Una salud cada vez más privada

  • 12 Mayo, 2020

    Los recortes impuestos a la sanidad pública tras la crisis del 2008 han propiciado que un número  creciente de españoles haya suscrito pólizas privadas. El área más castigada por la falta de recursos ha sido la atención primaria, que ahora ha pasado a ser fundamental para afrontar la lucha contra el virus en la etapa posterior al confinamiento. Por su interés en este momento, publicamos de nuevo el artículo de portada de la edición de Alternativas Económicas del pasado septiembre.

    A medida que aumenta la percepción de que el sistema público de salud se deteriora, cada vez más españoles optan por contratar un seguro privado de salud. Aunque varía de una  comunidad autónoma a otra, la tendencia es más acentuada en aquellas gobernadas por el Partido Popular (o la antigua Convergencia i Unió en el caso de Cataluña), que han hecho de la privatización sanitaria uno de los ejes de su gestión.

     

    CAMBIO DE TENDENCIA Los recortes han empeorado la percepción ciudadana  de la sanidad pública. FOTO: GONZALO HÖHR

    El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), lobby de las empresas del sector, calcula que la medicina privada superó el año pasado los 8,5 millones de usuarios, incluyendo aquellos que tienen un seguro de asistencia sanitaria y quienes se benefician del reembolso de gastos, lo que supone un incremento del 20% con respecto a los 7 millones del año 2014. Unespa, organización patronal del sector de los seguros, eleva la cifra hasta los 10,26 millones. Y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países industrializados, el porcentaje de españoles que usan la sanidad privada es hoy más del doble que a principios del siglo, al pasar del 7,6% en 2001 al 16,5% en 2017 (véanse gráficos).

     

    EL DINERO DE LA SANIDAD

    Principales cifras del sistema

    ¿Por qué cada vez más ciudadanos deciden pagar por ir al médico? La profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Granada (UGR) Dolores Jiménez Rubio apunta que la creciente demanda es una señal de que el sector público no tiene el nivel que exige la ciudadanía. “Existen diversos estudios a nivel nacional que encuentran que la calidad percibida del sistema sanitario está inversamente asociada a la demanda del seguro médico privado”. Es decir, cuanto más se percibe un empeoramiento de la asistencia pública, más aumenta el número de usuarios de la privada. “También es posible”, agrega Jiménez Rubio, “que una vez superada la larga crisis económica, una mayor proporción de la población disponga de la renta suficiente para permitirse este gasto”.

    Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), coincide en que el menoscabo de la asistencia médica pública empuja a los pacientes hacia la privada. “¿Qué opciones le quedan a alguien que se pone enfermo? O ir a unos servicios de urgencias saturados o ir a la privada si se lo puede permitir”, afirma. “Quien tiene dinero opta por la asistencia privada y los demás se tienen que aguantar con la pública”.

    Carlos Humet, exdirector médico del Hospital de Barcelona, de propiedad cooperativa, opina que el primer paso que deben dar los responsables del sistema público es preguntarse qué se está haciendo mal para que tantos ciudadanos opten por la asistencia privada. “Si la pública no diera tantas dificultades, la privada no crecería tanto”, apunta Humet. “Desde lo público con frecuencia se descalifica de forma taxativa lo privado, pero no se aportan soluciones a los problemas de los ciudadanos, más allá de la genérica falta de recursos económicos por los recortes y la falta de presupuesto”. 

     

    LISTAS DE ESPERA

    Jiménez Rubio y su compañero de la UGR David Epstein han analizado las respuestas de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a la pregunta de por qué deciden contratar un seguro privado de salud. Su conclusión es que la mayoría lo hacen por la rapidez, el trato personal y la comodidad que encuentran en la asistencia privada, pero al mismo tiempo reconocen que el sistema público tiene la mejor tecnología. “Este dato apoya la conclusión de que mucha gente con el seguro privado utilizaría la sanidad privada para tener un diagnóstico rápido o para tratar alguna condición leve, pero volvería al sistema público si tuviera una condición grave”, señala Jiménez Rubio, de la UGR. De este modo, quienes contratan un seguro de salud privado lo utilizan para recibir atención primaria, asistencia especializada y otros servicios donde la información y el trato personal se consideran de calidad, pero recurren al sistema público para intervenciones importantes en las que es decisivo disponer de los medios técnicos más avanzados y del personal más capacitado. El sistema privado se convierte así en un complemento al público en los ámbitos que este deja libres.

