África, atada por la deuda

La deuda, gran carga para los países pobres, ha aumentado con la pandemia. La moratoria acordada por el G20 no servirá para mejorar sus cuentas.

“¡Viva la deuda!”, decíamos hace unos meses en un informe de Alternatives Économiques en el que se recordaba la importancia de no ceder a los discursos catastrofistas provocados por el aumento de nuestro endeudamiento y la necesidad de aprovechar los bajos tipos de interés para invertir en la transición ecológica y en la mejora de los servicios públicos. Es algo fácil en teoría, pero menos en la práctica, dada la fuerte reticencia política al endeudamiento que aún persiste en Europa y porque planea el espectro de una vuelta a la austeridad una vez que el cueste lo que cueste haya perdido su aura. Sin embargo, económicamente, esa idea tiene, hoy por hoy, el camino expedito, al menos en los países desarrollados, pues para los países pobres y en desarrollo, la deuda es más una carga que una palanca que movilizar al servicio del interés general. Este es especialmente el caso de África.

A nadie se le escapa: ningún país de ese continente tiene los medios para poner en marcha unos planes de relanzamiento tan espectaculares como los que se han adoptado en Estados Unidos o Europa tras la aparición de la covid-19. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ha advertido: la pandemia va a ahondar el foso que separa los países ricos del resto. 

A diferencia de lo que podríamos pensar, las remesas enviadas por las diásporas del África subsahariana desde los países del Norte se han mantenido en 2020 (+2,3%, según el Banco Mundial, si se excluye el descenso del 28% experimentado por Nigeria), pero los países han perdido importantes ingresos, sobre todo de exportaciones, debido a la caída del precio de las materias primas y, sobre todo, han tenido que hacer frente a unos gastos imprevistos de sanidad y de apoyo a la economía. Para evitar una presión adicional sobre sus cuentas, el G20 suspendió en abril de 2020 el pago de los intereses de la deuda a los 70 países más pobres del planeta, la mitad de los cuales se halla en el África subsahariana. Inicialmente de una duración de seis meses, el plan, denominado Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD), se prorrogó hasta junio de 2021 y, más tarde, hasta diciembre próximo. 

Aplazar el problema

La iniciativa ha sido aplaudida, pero es insuficiente por varias razones. En primer lugar, porque no hace sino aplazar el problema: los intereses seguirán debiéndose tras el periodo de gracia acordado por el G20. “Son demasiado escasos los países a los que afecta”, subraya también Milan Rivié, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). “Algunos se han visto excluidos a pesar de que pasan por grandes dificultades, por no decir que están en suspensión de pagos como Argentina o Líbano, porque el G20 considera que sus ingresos son demasiado elevados como para participar en la iniciativa, y otros, como Zimbabue, por los atrasos de los pagos al FMI o al Banco Mundial que deben saldar”. 

En un reciente informe sobre la sostenibilidad de las deudas africanas, la Agencia Francesa del Desarrollo (AFD) cita también entre los olvidados Túnez, Gabón y, en menor medida, Suráfrica. “Las necesidades para luchar contra la pandemia no son proporcionales al endeudamiento anterior”, escribían Marin Ferry y Babacar Scène en el número de mayo de la revista L’Économie politique. 

Otro problema es que solo afecta a la deuda adquirida bilateralmente, es decir, prestada por otros países, lo que deja fuera los créditos de las  agencias internacionales (FMI, Banco Mundial) o acreedores privados, que representan no menos del 19% de la deuda externa total de África. Los segundos, invitados a unirse a la moratoria, no han querido hacerlo. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial han justificado su no participación por el miedo a perder en los mercados financieros su condición de prestatarios privilegiados —y, por tanto, sus atractivas condiciones de financiación—. 

Deuda externa de África: 62% del PIB en el periodo 2012-2019 aumentó en un 25%

Moratoria del G20: 1,6% de los intereses totales de los países en desarollo

“La moratoria establece un trato injusto entre los países, pues la bocanada de aire fresco que reciben depende del nivel de endeudamiento bilateral de cada uno de ellos”, subraya Marin Ferry, investigador de la Universidad Gustave-Eiffel. Guinea y Somalia, cuya deuda exterior es casi en un 60% bilateral, reciben más ayuda que Burkina Faso y Ruanda, cuyo porcentaje apenas supera el 10%. Por ello, algunos gobiernos han renunciado a participar en la moratoria. Esta decisión también está motivada por el temor a que una confesión de necesidad de liquidez lleve a las agencias de calificación a degradar su nota financiera y, por tanto, a los inversores privados a imponerles costes de financiación más elevados.

“En realidad, es poco probable, puesto que la moratoria es una forma de subvención indirecta a los acreedores privados por parte de los acreedores públicos, pues una parte del dinero liberado por el G20 va a servir para amortizar la deuda a otros acreedores no bilaterales”, estima Ferry.

En total, solo han quedado en suspenso 6.000 millones de euros de intereses, es decir, el 1,6% del total de los intereses que debían los países en desarrollo en 2020. La iniciativa ha resuelto, por tanto, solo en parte un problema de liquidez a corto plazo, pero no servirá para liberar a los Estados del peso de su endeudamiento a un plazo más largo. Y es que el problema no data de la pandemia: entre 2012 y 2019, la deuda pública en África había ya pasado del 37% al 62% del PIB.

Más financiación privada

¿Es necesario, entonces, lanzar una nueva tanda de anulaciones? Eso es lo que terminó decidiéndose a comienzos de los años 2000 a través de la iniciativa PPTE, destinada a los países pobres y muy endeudados. Pero hoy esa solución es más complicada debido a la evolución del perfil de los acreedores de África. A los financiadores tradicionales (Estados desarrollados y organismos internacionales) se han añadido países emergentes, sobre todo China, y actores privados (bancos, instituciones financieras, pequeños prestamistas individuales, etc.).

