Cobradores condenados
DPS Consulting, empresa que cobra deudas para grandes compañías como Endesa, ha sido condenada por un delito de coacciones a una mujer vulnerable
La empresa DPS Consulting (también conocida como Parés-Seixas Advocats), que presta servicios de recobro a Endesa, ha sido condenada por un delito de coacciones a Yolanda Peregrín, vecina de Cubelles (Barcelona) y en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales.
Los hechos se remiten a julio de 2020, cuando Peregrín hizo llegar a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) la grabación de una llamada en la que se le reclamaba una supuesta deuda pendiente. “Estaba extraordinariamente angustiada porque creía que la habían llamado de los juzgados”, explican desde la APE. La trabajadora de DPS Consulting (con un guion pactado por sus jefes y haciéndose pasar por personal judicial), la amenazó con embargarle las cuentas y cortarle el suministro si no pagaba en menos de una semana unas cantidades pendientes. En cuanto las personas trabajadoras de la APE escucharon el mensaje vieron que se trataba de un montaje.
Vulnerabilidad
La deuda que reclamaban ascendía a 2.000 euros. “La empresa conocía la situación de vulnerabilidad de Yolanda (...) y la mayor parte de la deuda podía haber prescrito”, explican desde la APE.
La condena, específica para Ricard Parés (administrador), Giorgia de la Mata (directora general) y una de las trabajadoras de la compañía, es de un año y ocho meses de cárcel para los directivos y de seis meses para la empleada.
“Pese a que se trata de un caso extremo —no es tan habitual que las empresas de reclamación de deuda se hagan pasar por personal judicial para estafar a familias vulnerabilizadas —, muchas otras familias como la de Yolanda son acosadas cada día por deudas con sus compañías suministradoras. Lo que hace este caso tan especial es haber conseguido una grabación en la que se pone de manifiesto el grado de deshumanización al que llegan este tipo de despachos”, agregan desde la APE.
DPS, que trabaja para Endesa, Naturgy y Aguas de Barcelona, no ha querido hablar con la prensa. En su web aseguran haber desarrollado e implementado “un procedimiento de la gestión del recobro enfocado en asegurar el éxito”.
Ese método fue justamente el que la magistrada calificó como un sistema institucionalizado de presión e intimidación por “medios legalmente proscritos”. La sentencia considera que se trata de un modus operandi “ideado e impulsado” por los directivos de la empresa y ejecutado por sus trabajadores. La sentencia explica que existía un guion preestablecido, que las llamadas se hacían desde móviles con número oculto a los que se cambiaba la tarjeta SIM cada seis meses y que no se guardaba registro de estas llamadas.
Endesa dice ser conocedora de la sentencia y reconoce que Parés Seixas (DPS) sigue gestionando procesos de recobro. “Cuando la sentencia sea firme, en caso de que se mantenga la acusación a personas físicas por coacción, tomaremos la decisión que corresponda”, afirman en la empresa eléctrica. “Endesa dispone de una herramienta de inteligencia artificial que nos permite controlar todas las llamadas que realizan nuestros proveedores de empresas de recobro para garantizar que se ajusten a la legalidad".
