Castor: la punta del iceberg de la burbuja gasista
Los problemas del almacén subterráneo de gas no son solo sísmicos: tienen mucho que ver con el modelo que pinchó con la crisis.
La plataforma Castor, con la costa al fondo. FOTO: JOAN REVILLAS
Las tripas de un edificio abandonado a medio construir o un bloque de pisos plagado de carteles de En venta sirven, cada vez más, para ilustrar las informaciones de la prensa extranjera sobre la economía española. El Proyecto Castor –a simple vista un amasijo de hierros y cañerías frente la costa de Vinaròs (Baix Maestrat)– puede acabar sumándose a la lista de esqueletos que salpican la piel del país, recuerdo de los años del dinero fácil. El almacén submarino de gas en aguas del Mediterráneo se ideó en otro tiempo, cuando las perspectivas económicas auguraban una demanda energética muy superior a la que se requiere en la actualidad. Los movimientos sísmicos de las últimas semanas han acabado cuestionando una macroinversión que se ha descontrolado presupuestariamente y que los ciudadanos de la zona pusieron en entredicho desde el principio.
Hoy, finalmente, organizaciones ecologistas, colectivos vecinales y partidos de izquierda ven cómo se ha situado bajo el foco el debate por el que han peleado tanto, el referente a la seguridad y el impacto medioambiental. Sin embargo, mientras los técnicos ministeriales se apresuran ahora a evaluar los riesgos que siempre habían minimizado, emergen las preguntas: ¿Quién está detrás de esta operación faraónica?, ¿por qué tiene que pagar los platos rotos la ciudadanía? y, sobre todo, ¿existe una burbuja empresarial en el ámbito de los hidrocarburos a punto de estallar? La respuesta a este último interrogante es un sí rotundo. Castor es sólo la punta de un iceberg que poco a poco asoma a la superficie.
Situémonos. Lo que a lo lejos parece la silueta de un barco anclado en medio del mar es el cuerpo visible del Castor, que se ha aprovechado de un antiguo yacimiento petrolífero, a 1.700 metros de profundidad y 22 kilómetros de distancia de la costa valenciana, para construir 13 pozos: la mayoría sirven para inyectar, almacenar y extraer gas; el resto, para controlar las presiones internas. Se unen a la Península a través de un gasoducto. En su web de presentación, los promotores califican la inversión de “estratégica” puesto que “contribuirá a garantizar el abastecimiento y la disponibilidad de gas natural en caso de crisis de las fuentes habituales de suministro”, en un país con alta dependencia energética. Pero las cosas han cambiado mucho de como las imaginó Escal UGS, la compañía que está detrás del proyecto, creada en diciembre de 2007 por ACS (66,67% del accionariado) y la canadiense CLP (33,33%).
El informe sobre el sector energético español de la Comisión Nacional de Energía, fechado en marzo de 2012, alerta de que el déficit gasista se ha convertido en un “problema reciente” por dos grandes motivos: el crecimiento de los costes regulados por la puesta en servicio de infraestructuras de “elevado volumen de inversión”, como Castor, y por “no alcanzarse reiteradamente la demanda de gas prevista en dichas planificaciones”. La caída ha sido de 458 tWh en 2008 a 373 tWh en 2011, aunque estaba previsto que alcanzara los 526 tWh. ¿Tiene sentido la planta en este nuevo contexto? Los almacenes de gas son necesarios, pero las dudas sobre este proyecto en concreto arrecian.
