Desafíos del moderno Estado de bienestar

El gasto social ha registrado un fuerte aumento en España desde 2018 debido a las políticas de los gobiernos de coalición de izquierdas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para revertir las largas secuelas de la crisis financiera de 2008 y los cambios en el modelo productivo, que se han traducido en serias devaluaciones de las condiciones laborales, y responder a nuevas demandas sociales como los cuidados.

La debacle financiera causó una catástrofe social que se reflejó en un crecimiento generalizado de la pobreza. En 2014, el momento más profundo de la crisis social, la población en riesgo de pobreza y exclusión social superó el 29% de la población española, unos 13,6 millones de personas. Es decir, dos millones más que en 2008, año que había registrado una tasa de riesgo del 22,9%. Ha sido muy difícil absorber completamente esta bolsa de pobreza. En 2023 este indicador se mantenía en el 26,5%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otro indicador del empobrecimiento generalizado es el aumento del número de familias en las que todos sus miembros están en paro, que ha pasado de 450.000 en 2007 a 932.000 en 2023, según la Encuesta de Población Activa del INE. Quizá más preocupante aún es constatar que lograr un empleo ya no equivale a salir de la pobreza. El concepto de trabajadores pobres ha ido ganando relevancia en los análisis sociales. Se trata de un colectivo que no cesa de aumentar y que ha pasado del 10,9% de los trabajadores en 2010 al 12,5% en 2022.

Hay que recordar que veníamos de muy abajo. A consecuencia de la debacle financiera, el mercado laboral se fue encogiendo hasta tocar fondo en el primer trimestre de 2013, cuando el desempleo alcanzó a 6,2 millones de trabajadores, el 26,9% de la población activa. A finales de 2023, después de una década de intensa recuperación y tras superar la pandemia de 2020, el paro afectaba todavía a 2,8 millones de trabajadores, (11,76%) a finales de 2023. La crisis dejó muchas cicatrices que fueron especialmente profundas para el medio millón de familias fueran desposeídas de sus viviendas.

Respuestas políticas

Las respuestas políticas a este tremendo deterioro social no aparecieron hasta la llegada del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Tres importantes medidas se han adoptado en los últimos años: subidas sin precedentes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que han supuesto un incremento acumulado del 53%, la creación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital, (IMV) para proporcionar unos ingresos de subsistencia a las familias más necesitadas y un fuerte incremento de los recursos destinados a la vivienda.

Con el IMV, el objetivo marcado por el Gobierno era llegar a 850.000 hogares que comprendían a 2,3 millones de personas. Durante los años de Gobiernos del Partido Popular (2012-2018) no se tomó medida alguna para proteger a estas personas, mientras que Francia, por ejemplo, puso en marcha una medida similar en 2009. La aplicación efectiva del IMV ha sido más lenta de lo previsto debido a la falta de la estructura administrativa necesaria. En 2023, el IMV sólo había llegado a 578.000 hogares, lo que suponía a 1,63 millones de personas.

Una tercera medida social muy relevante ha sido haber multiplicado por seis los recursos dedicados al acceso a la vivienda y fomento de la edificación, que han pasado de 481 millones en 2018 a 3.477 millones de euros en 2023. Sus efectos, no obstante, han quedado ensombrecidos por la tremenda crisis de vivienda provocada, entre otras causas, por el imprevisto aumento de la población de más de dos millones de personas desde 2008.

En este este escenario de lucha general contra la pobreza, el desempleo y la falta de viviendas incidió con fuerza la pandemia de covid en 2020. La respuesta decidida a la pandemia tanto en la UE como en España, significó un importante revulsivo al dar la máxima relevancia a los cuidados y a la necesidad de dedicar recursos públicos a unas actividades que hasta ahora han recaído casi exclusivamente sobre las mujeres.

La importancia de los cuidados

Los cuidados en sus diferentes manifestaciones (trabajo doméstico, servicios sanitarios y atención de los niños y mayores) ocupan un lugar cada vez más destacado en los Estados de bienestar modernos. Como señaló Lourdes Beneria Farré, profesora emérita de la Universidad de Cornell (EE UU), en la conferencia Los cuidados, el envejecimiento y la economía post pandémica (2021), la economía feminista había preparado el terreno. “La economía de las curas”, dijo la profesora, “es un concepto relativamente nuevo que la economía feminista introdujo en los años 1990 en Estados Unidos”. En su opinión, es relevante que cada vez haya más aceptación para que una parte de los cuidados que han recaído mayoritariamente sobre las mujeres “sean progresivamente públicos”. En Alternativas económicas, Beneria ha destacado la importancia de la economía feminista que “se concentró en las diversas discriminaciones de género en el mercado de trabajo, en las diferencias en la carga doméstica de mujeres y hombres, en las mismas estadísticas de trabajo que ignoraban las mujeres, en las desigualdades generadas por su participación en el desarrollo, y un largo etcétera”.

La inclusión de los cuidados como un servicio público constituye un componente básico de un moderno Estado de bienestar. Una aplicación práctica de esta idea sería la extensión hasta los seis años de una prestación universal por crianza, que propugna el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.