Chevron o las dos caras de la justicia
Ecuador: Los tribunales fallan a favor de las víctimas de la contaminación por petróleo en su litigio contra la multinacional, pero La Haya anula la sentencia.
Protesta frente a la junta anual de accionistas de Chevron en 2011. En la Amazonia ecuatoriana, la contaminación debida a la explotación petrolera ha causado 30.000 víctimas.
FOTO: Liana Lopez
¿Será algún día condenada la empresa que ha provocado la mayor contaminación por petróleo en la Amazonia? Hace más de 25 años que las poblaciones indígenas y campesinas de las provincias de Orellana y Succumbios, en el norte de la Amazonia ecuatoriana, intentan que la firma estadounidense Chevron (antigua Texaco) les indemnice por los impactos sanitarios y medioambientales ligados a la explotación de una concesión petrolera entre 1964 y 1990. Esta lucha de las víctimas para obtener justicia se desarrolla ahora en tribunales públicos y privados de tres continentes, todo un símbolo de los fallos de la organización jurídica de la globalización.
Durante años, Texaco vertió miles de millones de litros de residuos tóxicos en fosas a cielo abierto. Su actividad originó, pues, una contaminación masiva de los suelos, los bosques y los cursos de agua con consecuencias muy graves para la salud de la población, especialmente una incidencia de cáncer anormalmente elevada. Las 30.000 víctimas de esta catástrofe ecológica se unieron en una asociación, la Udapt . La primera querella se presentó en 1993 ante un tribunal de Nueva York, pero la empresa hizo todo lo posible por que el juicio no se celebrara en Estados Unidos y logró que se transfiriera a Ecuador en 2002. Desde entonces, no ha parado de denunciar el funcionamiento de la justicia ecuatoriana.
La catástrofe ecológica ha causado 30.000 víctimas
Para librarse de cualquier responsabilidad futura, la empresa firmó un contrato de “reparación medioambiental” con el Estado ecuatoriano y habría gastado 40 millones de dólares en la década de 1990 para la limpieza del lugar. Pero las acciones emprendidas han sido vivamente criticadas por las víctimas y la agencia de control ecuatoriana. Hay imágenes que muestran cómo los expertos, enviados a toda prisa en 2005 por Chevron para demostrar que los suelos ya estaban limpios, no lograban encontrar muestras no contaminadas.
PULSO JURÍDICO
Paralelamente, Chevrón denunció a Ecuador ante varios tribunales de arbitraje en el marco de procesos denominados de “resolución de disputas entre inversores y Estados”. La tercera denuncia se presentó en 2009 por considerar que el poder político intervenía en las decisiones de la justicia, y por corrupción. La empresa también multiplicó los ataques contra los abogados, los activistas y las poblaciones locales origen de las actuaciones judiciales, acusándolos de un intento internacional de extorsión.
Se calcula que Chevron habría acudido a los servicios de cerca de 2.000 abogados, de 60 despachos diferentes y de empresas de comunicación, e incluso de espionaje. Resultan unos medios desmesurados frente a los tres abogados ecuatorianos y a la quincena de otros juristas en todo el mundo que acompañan a las víctimas. En 2013, el abogado Aaron Page estimó el coste anual de esos procedimientos judiciales en 400 millones de dólares: “Probablemente, es la suma más elevada que una empresa haya gastado jamás para defenderse en procesos judiciales por problemas medioambientales”.
La justicia ecuatoriana siguió lentamente su curso y el caso llegó en 2013 ante la Corte Nacional de Justicia —equivalente al Tribunal Supremo español— que condenó a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares en indemnizaciones. Tras 20 años del primer recurso, esa decisión histórica fue muy celebrada por las poblaciones locales y por los que las apoyaban en el mundo entero.
La petrolera ha gastado una fortuna en pagar a bufetes de abogados
Pero ahí no acababa el pulso jurídico entre la multinacional y sus víctimas. Como Chevron ya no tiene ningún activo en el país, la ejecución de la sentencia ha sido imposible. Las víctimas han acudido a los tribunales de Canadá, Argentina y Brasil para intentar conseguir las indemnizaciones sin éxito hasta hoy. Mientras tanto, para ganar tiempo y seguir con su pretensión de que la sentencia no era ejecutoria, Chevron ha intentado una denominada “acción extraordinaria de protección” ante la Corte Constitucional de Ecuador.
El desenlace de los dos procedimientos paralelos, el de la justicia ecuatoriana y el del arbitraje de inversión, tuvo lugar el pasado verano. Cuatro años después de ser apelada, la Corte Constitucional de Ecuador confirmó la condena de Chevron, el 10 de julio de 2018, para gran alivio de las víctimas y a pesar de las múltiples presiones, incluidas las diplomáticas, ejercidas por Estados Unidos y la empresa. Pero inmediatamente después, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó el 30 de agosto al conjunto de los Estados que no reconocieran ni ejecutaran la sentencia ecuatoriana. Ecuador se ve, por tanto, obligado a anular la condena, impedir a los demandantes proseguir con la ejecución de la sentencia y dar a Chevron una compensación (cuyo montante aún no se ha definido). Los tres abogados de negocios británico, estadounidense y argentino que forman este tribunal de arbitraje privado consideraron que la empresa había sido víctima de una denegación de justicia y que su derecho de defensa había sido ultrajado. Según ellos, Chevron se había liberado de toda responsabilidad mediante la firma del acuerdo de reparación con las autoridades ecuatorianas. Además, aceptaron examinar el caso bajo la perspectiva del tratado bilateral de protección de las inversiones firmado en 2007 entre Estados Unidos y Ecuador, pese a que la empresa había dejado de invertir en Ecuador en 2002.
Es la primera vez que un tribunal de arbitraje privado se utiliza para anular una decisión judicial confirmada por las más altas instancias jurisdiccionales nacionales y que enfrenta a unas víctimas con una empresa. Esta sentencia arbitral confirma abiertamente la supremacía del derecho internacional de inversión sobre los derechos humanos y las decisiones de las jurisdicciones nacionales.
Es la primera vez que un arbitraje anula una decisión judicial
El Gobierno ecuatoriano, preocupado por su reputación ante los inversores internacionales, dio la impresión de querer aplicar esa decisión. Pero ante la masiva movilización de la sociedad civil y el eco internacional que ha causado, finalmente ha revisado su postura y ha interpuesto un recurso de anulación ante los tribunales holandeses contra la sentencia arbitral. Es una apelación que está más relacionada con la forma que con el fondo, que solo triunfa en una minoría de casos y que llevará de nuevo varios años. Mientras tanto, las poblaciones locales continúan sufriendo el impacto de la contaminación petrolera provocada hace cerca de tres décadas.
UNA FORMA DE IMPUNIDAD
Todo este asunto pone en evidencia un sistema jurídico a dos velocidades que protege más a los inversores que a los ciudadanos y garantiza una especie de impunidad a las empresas transnacionales cuya actividad genera violaciones de los derechos humanos. En este contexto, la política de la Unión Europea tendente a aumentar los derechos de los inversores y el alcance de los mecanismos de regulación de los litigios entre inversores y Estados a través de la multiplicación de acuerdos bilaterales (con Canadá, Singapur, Vietnam, Japón, Australia, Nueva Zelanda, etc.) contribuye a ahondar aún más esa brecha. Por ello, un creciente número de organizaciones de la sociedad civil reclaman hoy una reorganización de las normas internacionales que ponga fin a los mecanismos de regulación de los litigios entre inversores y Estados y piden que se apruebe en la ONU un tratado internacional forzoso sobre las empresas y los derechos humanos.