La plataforma marítima lucha por poder demostrar que es segura y así lograr operar. Si no lo consigue y se ve abocada a echar el cierre, el Estado deberá pagar la factura, que ha pasado de los 700 millones de euros iniciales a cerca de 1.700. El decreto de concesión de explotación, que firmó el entonces ministro socialista Miguel Sebastián, no lo deja claro en caso de negligencia y por eso el Gobierno de Mariano Rajoy lo llevó al Tribunal Supremo para que decida. La sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso presentado por el abogado del Estado dejando abierta la puerta a tener que hacer efectiva la compensación, con dinero público, a la empresa. Escal UGS asegura que “nunca” se ha pronunciado sobre esta cuestión. Ahora bien, se resiste a dar la batalla por perdida y recuerda que la clausura definitiva es solo una “situación hipotética”, que están elaborando el informe técnico que se les encargó y que “es el ministerio quién decidirá sobre el almacén, no Escal”. “Es un proyecto, como han rubricado las administraciones europeas, que ha cumplido escrupulosamente la legislación vigente, en toda y cada una de la fases”, aseguran. El presidente de ACS, Florentino Pérez, pasa la pelota a La Moncloa. Al Partido Popular.
ENAGÁS SE ENFRÍA
Quien tampoco mueve ficha a la espera del desenlace es Enagás, que se había comprometido a comprar el 50% de la participación de ACS cuando la planta entrara en funcionamiento. “El acuerdo sigue ahí”, afirman con prudencia en la gasista para, a continuación, insistir en que todavía no se cumplen los requisitos preestablecidos para su entrada en el capital de Escal UGS. Esto es, que “la infraestructura contara con el acta de puesta en marcha definitiva y que estuviera incluida en el sistema redistributivo gasista español”. Ninguno de los dos, subrayan, se ha materializado. Escal no quiere pronunciarse. El futuro de Castor se tambalea mientras que la Unión Europea compromete apoyo y financiación para dos obras de interconexión que reforzarán el sistema español. La idea de fondo es que, en un futuro, España pueda ser un hub regulador del gas en el continente.
La Comisión Nacional de Energía advertía en 2012 del problema del déficit gasista
Con el ‘boom’ proliferaron empresas para prospecciones con fines especulativos
El frenazo económico también sacude a los hidrocarburos, como hizo con la burbuja el ladrillo. Muchos pensaron en su día que la demanda energética sería infinita y ahora sus planes son meras sombras especulativas. Algunas administraciones autonómicas confirman lo que ha sido una práctica recurrente los últimos años: una empresa con poco capital social y sin capacidad técnica pide un permiso de explotación, empieza a moverse en el territorio para dar notoriedad al proyecto y, cuando lo consigue, se lo vende con rapidez a otra compañía. Un círculo vicioso sin ningún propósito productivo. Solo hay que echar una ojeada al mapa de sondeos, permisos y concesiones del Ministerio de Industria para comprobar el interés creciente en las prospecciones de gas o petróleo.
Según explican fuentes regionales, en muchos casos las empresas se han creado ad hoc para la operación, como ha ocurrido con algunas solicitudes para trabajar con fracturación hidráulica, más conocida como fracking.
Planagumà advierte de que demasiadas veces la fianza que se les exige para empezar a funcionar se convierte en la única, y débil, herramienta de control de la que dispone el poder político. Las grietas que existen en la legislación a la hora de pedir un permiso han ayudado a hinchar la burbuja.
En una solicitud corriente, el proceso necesita la aprobación de los gobiernos central y regional. No obstante, cuando el yacimiento está entre dos comunidades, el expediente queda en manos exclusivamente del ministerio. Planagumà confirma que algunos empresarios procuran buscar zonas limítrofes que les permita saltarse el filtro autonómico, una trampa muy habitual para evitarse uno de los controles. Hay que recordar que, en el caso del fracking, algunas comunidades de distinto color político como Cantabria, Andalucía y Catalunya han tomado medidas para impedirlo.
Ante el Proyecto Castor, en Castellón, como ante muchas otras obras, la voz de las protestas sociales ha acabado por imponerse, después de largos silencios, de fuertes sorderas. Ahora la niebla empieza a desvanecerse y algunas macroinversiones, pensadas en otros tiempos, quedan como esqueletos incómodos.
Reliquias de unos años no tan lejanos.
