08 Col·lectiu Ronda // Los abogados que asustan al poder

Los poderosos suelen tener grandes despachos a su servicio, pero las clases populares cuentan con el Col·lectiu Ronda. La cooperativa, surgida de un grupo de abogados militantes, es un contramodelo que funciona.

Cuando los empresarios quieren asustar a un trabajador y conseguir que haga lo que necesitan, a veces les basta una advertencia: “¡Cuidado, que te voy a enviar a un Cuatrecasas!”. O a un Garrigues. O a un Sagardoy: hay montañas de grandes despachos de abogados al servicio de los intereses de la patronal y de los poderosos, con centenares de profesionales de alto nivel, recursos ilimitados y los mejores sueldos. A ver quién es el guapo que se atreve a decir algo.

Pero las clases populares tienen el Col·lectiu Ronda. Y a veces, desde hace algunos años, cuando los poderosos oyen este nombre también empiezan a inquietarse: este despacho, que nació en Barcelona en 1972 como unión de unos abogados laboralistas —pocos, pero amigos y comprometidos— y que en 1980, desafiando incluso los mandatos del Colegio de Abogados, se transformó en cooperativa, es hoy una potentísima referencia jurídica de los trabajadores y de las clases populares de Catalunya —y en buena medida también de España—, que pueden disponer de una herramienta de defensa que no tiene nada que envidiar a los gigantes del sector. Eso sí: con unos valores y una forma de hacer —cooperativista y autogestionaria— en las antípodas.

LABORAL, PERO NO SÓLO

El área de laboral sigue siendo la más potente y la marca de la casa, pero el despacho ha ido desarrollando otras líneas de actuación, que también se han ido convirtiendo en referencia: salud y trabajo —entre múltiples batallas ha destacado en asuntos como el amianto—; jurídico-social, centrado en los derechos de los usuarios y ahora muy activo con todos los abusos bancarios, desde las preferentes hasta el proceso de Bankia, y la economía social. Sumando el área de servicios generales, que alimenta la propia casa (informática, contabilidad, comunicación, etc.), el Col·lectiu Ronda cuenta ya con 73 socios cooperativistas de trabajo: no es nada raro, pues, el bullicio habitual de gente arriba y abajo en la sede central de la entidad, un edificio de 2.250 metros cuadrados en propiedad —¡y con la hipoteca ya pagada!— en el centro de Barcelona, en la calle de Trafalgar, muy cerca del local de ronda de Sant Pere que en su día dio nombre al despacho.

El despacho se hizo cooperativa en 1980 desafiando los mandatos del Colegio de Abogados

Las áreas tienen plena autonomía y nadie manda sobre los demás

Cada una de las áreas goza de autonomía de gestión, supervisada sólo por el Consejo Rector y la Asamblea general. Y esta es una de las características más notables de la experiencia: la autogestión no se proclama, sino que se ejerce. Aquí no hay un consejero delegado o un CEO con poderes para hacer y deshacer, sino una estructura realmente horizontal, en la que los cargos orgánicos que marcan los Estatutos no tienen más poder que los otros. La presidenta del Consejo Rector ni siquiera tiene voto de calidad. Cada una de las cinco áreas existentes se organiza a su manera, con la participación de los socios-trabajadores respectivos, con transparencia respecto a las otras áreas y unas estructuras de coordinación que son básicamente técnicas.

La autonomía de las áreas llega incluso a aspectos tan habitualmente delicados como los salarios, con un método que seguramente pondría los pelos de punta a los guardianes de la ortodoxia: cada uno de propone el suyo y luego se discute dentro del grupo, siguiendo el principio que la igualdad de tareas debe ser también igualdad de sueldo. “Al ser grupos relativamente pequeños es muy difícil escaquearse y el hecho de ser todos no sólo compañeros, sino también socios facilita mucho las cosas”, explica Txé Gasch Hurios, miembro del Consejo Rector, con más de veinte años en la casa e hijo de los fundadores Josep Maria Gasch y Angelina Hurios.