    Humet no está de acuerdo con que la dotación de los centros públicos sea mejor que la de los privados. “Esto fue así en el pasado”, afirma. “Actualmente ya no se puede afirmar de forma categórica. Hay centros privados con tan buena dotación como la de los mejores de la pública”.

    Cuando se pregunta a los ciudadanos, una de las razones que esgrimen para justificar el uso de la sanidad privada es el largo tiempo que tardan en ser atendidos, tanto en urgencias como en las consultas de especialistas y las intervenciones quirúrgicas. Marciano Sánchez Bayle, de la FADSP, sospecha que las listas de espera son bastante más amplias de lo que se reconoce oficialmente.

    La atención empeoró con los recortes presupuestarios tras la crisis

    El gasto sanitario público es cada vez menor con relación al PIB

    La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que si necesitamos que el médico de cabecera del sistema público nos atienda, por lo general lo hace en un tiempo aceptable. El problema, agrega la OCU, “llega cuando este considera que nuestro caso precisa del diagnóstico de un especialista, pues entramos en una lista que parece ser un embudo y que aumenta si se precisa una operación quirúrgica”. En este terreno hay enormes diferencias entre comunidades autónomas. Un ejemplo: mientras que un vasco espera solo 28 días de media para ser atendido por un especialista, un canario tarda 123 días. Hay ciudadanos que esperan de media cuatro veces más que otros para ser atendidos por un especialista, dependiendo del lugar de España en el que vivan. En algunas comunidades, uno de cada tres pacientes sufre una espera superior a los seis meses para una intervención quirúrgica, mientras que en otras este porcentaje es muy reducido o ni siquiera existe. 

    La OCU subraya que los pacientes también tienen que esperar paran ser atendidos en los centros privados. La organización ha comparado los tiempos de espera de ocho aseguradoras en siete especialidades médicas y su conclusión es que siendo significativamente menores que en la sanidad pública, las listas de espera en la privada “tampoco se quedan cortas”. 

    Quienes contratan un seguro privado recurren a él con asiduidad. Según un estudio de la aseguradora Mapfre, 9 de cada 10 lo utilizan al menos una vez al año. Radiografías, ecografías, resonancias y tomografías computarizadas son las pruebas más frecuentes. Por especialidades médicas, odontoestomatología, obstetricia y ginecología son las más utilizadas por los pacientes. En 2018, una de cada cuatro aseguradas acudió al ginecólogo en al menos una ocasión.

     

    LOS ESTRAGOS DE LA CRISIS

    El deterioro en la atención pública se acentuó tras los recortes presupuestarios aplicados tras el estallido de la crisis, en 2008. El ajuste se tradujo en mayores tiempos de espera, menos camas hospitalarias y menos personal sanitario. Según la FADSP, también empeoraron las condiciones laborales, pues fueron frecuentes la congelación de salarios, la eliminación de días libres, la no reposición de las bajas y el incremento de las jornadas. La situación comenzó a mejorar algo a partir de 2015, coincidiendo con el inicio de la recuperación económica, pero aún no se han alcanzado los niveles de la década pasada. Para Sánchez Bayle, tras los recortes hay algo más que una necesidad de cumplir con los objetivos presupuestarios impuestos por  Bruselas. “La crisis no ha sido más que una excusa para profundizar en tendencias que ya estaban ahí y seguir deteriorando el sistema público”, afirma. 

