América Latina // Bolivia frente al reto de reconstruir la economía

Desde La Paz

El nuevo presidente boliviano, Luis Arce, retoma el modelo que desarrolló junto con Evo Morales tras un año de experimento neoliberal con resultados catastróficos.

La economía boliviana no atravesaba su mejor momento en el fatídico año electoral de 2019. La caída del precio del gas y de minerales al final del superciclo favorable a las materias primas en los mercados internacionales había mermado los ingresos de divisas del país andino. Ya cojeaba el elogiado “modelo económico social comunitario productivo”, elaborado por el entonces ministro de economía de Evo Morales, Luis Arce, fundamentado en la nacionalización de las industrias estratégicas de energía y minería con el fin de  lograr “el buen aprovechamiento de los recursos naturales” (gas, zinc, cobre, plata, plomo y oro). Gracias a un Estado fuerte y redistribuidor se logró bajar la pobreza del 60% al 35% de la población entre 2006 y 2016.

Tras el desastre, parece inevitable una reestructuración de la deuda externa

Sin embargo, los años de bonanza habían terminado. El éxito de los  años anteriores creó margen para adoptar políticas contracíclicas fiscales. Impulsada por la inversión pública y un aumento importante del déficit público, Bolivia mantuvo su dinamismo y fue la economía latinoamericana de mayor crecimiento en el año 2018 tras alcanzar una tasa de crecimiento medio del 5% entre 2013 y 2018, mientras que países como Brasil, Argentina y Venezuela se sumían en profundas recesiones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aún preveía al inicio de 2019 un crecimiento medio superior al 4 % para la economía boliviana en 2019 y 2020.

Políticas heterodoxas

Las reservas  de divisas —una barrera de protección ante las fugas de capitales— habían caído el 50%, de 15.000 millones de dólares a 8.000 millones. Pero eso era parte del plan contracíclico  que, según la heterodoxia de Arce, permitiría evitar los típicos  ajustes y austeridad contraproducentes. Las reservas acumuladas en tiempos de bonanza sirven precisamente para reactivar la economía en momentos de vacas flacas.

Arturo Murillo Ministro del Interior, acusado de vender activos públicos y de dar luz verde a la actuación de las fuerzas de seguridad en Cochabamba y El Alto, que se saldó con la muerte de más de 20 manifestantes

El éxito económico al proteger a las capas sociales más pobres  del impacto del cambio de ciclo de materias primas explica la mayoría alcanzada por Morales en las elecciones de octubre de 2019, a pesar de la caída de la popularidad del presidente en otros segmentos más acomodados del electorado, preocupados por el deterioro de la democracia boliviana y la decisión de Evo de buscar la reelección después de 13  años en la presidencia y de haber perdido el referéndum convocado a tal efecto.

Morales ganó en la primera vuelta y, de no ser por un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunciaba un discutible fraude electoral, las políticas heterodoxas de Arce y su modelo se habrían mantenido.

Giro de 180 grados

En cambio, tras la renuncia de Morales, bajo presiones de Washington y de sus propias Fuerzas Armadas, un Gobierno sin mandato popular y supuestamente transitorio dio un giro de 180 grados a la estrategia económica. La nueva presidenta conservadora, Jeannine  Áñez, adoptó políticas de austeridad a la vez que regaló exenciones fiscales al sector privado por unos 290 millones de dólares. Esto y el impacto de una pandemia pésimamente gestionada explican el balance económico de los últimos 12 meses: una caída del PIB del 11%, según los últimos datos, y una subida del déficit público del 8,3% al 12,5% del PIB, pese a  un duro ajuste que supuso un recorte draconiano de la inversión pública —el único motor de la economía en momentos de colapso de la demanda provocada por la pandemia— del 66%.  La covid-19 paró mucha actividad,  pero “el Gobierno transitorio dio una aceleración para que la economía se fuera definitivamente al fondo”,  ironizó Marcelo Montenegro, el ministro de Economía del nuevo Gobierno de Arce, que ha recuperado la presidencia para el MAS tras los comicios de octubre. Como siempre, el resultado fiscal de la austeridad es perverso. La recaudación tributaria se ha desplomado casi el 30%, lo que disparado el déficit. 

Branko Marinkovic Oligarca ultraderechista croataboliviano, fue ministro de Finanzas del Gobierno de Añez. Durante su mandato se vendieron empresas públicas a precio de saldo

Áñez y su equipo no solo diezmaron la inversión pública, sino que paralizaron las obras públicas. “Nadie frena la construcción en una crisis como esta: Bolivia sí”, dice Fernando Larrazábal,  exdirector boliviano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en una entrevista telefónica.
Tal vez la decisión de darle al acelerador recesivo a escasos metros del precipicio se explica por la incompetencia de un Gobierno cuyo último ministro de Finanzas fue el oligarca croataboliviano de ultraderecha Branko Marinkovic, que se había exiliado en Brasil en 2009 tras intentar organizar un golpe armado contra Morales. “Tal vez pensaban que estaban ahorrando recursos, sin darse cuenta de que esto genera recesión” dijo Larrazábal.

Pero no era solo incompetencia; había un plan y una ideología también centrada en preparar empresas  estatales para ser vendidas a precio de saldo bajo el pretexto de que estaban quebradas. Días después de asumir su puesto, el  ministro de Desarrollo de Áñez, Wilfredo Rojo, dijo: “Hay muchas opciones con las empresas públicas; se las puede alquilar, capitalizar con capital privado, vender o cerrar”. Se paralizó la producción de la empresa estatal de urea con una pérdida de más de 257 millones de dólares y el despido del 84% de sus trabajadores. “Muchas empresas públicas empezaron a ser tratadas como empresas deficitarias; así se habilitaron  para ser privatizadas “, dice Larrazábal.

Jeannine  Áñez La presidenta paralizó la inversión pública y concedió exenciones fiscales al sector privado por unos 290 millones de dólares

El caso más notorio fue la decisión de devolver el 56% de las acciones de la empresa eléctrica de Cochabamba a sus accionistas casi 10 años después de su nacionalización, durante  el primer Gobierno de Morales. El impulsor de esta privatización anticonstitucional fue el ministro del Interior, Arturo Murillo, que actualmente se encuentra en Panamá tras huir el pasado 8 de noviembre. A Murillo, magnate hotelero y líder empresarial en Cochabamaba, no  se le acusa solo de vender activos públicos a sus amigos de la región, sino de dar luz verde a la notoria actuación de las fuerzas de seguridad en Cochabamba y El Alto en noviembre de 2019. Murieron acribillados más de 20 manifestantes pro Morales. 

Tras su espectacular victoria electoral en octubre, el ahora presidente, Luis Arce, ha anunciado una batería de medidas para reactivar la economía y frenar la subida del déficit fiscal en relación con el PIB: transferencias directas a las familias más castigadas por la recesión, recapitalizar las empresas públicas, un nuevo impuesto  sobre rentas muy altas, medidas para frenar a la evasión fiscal tributaria, entre otras.

No obstante, parece inevitable una reestructuración de la deuda externa después de un año de gestión desastrosa, tanto de la economía como de la pandemia,  que muchos  califican incluso de sabotaje. “Más que reactivar la economía, hace falta ya reconstruirla”, resume Larrazábal.