Regularización ineludible

El Congreso de los Diputados acordó el 9 de abril iniciar los trámites para regularizar la situación legal de cerca de medio millón de inmigrantes sin papeles. La Cámara dio luz verde a una Iniciativa Legislativa Popular, (ILP) impulsada por varios centenares de entidades sociales, como Cáritas y asociaciones de inmigrantes, que ha contado con el respaldo de más de 600.000 firmas. La ley requiere medio millón de firmas para promover este tipo de iniciativas legales. El voto en contra de los 33 diputados de Vox, de extrema derecha, no puede paralizar la tramitación legal.

La ILP estima que en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. El texto considera que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la vigente ley de extranjería resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español. Entre las razones invocadas por los impulsores de la iniciativa presentada por Augustin Marie Nduor Ndong y otros, destacan que “la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicio públicos esenciales como la educación y la sanidad”. Las personas que malviven sin papeles trabajan sin cobertura legal de ningún tipo en condiciones de una tremenda explotación, salarios inferiores a los legales y pagados en negro, tienen enormes dificultades para acceder a una vivienda y se ven obligadas a vivir en la clandestinidad.

La iniciativa también señala que “la irregularidad impide a muchos migrantes contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad”. Un estudio de la Universidad Carlos III indica que la aportación neta media de los trabajadores regularizados se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año.

Seis procesos

Durante los últimos años España ha conocido seis procesos de regularización, cuatro llevados por el Partido Socialista y dos por el Partido Popular. La última y más importante regularización fue la realizada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que legalizó la situación de unos 600.000 trabajadores.

En la Unión Europea entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. Las más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia durante la pandemia.

Durante 2023, entraron en España 56.852 inmigrantes de manera irregular, un 82% más que el año anterior, según el Ministerio del Interior. Se trata de un cambio en la tendencia a la baja de los dos últimos años. La mayor parte de estas llegadas se registraron por vía marítima a las Islas Canarias que en total ascendieron a 39.910.

En el conjunto de Europa, la llegada de inmigrantes irregulares ha crecido de manera significativa. El año pasado Estados emitieron directamente 430.650 órdenes de notificación de abandono del país, pero menos de 110.000 fueron efectivamente expulsadas.

Por su parte, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) devolvió otras 39.239 personas durante el pasado año. Las mayores devoluciones ejecutadas por la Agencia se produjeron en Alemania (5.616); Francia (3.000) y Italia (1.420). En España efectuados por Frontex los retornos ascendieron a 506.

Muertos en el mar

El aspecto más dramático de la inmigración irregular es la impresionante cifra de muertos y desaparecidos en su intento por entrar en la Unión Europea. En 2023 más 6.000 personas murieron o desaparecieron. Entre 2014 y 2023 más de 61.000 personas perdieron la vida o desaparecieron cuando trataron de llegar a un país europeo, según la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas.

Las entradas irregulares de personas detectadas en Europa ascendieron a 380.000 en 2023, según Frontex. Sin embargo, durante el mismo año, los casos descubiertos en EE UU fueron casi nueve veces más levados (3,3 millones de personas). 

La inmigración legal, mucho más significativa en términos cuantitativos, ha comportado un importante aumento de la población española en los últimos años. La población residente ha pasado 47.400.798 personas en enero de 2001 a 48.446.594 en octubre de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).