El trauma de la pandemia

La pandemia de coronavirus puso en evidencia los fallos del modelo de residencias en España. Desde el primer momento se vio que los centros de mayores no estaban preparados para hacer frente a una emergencia como aquella: ni tenían el personal adecuado ni disponían de atención primaria para quienes cayeran enfermos. Lo más doloroso fue que miles de residentes murieron porque se les negó el traslado a un hospital. “Las autoridades sanitarias entregaron todos los medios a los hospitales y abandonaron las residencias”, afirma el periodista Manuel Rico. Más de 34.000 personas murieron en centros de mayores durante los tres años de pandemia.

Familiares de residentes fallecidos han presentado más de 100 querellas ante la justicia para depurar responsabilidades, pero no se ha condenado a nadie por lo sucedido. En varias comunidades autónomas se llegó a prohibir el traslado a hospitales a residentes para recibir atención médica. Aunque no fue la única en hacerlo, el caso de la Comunidad de Madrid es especialmente sangrante por el elevado número de muertos en las residencias en los primeros días de la pandemia. 

Lo sucedido está siendo investigado por el juzgado número 4 de Plaza de Castilla. El 23 de marzo pasado, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad hasta octubre de 2020, de Ciudadanos, declaró ante el juez que los llamados protocolos de la vergüenza existieron, a pesar de que el Gobierno regional lo niega. "Lo dije claramente en 2020: dije que estos protocolos no eran éticos y no eran legales”. 

El alto cargo que firmó los documentos, Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sanitaria, manifestó el mismo día que los documentos contaban con el visto bueno del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Los protocolos, afirmó Mur, se dictaron para apoyar a los sanitarios que tomaban las decisiones de hospitalización y no eran obligatorios. Ello se contradice con la versión del exconsejero de Políticas Sociales, quien declaró que sí eran vinculantes.

Sin médicos

Manuel Rico explica que los protocolos se redactaron bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas, algo que no sucedió. El personal que podría haber llevado a cabo esa medicalización no fue enviado a las residencias, sino al hospital de campaña en el recinto ferial de IFEMA, al que también se prohibió trasladar a residentes en hogares de mayores. En vez de enviar médicos a las residencias, subraya Rico, lo que hizo la Consejería de Sanidad fue llamar a personal médico que trabajaban en ellas para que fueran a trabajar a otros lugares, y no se llevó a ningún residente a hospitales privados, salvo que tuvieran un seguro privado. En las tres semanas posteriores a la aplicación del protocolo murieron en las residencias madrileñas cerca de 6.000 mayores sin recibir atención hospitalaria. 

Las asociaciones de residentes y familiares señalan como uno de los principales responsables al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quiere que Ruiz Escudero sea candidato al Senado en la próxima legislatura. Si, finalmente, resulta elegido, tendrá inmunidad parlamentaria y solo podrá ser procesado con autorización expresa de la Cámara Alta.