuntos candentes es larga, hay cuatro desafíos que exigen una respuesta urgente: la pobreza infantil, los desahucios y la falta de vivienda asequible, la sequía y la estabilidad de empresas estratégicas como Telefónica.
La pobreza infantil, que alcanza a uno de cada de tres menores, se ha cronificado en España hasta convertirse en el peor país de la Unión Europea, según Unicef. Sorprenden las dificultades para corregir la situación. En en el último año la pobreza infantil solo se ha reducido en el 4% en España, mientras que Polonia y Eslovenia consiguieron mitigar este problema en el 30%. Europa acaba de aprobar nuevas reglas fiscales sobre los límites de déficit (3%) y deuda (60%). Aunque se han flexibilizado, los países que las incumplan serán sancionados. Resulta incomprensible que no haya también metas obligatorias en un asunto tan sensible como la pobreza infantil, con sanciones a los países que no hagan esfuerzos para erradicarla.
Resulta igualmente urgente proporcionar una mínima estabilidad a las decenas de miles de familias desahuciadas que viven pendientes de que el Gobierno apruebe una nueva moratoria para no ser expulsadas de las casas que un día fueron suyas. Hay familias que viven en esta inseguridad desde hace una década. Muchas de estas viviendas fueron vendidas a fondos buitre por precios irrisorios. El Gobierno tiene pendiente la transposición de una directiva sobre la cesión de préstamos hipotecarios que debería aprovecharse para regularizar la situación de estas familias a través de alquileres sociales asequibles. No se trata de otorgar una nueva moratoria de unos meses o un año más. Es necesaria una solución definitiva.
Crisis climática
En tercer lugar, estamos constatando que la sequía ha dejado de ser una cuestión de probabilidades para convertirse en una realidad que se agrava de forma inexorable en todo el planeta. Como han advertido Mariana Mazzucato y otros economistas, hay unos vínculos estrechos entre la crisis climática, la biodiversidad y el agua. La cuestión fundamental es que el sistema económico vigente se basa en una “economía defectuosa”. Critican que el pensamiento económico actual considere “solo los beneficios del saqueo del planeta”.
España es uno de los países más castigados por la disminución de recursos hídricos. Más de nueve millones de personas, principalmente en Cataluña y Andalucía, sufren restricciones de agua. Es necesario cambiar las ideas sobre el agua como un bien vinculado a un territorio. Debe considerarse un bien común y gestionarse de manera consensuada entre regiones y Estados. La Administraciones deberían proporcionar toda la información disponible y dar a conocer los planes alternativos según la gravedad de los acontecimientos.
Empresas estratégicas
Las consecuencias de la falta de política industrial han quedado en evidencia ante la posible pérdida de control de una compañía tan estratégica como Telefónica. La alarma saltó tras la adquisición de una participación del 4,9% de la operadora española, con opción para comprar otro 5%, por parte del grupo Saudi Telecom Company (STC). El Gobierno ha reaccionado con la decisión de adquirir el 10% de la compañía. Es una respuesta adecuada, pero insuficiente para asegurar el control de una empresa que cuenta con la principal infraestructura de telecomunicaciones del país y proporciona servicios básicos al Ejército y a otros departamentos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar las telecomunicaciones en todo el el territorio. El proceso de privatizaciones desarrollado por el Partido Popular con Aznar fue mucho más papista que el ejecutado por países como Italia, Alemania y Francia, que nunca perdieron el control en sus compañías de telecomunicaciones.
Para asegurar el control España confía en BBVA y el grupo La Caixa, que poseen el 4,8% y el 5,9%, de Telefónica, respectivamente. Una manera de reforzar este control es asegurando que el Estado no venderá su participación del 16% en Caixabank. La nacionalización parcial de Telefónica sintoniza con los países más sensatos que defienden sus empresas estratégicas. Esta política debería ampliarse a todos los sectores que fuera necesario de los que dependen servicios básicos como el energético y el financiero.
