Análisis de Jorge Fabra Utray: "En la electricidad, una reforma inexcusable"
El año eléctrico 2012 se cerró con un aumento del Déficit Tarifario de 5.000 millones de euros a pesar de que las normas establecían que ese aumento no podría superar los 1.500 millones de euros. La norma no se cumple porque nada sensato se hace para que pueda ser cumplida. Solución: se quita la norma.
La gestión por reglas nunca puede sustituir a la gestión inteligente ¿por qué se hizo entonces la norma si no había ideas para que pudiera ser respetada?
La sangría del déficit acumula ya una deuda de los consumidores españoles con las empresas eléctricas de 29.000 millones de euros a pesar de que soportan los costes más altos de Europa. ¿Qué demonios está pasando con nuestra electricidad? El asunto es muy serio: no sólo la competitividad de la economía y las rentas de las familias están lastradas por los costes de la electricidad; también la solvencia del Estado está amenazada por este flanco eléctrico.
Y se buscan culpas: “son las energías renovables las que generan el déficit. España ha iniciado un camino insostenible”. Este es el diagnóstico imperante desde el que se construyen las propuestas de reforma. Pero sin un diagnóstico correcto nunca habrá una reforma eficiente. Y ya no puede haber dudas de que el diagnóstico políticamente correcto ha sido refutado por la realidad. Políticamente correcto, sí, pero equivocado. Las mal llamadas reformas que de ese diagnóstico han surgido, nos han traído hasta aquí, hasta este disparate.
¿Tienen las energías renovables la culpa? Son las más caras hoy. No hay duda. Pero las tarifas que cubren sus costes que determinaron las normas, se implantaron antes de que los inversores en renovables decidieran invertir y ejecutaran su inversión… confiando legítimamente en la seguridad jurídica que se supone de un Estado moderno. Las energías nuclear e hidroeléctrica, generadas por las grandes empresas eléctricas, son las más baratas. Los consumidores pagan por ellas los precios del mercado. No cobran primas pero sí cobran, inesperadamente para las empresas propietarias, los precios de mercado que fijan las centrales de gas. ¿Pero cuáles son sus costes? ¿Qué tiene que ver el gas natural con la energía hidroeléctrica o nuclear para que sea el que determine sus precios? Paradójicamente, son éstas tecnologías, las más baratas, las que son más caras para los consumidores: los precios que perciben son muy superiores a sus costes reales.
En el mercado eléctrico, el precio es insuficiente para las centrales térmicas y renovables, pero es excesivo para las centrales nucleares e hidroeléctricas. Las centrales que con los precios no cubren sus costes medios perciben complementos retributivos por fuera del mercado que reciben distintos nombres: primas, pagos por disponibilidad e incentivos a la inversión. Sin embargo, las centrales nucleares e hidroeléctricas que con los mismos precios obtienen beneficios muy elevados, mantienen esa retribución sin minoración alguna, a pesar de que la falta de libertad de entrada impide que la competencia pueda ajustar sus márgenes.
Estamos ante el más claro y radical ejemplo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Este es el diagnóstico. No hay otro. Este debería ser el punto de partida de una reforma inexcusable, en defensa de los consumidores y de la sostenibilidad económica y medioambiental de un nuevo modelo productivo.
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