La desigualdad, la pobreza y las deficientes condiciones de vida constituyen las mayores preocupaciones para una cuarta parte de la población de este país. Aunque durante el último año se han reducido tanto las desigualdades como los índices de pobreza en España, se observa que las diferencias existentes se producen no solo entre territorios, sino también dentro de las mismas ciudades. Son unas desigualdades cuya consecuencia más injusta es que pueden acortar hasta seis años la esperanza de vida de las personas, según la ciudad o barrio en que habiten. Los ayuntamientos, que son las administraciones que deben afrontar en primera línea estos desafíos, se encuentran cada vez con menos recursos en términos relativos dentro del gasto público del Estado.
Los recientes indicadores de la plataforma europea contra la pobreza (EAPN por sus siglas en inglés) destacan que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se redujo en 840.000 personas el último año. A pesar de ello, unos 12,3 millones de ciudadanos (el 26% de la población) se encontraban en esta situación de riesgo en 2022, frente al 27,8% del año anterior. Si se considera el riesgo de pobreza estrictamente, es decir, las personas que viven con menos de 841 euros al mes, el colectivo afectado asciende a 9,6 millones de personas, que también se ha reducido en más de 600.000 en un año. Igualmente, ha disminuido el número de personas que padecen carencia material grave hasta 3,65 millones de personas. A pesar de las mejoras, se trata de una realidad social dramática e insostenible y que en determinados aspectos empeora. Así, por ejemplo, las personas que no pudieron mantener una temperatura adecuada de su hogar el año pasado representaron el 17% del total, frente al 10% en 2020.
Esta radiografía social ha sido complementada con los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con sus indicadores urbanos, que relacionan los niveles de renta y desempleo con la esperanza de vida de las personas. Son significativos los paralelismos hallados entre las diferencias de renta y la esperanza de vida entre poblaciones, pero quizás mucho más las detectadas dentro de las mismas ciudades. En Madrid, por ejemplo, la renta media neta anual de los habitantes de El Viso, el barrio más rico de España, asciende a 40.815 euros, mientras que para los ciudadanos del distrito de San Cristóbal se reduce a 6.918 euros. Los pobres de la capital no se hallan muy alejados de los que viven en los barrios más pobres del país, localizados en Sevilla, en el Polígono Sur (5.816 euros de renta media anual neta) y Los Pajaritos (6.043 euros).
Las diferencias de riqueza se traducen implacablemente en años de vida. Así, los ciudadanos de poblaciones de alto nivel de vida como Majadahonda, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón registran la mayor esperanza de vida al nacer, que en los tres casos es superior a los 85 años, mientras que Ceuta y la Línea de la Concepción apenas rebasan los 79 años.
Mayores gastos
La correlación se mantiene también si tienen en cuenta los años de vida y la tasa de desempleo. La Línea de la Concepción y Ceuta encabezan la listas con poblaciones con más paro, con el 29,3% y el 28%, respectivamente. También es el caso de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, con una elevada esperanza de vida al nacer de 84 años, que registra la menor tasa de paro de todo el país, con el 5,2%. Y lo mismo ocurre con Pozuelo de Alarcón, con solo el 5,8% de desocupados.
La pobreza y la falta de empleo se traducen en determinados casos en una reducción de la esperanza de vida de hasta seis años, en ocasiones dentro de una misma ciudad. Sin duda, esta es la consecuencia más injusta de las desigualdades económicas.
Los municipios deben asumir cada vez más mayores gastos para hacer frente a las crecientes necesidades en materia de vivienda o a la atención de inmigrantes, como se ha visto en el caso de los procedentes de Ucrania. Sin embargo, el peso del gasto público de las corporaciones locales en el conjunto del Estado se ha reducido sustancialmente. Así, mientras que en 1998 el gasto de las corporaciones locales representaba el 13,8% del total del gasto público, en 2020 ascendía solamente al 10,1%.
Las crecientes necesidades de los municipios exigen una mayor participación de los mismos en el reparto del gasto público para que puedan desplegar las políticas necesarias para reducir unas desigualdades que suponen un grave coste para la salud de los más pobres.
