Brasil: riesgos de un plebiscito invertido

Más que el apoyo a uno de los candidatos, será el rechazo de los votantes a Bolsonaro o a Lula lo que decida las elecciones presidenciales.

País-continente de 215 millones de habitantes, el doble de superficie que la Unión Europea y primera potencia de Latinoamérica. Ese es Brasil, república federal de régimen presidencialista formada por 26 Estados más el Distrito Federal. El 2 de octubre, 156,4 millones de brasileños mayores de 16 años podrán votar en las elecciones a la presidencia de la República, un tercio del Senado, toda la Cámara de Diputados y gobiernos estatales más sus respectivas asambleas legislativas. La conjunción de elecciones federales y estatales, con 32 partidos en liza, implica múltiples negociaciones y coaliciones: por ejemplo, cesiones de candidatos estatales a cambio de apoyos a candidatos presidenciales.

La campaña electoral a la presidencia está polarizada entre los tándems formados por Jair Bolsonaro (Partido Liberal) con el general Braga Netto y por Lula da Silva (Partido Trabalhista) con Geraldo Alckmin (Partido Socialista Brasileiro) éste último vencido por Lula en 2006. De las nueve candidaturas restantes, el tándem Ciro Gomes con Ana Paula Matos (ambos del Partido Democrático Trabalhista) apenas alcanza el 8% en los sondeos.

Ha habido un acercamiento entre los dos favoritos en los últimos sondeos: Lula tiene un 44% de los apoyos y Bolsonaro un 35%. El 70% de los votantes afirma tener el voto decidido, con un 55% de rechazo a Bolsonaro y un 44% a Lula, lo que podría ser un factor determinante en la segunda vuelta del 30 de octubre. Se ha llegado así a una especie de plebiscito invertido muy personalizado entre los dos líderes: la prioridad no está en quién logra más apoyos, sino quién consigue menos rechazos. Los acuciantes problemas del país no conforman el núcleo del debate. La dicotomía del voto útil de la primera vuelta es penosa para aquellos ciudadanos defraudados con el gobierno actual, pero sin confiar en gobiernos petistas por escándalos de corrupción. La estrategia del presidente está muy enfocada en las redes sociales y con gran apoyo de la ultraderecha exterior, una fórmula que tuvo éxito en 2018, mientras que la campaña de Lula en las redes no está tan desarrollada. La desinformación sustituyendo datos por relatos se ha disparado respecto a las últimas elecciones.

Lula Da Silva, candidato del Partido de los trabajadores. Foto: Martin Heinlein

El apoyo a Bolsonaro es mayoritario en sectores evangelistas (algunos presentando los comicios entre el bien y el mal), pero es minoritario entre jóvenes y mujeres a pesar de la implicación en la campaña de su esposa Michele. Bolsonaro tiene apoyo de tres partidos y es más fuerte en las regiones Centro-oeste y Sur, teniendo Lula apoyo de nueve partidos y siendo más fuerte en la región Noreste. Se consideran clave los estados de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais en la más poblada región Sureste. Parte del desgaste del gobierno Bolsonaro se basa también en su negacionismo medioambiental y científico. A la renuncia a organizar la cumbre del clima COP25 que estaba prevista en Brasil, el aumento del desmantelamiento de la Amazonia en un 21% en el último año y la gestión negligente de la pandemia, se unen los grandes recortes habidos en los presupuestos federales de educación, ciencia e investigación. Más de 140 solicitudes para la destitución del presidente fueron formalmente inscritas durante la legislatura sin que ninguno de esos procesos fuese iniciado por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Más subsidios

El presidente intenta recortar distancias con apoyos a la población más pobre (33,1 millones no disponen de las tres comidas diarias y la pobreza urbana alcanza 23,7%). Con ese objetivo, el Gobierno aprobó en el Congreso un cambio constitucional -en contra de la ley en periodo electoral- aumentando los subsidios mensuales para el periodo agosto-diciembre del programa Auxílio Brasil, de 400 a 600 reales (115 euros) para unos 27 millones de familias vulnerables, y favoreciendo a camioneros y taxistas con cheques-carburante. Esta apuesta electoralista de 41.250 millones de reales (7.860 millones de euros) se inspiró en que la subida en 2021 del Auxílio Emergencial aumentó en el 5% la popularidad del presidente en solo un mes. Ayuda a esta estrategia la artificial deflación actual debida a la reducción de precios de combustibles impuesta al eliminar tasas de carburantes, de las que son beneficiarios los Estados.

La desinformación y el uso de relatos en lugar de datos se han disparado

Preocupa que Bolsonaro no reconozca una victoria de su rival

Bolsonaro también reduplicó con fuerza sus ataques al sistema de voto electrónico denunciando fraude de las urnas electrónicas utilizadas desde 1996, que tienen prestigio internacional y han sido auditadas repetidas veces. En esta línea, el presidente invitó al cuerpo diplomático a su residencia en Brasilia y descalificó ante representantes de 72 países a instituciones democráticas de su propio país acusando de fraude al sistema electoral brasileño, profiriendo amenazas soterradas de golpe e intimidando a miembros del Tribunal Superior Electoral por tramar su derrota. Su uso de la comunidad internacional en clave interna fue refutado por EE UU y otros países confirmando el sistema electoral brasileño como modélico. YouTube y otras plataformas digitales retiraron posteriormente el vídeo de dicha presentación.