ASAMBLEA BAJO UN TILO

La idea es que todos los trabajadores acaben siendo socios, siguiendo una de las máximas de los principios cooperativos, que concibe los asalariados sólo en un estadio de prueba, mientras se tantea si la compenetración es lo suficientemente fuerte como para aumentar el grado de compromiso. Con esta lógica general se puede planificar con tiempo y sobre todo estudiar juntos cómo afrontar la aportación exigida a los socios de trabajo, de entre 9.000 y 15.000 euros, lógicamente recuperables si se deja la cooperativa o en la jubilación.

Las grandes decisiones se toman en Asamblea —una persona socia, un voto— y entre éstas no ha habido nunca el reparto de dividendos: prácticamente todos los beneficios se reinvierten o se colocan en la caja de resistencia, lo que ha permitido, por ejemplo, comprar la enorme sede central sin asumir riesgos: se ha pagado en un pis pas.

Las asambleas no tienen ningún parecido con las juntas de accionistas de las empresas mercantiles: no sólo por la falta de jerarquías y la práctica de democracia radical, sino incluso por el entorno: el Col·lectiu Ronda las celebra en una masía del siglo XVIII, can Fulló, en Argentona (Barcelona), propiedad de la cooperativa desde 1986 y de la cual uno de los fundadores llegó a ser masovero: debajo del majestuoso tilo incluso la discusión más acalorada adquiere un tono más amable. La masía es, además, un lugar ideal para reforzar los lazos entre los socios: se organizan actividades —en la carpa caben 200 personas—, pero también está a disposición del ocio: contando los colchones en el desván pueden pasar la noche en la casa incluso 30 personas.

GESTIÓN EXITOSA

Es probable que todo este funcionamiento autogestionado, democrático e igualitario haga fruncir el ceño a los grandes gurús de las escuelas de negocio convencionales, pero cuarenta y cinco años después de fundarse, el Col·lectiu Ronda no sólo ha sabido hacer la transición generacional y se ha convertido en un referente de calidad, sino que desde el punto de vista de estricta gestión empresarial es también un éxito rotundo, incluso según los parámetros clásicos de la ortodoxia y de las escuelas de negocio del sistema: excepto un par de ejercicios, siempe ha obtenido beneficios. Y en la última década ha duplicado el número de personas socias —de 36 a 73— y la facturación anual ha pasado de 4,7 millones a 8,5 millones de euros, mientras la empresa consolidaba un patrimonio notable con su nueva sede en propiedad. En este período, el inmovilizado material ha pasado de 758.000 euros a 8,69 millones.

Con el cambio de milenio —y coincidiendo precisamente con la voluntad de poner luces largas para asegurar el relevo generacional—, la cooperativa retocó el modelo para hacerlo más flexible: menos asambleas generales y más división del trabajo por áreas autogestionadas, máxima autonomía de los técnicos con criterios de total transparencia, filosofía igualitarista pero no al 100% —ahora, las responsabilidades se retribuyen y las áreas tienen un pequeño sistema de incentivos por objetivos—, introducción de criterios de profesionalidad, algunos tan elementales como que las consultas jurídicas, por norma, se cobran... Y voluntad decidida de crecer internamente.

Cada trabajador propone su sueldo y se fija tras debatirse con los compañeros

La gestión es un éxito en términos ortodoxos: la facturación ha pasado de 4,7 a 8,5 millones

Las consultas jurídicas ahora hay que pagarlas, pero no se espera cobrar antes de arrancar

Al principio se prefería un modelo de pocos socios y muy cohesionados, pero la misma dinámica cooperativa aconseja que los asalariados acaben convirtiéndose en socios: “Fue un gran acierto emprender el camino que permitió incorporar a nuevos socios; es una de las claves de la fortaleza que tenemos”, explica Jordi Pujol, uno de los fundadores, ya jubilado pero todavía muy vinculado a la cooperativa, por donde se deja caer a menudo. “Quizá se sacralizaba demasiado esto de ser socio; es como un matrimonio, sí, pero como tal también se puede deshacer y no pasa nada”, remata Gasch. Todo este proceso de retoques se acabó rematando con la ayuda de la cooperativa Hobest —un juego de palabras sobre “lo mejor del mejor”, en euskera e inglés—, convencida de que “100 cabezas piensan más que una cabeza” y, después de seis meses de trabajo, se pusieron las bases para los retoques que han acabado catapultando al Col·lectiu Ronda sin perder ninguno de sus signos de identidad.