    En los últimos 10 años el gasto sanitario público ha ido reduciendo su peso con relación al producto interior bruto (PIB), mientras crecían las cantidades que la ciudadanía dedica a la sanidad privada. En 2016 el gasto sanitario público en porcentaje del PIB (6,4%) fue cuatro décimas inferior al pico registrado en 2009 (6,8%), coincidiendo con el comienzo de la crisis (v. gráfico de la página 7). En el mismo periodo, el gasto sanitario privado aumentó del 2,2% del PIB al 2,6%. A la vez se ha producido un descenso de la participación del sector público en el gasto sanitario total: si en 2009 suponía el 75,4%, en 2016 descendió al 71,2%. El peso del gasto privado, mientras tanto, creció en el mismo periodo del 24,6% al 28,8%.  

    Los recortes han tenido un impacto muy duro en la atención primaria

    El sector de la sanidad privada se presenta a sí mismo como un “aliado estratégico” del sistema público, al que ayuda a “liberar recursos y generar ahorro”. El IDIS asegura que los centros privados, además de contar con profesionales de calidad y centros con la última tecnología, ofrecen a los ciudadanos libertad para elegir el tratamiento que desean y ponen a su disposición un modelo flexible contrapuesto a “estructuras rígidas que generan ineficiencias”. Según la misma fuente, la sanidad privada ahorra al sistema nacional de salud entre entre 4.643 y 10.409 millones de euros cada año.

    Con la excepción de Asisa, las grandes aseguradoras de salud que operan en España están estrechamente vinculadas a nombres muy conocidos del sector asegurador y financiero. Según datos del sector, las mayores aseguradoras de España por volumen de primas son Adeslas, con un 28,8% de cuota de mercado, Sanitas (15,7%), y Asisa (13,5%), seguidas de DKV (6,6%) y Mapfre (6,1%). Entre las cinco controlan más del 70% del mercado. Adeslas, líder del sector, es propiedad de Mutua Madrileña y de VidaCaixa, grupo asegurador de CaixaBank. Sanitas, fundada en 1954 por un grupo de médicos españoles, fue adquirida hace 30 años por la multinacional británica UPA.

    Asisa es un caso particular. Es propiedad de Lavinia, una cooperativa sin ánimo de lucro compuesta por más de 10.000 médicos. También forma parte de esta especie de tercera vía el Hospital de Barcelona, con la particularidad de que entre sus propietarios no solo hay profesionales de la medicina, sino también usuarios. El centro es propiedad de la cooperativa de usuarios SCIAS y la cooperativa de médicos Assistència Sanitària.

     

    LA OPINIÓN DE LOS PACIENTE

    A pesar del fuerte incremento del uso de la sanidad privada, la sanidad pública sigue siendo el pilar básico de la asistencia médica y, aunque menguante, goza aún de un grado de aprobación relativamente alto entre los usuarios. España está todavía significativamente por debajo de la media europea en cuanto a implantación de la sanidad privada. En la mayoría de los países europeos, solo una pequeña parte de la población cuenta con un seguro privado de salud, pero hay cinco (Francia, Holanda, Eslovenia, Bélgica y Croacia) donde la mitad de las personas tiene uno. El mayor sistema dual público-privado es el de Irlanda, donde el 45% de los ciudadanos optan por la sanidad privada para no tener que soportar las esperas del sistema público. 

    ¿Qué opinan los usuarios?

    ¿Qué opinión tienen los pacientes del sistema sanitario? La nota llegó a caer hasta el 6,31 sobre 10 en 2014, tras los recortes presupuestarios, pero se fue recuperando a medida que la situación económica mejoraba hasta alcanzar el 6,68 en 2017 y volver a caer al 6,57 en 2018 (v. gráfico en la página 9). La opinión de los usuarios, sin embargo, difiere mucho dependiendo de la comunidad autónoma. Según la lista elaborada por la FADSP, los vascos son claramente los más satisfechos con su sistema sanitario, seguido por los navarros, los aragoneses y los castellanoleoneses. Los más descontentos son los canarios, los valencianos y los catalanes.