Minar la confianza

Se considera que los ataques reiterados del presidente buscan generar dudas y minar la confianza en la transparencia de los comicios, anticipar una conspiración para derrotarlo mediante la urna electrónica e incluso recibir posibles sanciones del Tribunal Superior Electoral que justificasen sus teorías conspirativas y provocasen una insurrección. Estas actuaciones del presidente produjeron un amplio rechazo de la sociedad civil, y diversas instituciones como el Senado lanzaron comunicados de apoyo a las instituciones.

El 11 de agosto fueron leídas por todo el país tanto la carta en defensa del Estado democrático de derecho (“Estado de Direito sempre”) basada en la histórica carta del mismo día en 1977 contra la dictadura (“Estado de Direito já”), como el manifiesto lanzado por la Federación de Industrias de São Paulo, que producen el 50% del PIB brasileño, firmado por más de 100 entidades, entre ellas la Federación Brasileña de Bancos.

Destaca la declaración en Brasilia del secretario de Defensa norteamericano, el general Lloyd Austin, en favor del Estado de derecho al afirmar que los militares deben someterse al control civil y condicionar la cooperación militar al marco democrático. Ese posicionamiento norteamericano refleja la correlación entre las pautas de su anterior presidente y las actuaciones de Bolsonaro, así como el interés en reforzar los vínculos con el próximo gobierno de Brasil, socio disputado por Rusia (neutralidad brasileña en la guerra de Ucrania) y China.

EE UU apoya el Estado de derecho en Brasil y apuesta por el cambio

El registro de armas ha crecido el 476% durante la actual legislatura

La posición oficial de las Fuerzas Armadas sigue siendo la defensa de la Constitución, pero la actuación de su cúpula respecto a las pautas autoritarias del presidente es ambigua. Mientras Bolsonaro anunciaba que usará el Ejército para imponer transparencia, su ministro de Defensa presentaba en el Senado la fiscalización militar de los resultados electorales, que el ejército pretende realizar en paralelo a las urnas electrónicas. Está en curso una auditoria del Ejército sobre el software del sistema electrónico. La fuerte reacción de la sociedad civil contra cualquier intento golpista y la clara oposición norteamericana a las tesis de Bolsonaro restan fuerza a los sectores más radicales.

La conmemoración del bicentenario de la independencia de Brasil el pasado 7 de septiembre se convirtió en un evento de propaganda electoral del presidente con discursos de horizontes golpistas incompatibles con el significado histórico del bicentenario y con reclamos en las redes de intervención militar y cierre del Tribunal Constitucional. Bolsonaro se apropió ilegalmente del desfile de las fuerzas armadas como instrumento de su campaña electoral. Se recuerda que una tentativa de invasión del Tribunal Constitucional por parte de exaltados fue abortada en la misma fecha conmemorativa de 2021.

Crece la inestabilidad política

El Tribunal Superior Electoral está reforzando sus sistemas y la transmisión de resultados desde las circunscripciones contra ataques de hackers. La amenaza de ruptura democrática incomoda a sectores en principio proclives al presidente. Ante el riesgo de caos institucional e inestabilidad económica, varios actores han tenido que posicionarse y parte de las élites brasileñas y la industria que apoyaron a Bolsonaro hace cuatro años temen que una involución política aísle y penalice al país política y económicamente. 

Preocupa que el presidente no reconozca el resultado de las urnas electrónicas y se declare en cualquier caso vencedor. Su denuncia de fraude puede generar enfrentamientos, justificar insurrecciones o el autogolpe que él mismo anunció en caso de supuesta conspiración contra él. Incluso si el presidente sufriese una derrota en octubre, seguiría habiendo riesgo de ruptura institucional antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, el primer día de enero. Tampoco eliminaría incitaciones a la insurrección de milicianos y fanáticos incitados.

Desfile en el Día del Soldado. Foto: Estevam Costa / PR

Brasil está considerada actualmente como la principal plataforma de la extrema derecha internacional que apoya su reelección. Bolsonaro había declarado al día siguiente de los sucesos del Capitolio norteamericano que en caso de no disponer del voto impreso se producirían en Brasil problemas peores. La policía federal alertó de que el registro de armas creció el 476% durante esta legislatura.

Si el presidente percibiese que no puede ganar ni forzar una ruptura institucional, un escenario más suave podría ser su renuncia. Al respecto, existe una tentativa en el Congreso con miembros del Centrão -partidos sin clara identidad ideológica que apoyan al gobierno- de forzar una modificación constitucional para blindar como senadores vitalicios a los expresidentes de la república, es decir, manteniendo su foro privilegiado. En este sentido, el presidente y su familia enfrentan numerosos procesos judiciales relacionados con interferencias en la policía federal y las milicias digitales, entre otros.

Nada está decidido y el nivel de agresión, violencia, desinformación e imprevisibilidad subiría notablemente en la segunda vuelta, que se presentaría muy reñida. No se olvidan hechos de gran influencia acaecidos justo antes de los anteriores comicios, como la muerte por accidente de avioneta del candidato Eduardo Campos (PSB) en 2014 y el atentado a Bolsonaro en 2018. Más allá de la imagen y la reputación internacional de Brasil, estas elecciones son fundamentales para las instituciones y el sistema democrático, considerados en riesgo. Como reza la canción Meu Caro Amigo de Chico Buarque “a coisa aquí tá preta”.