FLEXIBILIDAD

Que las consultas jurídicas se paguen es un principio básico de profesionalización, pero no quiere decir que no se hagan excepciones para quien realmente no tiene recursos. O que no se busquen fórmulas, llegado el caso, para pagar los procedimientos en cuotas o incluso cuando se pueda. A pesar de la flexibilidad, la tasa de impagados acaba siendo bajísima y aquí no se espera a cobrar para empezar a trabajar si se acepta llevar el caso. Y que se acepte no depende del dinero que el cliente tenga en el banco sino, en general, de la justicia de la causa y del perfil de quien acude al despacho: el Col·lectiu Ronda no defiende a presuntos acosadores o maltratadores, pero tampoco a empresarios mercantiles clásicos (sí a autónomos sin trabajadores a cargo y a entidades de propiedad colectiva, como cooperativas, fundaciones o asociaciones). En cambio, tiene como objetivo no dejar desamparado a ningún trabajador: se estudian todos los casos, pese a que lógicamente se intenta llevarlos hacia delante sólo si se ven posibilidades de victoria reales y no sólo morales.

Para ayudar a tener precios asequibles y al mismo tiempo garantizar sueldos dignos a los trabajadores que refuercen la solidez del proyecto, se ideó también un sistema de abonados para abordar las consultas y asesorías frecuentes. La cuota de entrada es de 55 euros y la tarifa anual oscila entre los 55 euros de la básica y los 178 de la más alta, que incluye ya diversas áreas y cubre a todos los miembros de la familia. Los 25.000 abonados son a la vez masa social y una fuente permanente de ingresos y, por tanto, baluarte de la independencia del despacho.

El despacho acepta sólo representar a trabajadores y entidades de propiedad colectiva

Se busca el equilibrio entre precios asequibles para los clientes y sueldos dignos para los trabajadores

25.000 abonados pagan una cuota anual a partir de 55 euros para tener acceso a las consultas jurídicas

La solvencia económica del proyecto es la mejor garantía de que el Col·lectiu Ronda podrá cumplir con los objetivos que tiene desde que un grupo de amigos —Francesc Gallissà, Pep Manté, Josep Maria Gasch, Angelina Hurios, Jordi Pujol, Joan-Lluís Jornet—, procedentes básicamente de ambientes de cristianos de base y de la izquierda antiautoritaria, se pusieron a trabajar juntos por una causa en la que creían —defender los derechos de los trabajadores en pleno franquismo— sin hacer caso a quienes les tachaban de utópicos. Los objetivos no eran únicamente ganarse la vida defendiendo a las clases populares, que ya parece un reto ambicioso y difícil, sino nada menos que “transformar la sociedad”, como le gusta subrayar a Pujol, un objetivo que considera muy vigente. No es extraño, pues, que el Col·lectiu Ronda sea desde siempre uno de los animadores de todas las iniciativas que han ido cristalizando en esta dirección, desde la federación de cooperativas hasta la Xarxa d’Economia Solidària (XES), pasando por la cooperativa de servicios financieros Coop57, la fundación de la cual presidió durante años el mismo Pujol. 

Si aquel personaje de Los hermanos Karamazov se hubiera topado con el Col·lectiu Ronda, no le habría quedado otro remedio que admitir que los abogados pueden ser también “una conciencia que no se alquila”.

MÁS INFO

AÑO DE CREACIÓN: 1972
SOCIOS-TRABAJADORES: 73
ABONADOS: 25.000
FACTURACIÓN ANUAL: 8,69 milions (2016)
SEDE CENTRAL: c/ Trafalgar, 50-52, bajos, Barcelona
SEDE EN MADRID:  c/ Princesa, 7, 1.º, 2.ª
TELÉFONO: 93 268 21 99 / 91 429 31 70
WEB: www.cronda.coop