     

    INTENCIONALIDAD POLÍTICA

    ¿Existe una intencionalidad política tras el deterioro de la sanidad pública? Marciano Sánchez Bayle sostiene que los partidos conservadores tienen una hoja de ruta para fragmentar el sistema en dos: una medicina privada para quien pueda costeársela y un sistema de Seguridad Social de baja calidad para el resto de la población. De imponerse este modelo, afirma el presidente de la FADSP, este quedaría limitado a “una especie de sistema de beneficencia”.  

    España está aún por debajo de la media europea en uso de la medicina privada

    Cinco grandes aseguradoras controlan el 70% del mercado español

    Jiménez Rubio apunta a la existencia de un conflicto de intereses, no solo por la existencia de puertas giratorias en el sector, sino porque la conveniencia de los funcionarios (que pueden elegir en cualquier momento sanidad pública o privada sin coste alguno) no está necesariamente alineada con los del sector público, su empleador, que está obligado a proveer un servicio sanitario eficiente y de calidad. Se da la paradoja de que la élite política es responsable en buena medida de un servicio público que parece no utilizar: la mayoría de los funcionarios de carrera optan por la sanidad privada, y, en general, son más críticos del rendimiento del sistema público que la población general. La profesora de la UGR advierte del peligro que supone que la población que más usa la sanidad privada acabe quedándose sin incentivos para pagar los impuestos que sirven para financiar el sistema público de salud y no respalden con su voto las políticas de solidaridad y cohesión social cuando lleguen las elecciones. “La demanda de seguro privado podría en el largo plazo derivar en un sistema sanitario público de menor calidad”, concluye la profesora.

    Carlos Humet tiene la impresión de que ningún grupo, incluidos sindicatos y médicos, está interesado de verdad en resolver el problema: “A los intereses de unos y otros el statu quo existente les va bien en tanto no haya conflictos”. Sostiene Humet que un sistema sanitario público aporta solidez al Estado de bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que su existencia es incuestionable en un país desarrollado. “El sistema público debería funcionar de forma eficiente y con una calidad asistencial óptima”, agrega. “Ello no sería óbice para la coexistencia de un sistema privado donde el que más tiene aporta recursos al sistema sanitario general, descargando al sistema público de los gastos que asume por su atención en la privada”. 

     

    POLÍTICA

    Madrid, laboratorio de la privatización

    Gobernada ininterrumpidamente por el Partido Popular desde 2003, la Comunidad de Madrid es el laboratorio de pruebas de la privatización de la medicina. Según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la de la Sanidad (IDS), el lobby que defiende los intereses del sector, el 34% de los madrileños cuenta con un seguro privado de salud. A pesar de tener el mayor PIB per cápita de España, es la comunidad que menos dinero público invierte en asistencia sanitaria: 1.276 euros por habitante al año.

    El afán privatizador de la Comunidad de Madrid se topó con los tribunales en el año 2014. El entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, dimitió después de que la justicia paralizase su plan para privatizar seis hospitales públicos. En aquella época presidía la Comunidad Ignacio González,hoy en libertad bajo fianza por su presunta implicación en el caso de corrupción Lezo. Fueron los años en que surgió la llamada Marea Blanca, protagonista de las mayores manifestaciones en defensa de la sanidad pública desde la restauración de la democracia.

    Hay indicios de que el nuevo Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, puede volver a la carga, esta vez por otras vías. Lasquetty se sienta otra vez en el Ejecutivo regional, ahora como hombre fuerte al frente de la cartera de Hacienda. Lasquetty no es cualquiera en el PP: ha sido secretario general de FAES, el laboratorio ideológico del PP presidido por José María Aznar, y hasta su reciente nombramiento ha ejercido como jefe de Gabinete de Pablo Casado, actual presidente del partido. 

    Lasquetty no fue el único consejero de Sanidad madrileño salpicado por la polémica. Sus dos antecesores, Juan José Güemes y Javier Lamela, ambos nombrados por Esperanza Aguirre y criados políticamente a la sombra de Rodrigo Rato, acabaron trabajando para empresas sanitarias privadas tras abandonar el cargo. Son dos ejemplos de manual de puertas giratorias.

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