Colombia busca cómo pagar la paz
Bogotá
El fin del conflicto: Una reforma fiscal y un ‘Plan Marshall’ ayudarán a financiar las reformas necesarias para dejar atrás medio siglo de guerra con las FARC.
Manifestación contra la violencia en Bogotá. FOTO: JESSE KRAFT/123RF
Tras cincuenta años de conflicto armado, Colombia afronta un desafío histórico: una paz que pasa por transformar radicalmente la sociedad, la política y la economía, y que implica inversiones millonarias en un país que crece a un ritmo del 5% pero cuenta con uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina.
Así se desprende de los tres preacuerdos sobre la tierra, el narcotráfico y la participación política de guerrilleros desmovilizados que han alcanzado en Cuba el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla activa más antigua del continente. Han sido dos años de negociaciones encaminadas a acabar con una guerra que ha postrado en el atraso a buena parte del país rural y que, según el Centro de Memoria Histórica, ha dejado un reguero de 220.000 muertos, 6 millones de desplazados y 26.000 desaparecidos.
“La paz es el seguro más importante para Colombia, la estamos diseñando para que sea estable y duradera”. Ésta es una de las tantas frases que ha pronunciado Santos desde que anunció un proceso de paz que busca el renacer del país y que se ha topado con la oposición de los más conservadores, encabezados por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe.
Pero el sueño de Santos y de la mayoría de los colombianos no es fácil porque está en juego el modelo de una nación que se ha construido sobre las bases del neoliberalismo y la desigualdad, con grandes fortunas forjadas durante el conflicto.
Lo que han dejado en evidencia los tres preacuerdos alcanzados en La Habana es que Colombia necesita de forma urgente una reforma agraria integral y presencia del Estado donde las políticas públicas y sociales han brillado por su ausencia durante décadas. Estos documentos detallan cuáles son los desafíos de la paz.
La reforma agraria propuesta prevé el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, la construcción de infraestructuras, el fomento de la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de los mercados y la reducción de la pobreza. Lo pactado sobre narcotráfico apunta a sustituir las 48.000 hectáreas sembradas de hoja de coca en Colombia y garantizar que los guerrilleros dedicados a ese lucrativo negocio ilícito no vayan a parar a otras bandas criminales. Se trata de replantear prácticamente desde cero el modelo y por eso el rubro rural va a ser el más costoso
LOS 35.000 MILLONES DEL POSCONFLICTO
Si bien el Gobierno no ha ofrecido una cifra redonda sobre lo que va a costar el posconflicto, la Comisión de Paz del Senado ha cifrado en casi 35.000 millones de euros las inversiones que serán necesarias en los próximos 10 años para cumplir los acuerdos y transformar el país de una vez por todas.
La senadora de la Alianza Verde Claudia López, copresidenta de la Comisión de Paz, presentó en octubre a la Cámara el detalle del plan y argumentó a quiénes y adónde deben dirigirse los recursos: “De los 48,3 millones de colombianos, 15 millones están afectados directamente por el conflicto armado, de los cuales 9,8 millones viven en zonas rurales y semiurbanas”, destacó. El acento debe ponerse en 368 municipios de los 1.102 que tiene Colombia, donde operan las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las bandas criminales nacidas en 2006 tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Con estos datos se pueden identificar las necesidades. López explicó que los recursos deben dirigirse a “crear instituciones que garanticen justicia y seguridad; regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra; capacidad administrativa, financiera, fiscal y planificación local”, además de “salud, educación, vías, agua, electrificación, vivienda y desarrollo rural”.
La Comisión de Paz advirtió de que para 2018, cuando concluya el Gobierno del recién reelegido Santos, se deben haber invertido 13.500 millones de euros de los 35.000 millones previstos en 10 años.
UNA ECONOMÍA BOYANTE CARGADA DE DESAFÍOS
La economía colombiana crecerá este año un 5% y será la tercera de Latinoamérica con mayor expansión por detrás de Panamá y Bolivia, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aun así, Colombia no tiene recursos para lograr la hazaña de la paz.
Los presupuestos para 2015 aprobados por el Congreso ascienden a 82.587 millones de euros, de los cuales 18.167 millones irán al servicio de la deuda y 45.630 millones al funcionamiento del Estado. Estas cuentas, que arrojan unos gastos fijos de 63.797 millones de euros, llevan a preguntarse: ¿cómo va a lograr el Estado los recursos para financiar el posconflicto?
El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa dos propuestas: una reforma tributaria con la que aspira a recaudar hasta 4.700 millones de euros y una campaña para convencer a la comunidad internacional para que contribuya en la aventura financiera, un proyecto que el propio Santos ha bautizado como “Plan Marshall para la paz”.
Especialmente polémico es el proyecto de reforma tributaria, presentado en el Congreso el 3 de octubre por el ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, que establece la sustitución del impuesto al patrimonio por un “impuesto a la riqueza” progresivo y que recaería sobre los contribuyentes cuyo patrimonio líquido sea superior a 385.300 euros. A ello se sumaría una extensión del gravamen a los movimientos financieros, conocido como “cuatro por mil”.
Tanto el impuesto al patrimonio como el “cuatro por mil” los impuso el Gobierno de Uribe (2002-2010) para financiar el conflicto y sostener a los 450.000 policías y militares que constituyen hoy una de las mayores Fuerzas Armadas del mundo. El Ministerio de Defensa ha gastado desde el año 2000 unos 77.000 millones de euros, presupuesto que ha crecido progresivamente cada año hasta los 10.600 millones de euros sólo en 2014.
El Gobierno justifica la reforma fiscal en que la clase media y las pequeñas y medianas empresas serán las menos afectadas porque no tienen patrimonios superiores a 385.000 euros: “Estamos buscando el compromiso en las empresas”, acotó el titular de Hacienda en un intento de convencer a los colombianos de que “la paz va a costar, pero va a costar menos que la guerra”.
Esa reforma va a acompañada de una reducción del 10% en los gastos generales de funcionamiento del Estado.
A POR LOS EVASORES DE IMPUESTOS
Como el objetivo es mantener el nivel de tributación en el 17 % del PIB, el Ejecutivo anunció un plan adicional para combatir la evasión de impuestos. La primera acción fue entrar de lleno en un conflicto con Panamá, al declarar a este país como paraíso fiscal, medida que el propio Gobierno desestimó días después al lograr el compromiso de la nación vecina para negociar durante un año un acuerdo de transparencia que permita conocer qué activos tienen los colombianos allí con el objetivo de que sean declarados al fisco.
Panamá es un gran receptor de inversiones colombianas y una de las economías más expansivas de América Latina, pero no cumplió un acuerdo de intercambio de información fiscal solicitado por el Gobierno colombiano, al igual que Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar.
Según el ministro de Hacienda de Colombia, el patrimonio evadido en el exterior por sus compatriotas sería cercano a 50.000 millones de dólares (39.500 millones de euros), una fortuna que, declarada legalmente, ayudaría a financiar el posconflicto.
EL ‘PLAN MARSHALL’ DE LA PAZ
Pero todo apunta a que la reforma tributaria no es suficiente; por eso Santos emprende este mes de noviembre una gira europea para conseguir apoyo económico. El presidente presentará su Plan Marshall para la paz en Madrid, París, Berlín, Bruselas, Lisboa y Londres. “Voy a convencer a los jefes de Estado de Europa, a pedirles que me ayuden a crear un fondo a través de la Comisión Europea que me ayude a financiar el posconflicto”, anunció el presidente tras regresar de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde recibió el aval del secretario general de la organización, Ban Ki-moon.
El mandatario colombiano busca la creación de un fondo fiduciario gestionado por la Comisión Europea, al que el Gobierno de España ya se ha comprometido a contribuir con una cantidad no precisada a la espera de que concluya el proceso de paz con las FARC y se definan las prioridades. Esto es porque, a juicio del Gobierno presidido por Santos, la paz en Colombia será la de toda América Latina y un ejemplo para el mundo tras cincuenta años de conflicto armado. Además, empresarios y economistas aseguran que el fin del conflicto traerá a este país al menos un 1,5% más de crecimiento anual del PIB.