Ningún país tiene medios para relanzar sus economías como EE UU y Europa

La iniciativa del G20 no resuelve los problemas de liquidez a largo plazo

“Desde la crisis financiera de 2008, los tipos de interés en la mayoría de las economías desarrolladas son bajos”, recuerda Cécile Valadier, directora adjunta del departamento de diagnósticos económicos en la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), “lo que llevó a los inversores privados a dirigirse a los países pobres, considerados de más riesgo, a los que podían exigir rendimientos más elevados. Sobre todo porque, además de tener una necesidad importante de financiación debido a su desarrollo, esos países se beneficiaron a comienzos de la década de 2010 de un periodo de bonanza ligado al auge de las materias primas. Pero, por el contrario, tras la crisis de la covid-19, hemos asistido a una huida de capitales hacia la calidad y, por tanto, hacia los países avanzados”. 

“La diversificación de las fuentes de financiación puede tener efectos beneficiosos, pero también puede aumentar las vulnerabilidades”, advierten Schwan Badirou Gafari y Arthur Bauer, secretario general y adjunto, respectivamente, del Club de París, un grupo informal de acreedores públicos que, cuando es necesario, acuden supuestamente a remediar las dificultades de pago de uno o varios Estados.  

Una mujer saca agua de un pozo en Brukina Faso. Burkina Faso es uno de los países que menos se van a beneficiar de la moratoria, ya que solo el 10% de su deuda es bilateral. Foto: Luca Prestia

Vulnerabilidades

En este caso, las vulnerabilidades generadas por el auge de la financiación privada son de dos clases: los tipos de interés son más elevados que los que piden los otros acreedores y la coordinación es más difícil debido a la presencia de un número mayor de actores. La adopción por el G20 el pasado noviembre de un “marco común para el tratamiento de las deudas” tiene como fin remediar ese problema, pero su eficacia todavía no se ha demostrado en la práctica. En lo que respecta a China, Pekín se ha unido a la moratoria sobre los intereses, pero ese país no es siempre tan cooperador: un reciente informe realizado por un grupo de investigadores estadounidenses y alemanes ha demostrado que las condiciones de los préstamos que normalmente impone China están más enfocadas a asentar su influencia que a ayudar a los países deudores (véase artículo 'China presta con unas condiciones muy estrictas' en el número 92 de Alternativas económicas). 

Más que ayudar a los deudores, China intenta extender su influencia

“La deuda es un sistema de dominación. Su anulación sería, pues, una operación más política que económica que permitiría a los países ser totalmente soberanos a la hora de determinar su política de desarrollo”, concluye Milan Rivié, para el que la medida es tan indispensable como insuficiente. Existen otros modos de liberar fondos: mejorar los sistemas fiscales nacionales, controlar los flujos ilícitos de capitales que privan cada año a África de 86.000 millones de dólares, establecer unos sistemas productivos que dejen de estar basados sobre todo en la extracción de materias primas y reorganizar la arquitectura internacional de la financiación del desarrollo. “Los países en desarrollo con escasos ingresos, principalmente africanos, disponen desde 1960 de un marco institucional de financiación especial. Una serie de organismos públicos les hacen donaciones o les otorgan prestamos preferenciales (…). La globalización financiera, al multiplicar las fuentes de financiación, ha provocado fisuras en este paradigma”, resumen Marc Raffinot, Marin Ferry y Babacar Scène. “¿Tendremos que sacrificar el futuro de los niños vulnerables para que los gobiernos puedan continuar pagando sus deudas?”, se pregunta Kevin Watkins, director general de Save the Children UK. “La respuesta es un no rotundo”, concluye. Pero a no ser que cambien las cosas, desgraciadamente puede ser un sí. 

Encuentro entre Cyril Ramaphosa, presidente de Suráfica, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en junio. Foto: Comisión Europea

Financiación de las economías africanas

Desde hace unos meses, el FMI está pensando en asignar derechos de giro especiales para limitar las consecuencias económicas de la pandemia. “Es una forma de creación monetaria. El FMI asignará el dinero sin ninguna contrapartida a todos los países proporcionalmente a su peso en el seno de la institución y, por tanto, en la economía mundial”, explica Thomas Mélonio, de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). “Los países africanos se podrán servir de él como activo de reserva para garantizar la estabilidad de su propia moneda o, directamente, para financiar inversiones”, explica. La distribución de esos derechos se discutió ampliamente en la cumbre sobre la financiación de las economías africanas que se celebró el pasado mayo en París con la presencia no solo de jefes de Estado del continente europeo y africano, sino también de China, Canadá y Emiratos. A escala mundial, se prevé una emisión de 650.000 millones de dólares, de los cuales 33.000 se destinarían a África. Esta cantidad podría ser mayor si los países desarrollados concretan su anunciada voluntad de prestar derechos de giro a África. “Aunque el tipo de interés será nulo, no deja de ser un dinero prestado que tendrá que ser devuelto en un momento en que la deuda está ya saturada en cerca de mitad del continente, matiza Mélonio. La cumbre también sirvió para que los dirigentes reafirmen su fuerte creencia en el papel del sector privado para estimular el crecimiento, especialmente a través de asociaciones público-privadas. “Como brillantemente han descrito los economistas Daniela Gabor y Ndongo Samba Sylla, el Consenso de París es un 'Consenso de Wall Street', pues recoge las recetas del Consenso de Washington de la década de 1990, es decir, los planes de ajuste estructural y la ultraliberalización, y lo actualiza con más fiananciarización y poder a los intereses privados”, resume Milan Rivié, del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas.