Cooperativas de crédito y cajas rurales, amenazadas
La contrarreforma bancaria ya se ha llevado por delante a las cajas de ahorro. Ahora peligra otro vector financiero clave para el desarrollo local.
El proceso de reestructuración del sistema financiero durante el período de crisis iniciado el 2008 ha supuesto la desaparición de la mayor parte de las cajas de ahorros, y pone en peligro el mantenimiento de las cooperativas de crédito y cajas rurales que aún existen. Estas son las consecuencias de una contrarreforma bancaria iniciada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y acelerada por el de Mariano Rajoy. Mediante la implementación de fusiones reales y frías (Sistemas Institucionales de Protección, SIP), una política de saneamiento bancario organizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hasta la fecha ha costado ya casi 108.000 millones de euros (según el Tribunal de Cuentas), de los que 41.300 millones corresponden al rescate bancario de la UE, está suponiendo la desaparición de la banca socialmente responsable a través de su bancarización y concentración.
El sistema bancario está llevando a cabo el cierre de entidades y oficinas, con la consiguiente exclusión financiera de miles de ciudadanos situados principalmente en las pequeñas poblaciones, y una tendencia hacia un mercado oligopolístico dominado por cinco o seis grandes bancos. Esto supondría el final de un modelo en el que han convivido tradicionalmente dos formas diferentes de hacer banca: la de las grandes corporaciones, que han dirigido sus acciones a las transacciones financieras internaciones y a las grandes operaciones con niveles de rentas altos, y la de la banca de proximidad (cajas de ahorros y cooperativas de crédito), que se ha dirigido al pequeño y mediano ahorrador (particulares) y a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles alternativas de financiación razonables.
La obra social de las cajas ha caído de 2.000 a 600 millones
Cooperativas de crédito y cajas rurales tienen el 6% de cuota de mercado
Una consecuencia de la contrarreforma bancaria ha sido la desaparición de las cajas de ahorros, entidades que han desempeñado tradicionalmente una función financiera clave en los ámbitos urbanos, favoreciendo el acceso al crédito a las clases populares y la economía productiva y revirtiendo una parte importante de sus beneficios económicos a la sociedad a través de su obra social. Con la aprobación de la ley 26/2013, la gran mayoría de las cajas se han transformado en fundaciones privadas, lo cual supone que el negocio bancario de estas entidades pasa a manos de la gran banca, y la obra social está siguiendo una tendencia exponencial a la baja (ha pasado de más de 2.000 millones en 2008 a apenas 600 millones en 2013), con peligro real de desaparición. Esta crisis ha servido para demonizar a las cajas calificándolas como únicas culpables de la crisis, pero aunque es verdad que algunas de ellas se han llevado la mayor parte de las ayudas públicas para sanear unas pérdidas producidas por una desproporcionada financiación de las actividades de promotores y constructores y una instrumentalización política desmesurada y vinculada a la corrupción, también es cierto que muchas otras han gestionado su negocio de manera correcta y que algunos bancos también han necesitado y están necesitando ayudas directas y en forma de créditos fiscales, además de ser los beneficiarios de la crisis con la compra de alguna de las cajas de ahorros saneadas.
En la actualidad, la banca de proximidad que aún subsiste se compone de dos cajas de ahorros (Caixa Pollensa y Caixa Onti-nyent) y 65 cajas rurales y cooperativas de crédito. A finales de 2013, las cooperativas de crédito mantenían 135.000 millones de activos, 88.000 millones de créditos, 94.000 millones de depósitos, 4.600 oficinas, 19.000 empleados y 2,7 millones de socios. Estas cifras, que representan el 6% de la cuota de mercado, son relevantes si tenemos en cuenta que van dirigidas a un sector de la población con necesidades específicas de financiación. Una parte de las cajas rurales se agrupan a través de la Asociación Española de Cajas Rurales, constituida en 1989, y que conforman el Grupo Caja Rural, el más antiguo de España y estructurado en torno a sociedades instrumentales creadas a principios de los años noventa, como el Banco Cooperativo Español, lo cual les da garantía de continuidad. Otras 19 cajas rurales forman parte del Grupo Cooperativo Cajamar, cuya cabecera de grupo es desde junio de 2014 un banco sociedad anónima, el Banco de Crédito Social Cooperativo, participado en más del 90% por Cajamar.
ENTIDADES CENTENARIAS
Las cajas rurales y las cooperativas de crédito son entidades centenarias que surgen desde el ámbito local vinculadas a las necesidades crediticias de sectores estratégicos para la economía, como la agricultura, la industria y los servicios. Son entidades arraigadas al territorio, su actividad bancaria está dirigida a la financiación de la economía real y productiva, en particular a las empresas locales y el emprendimiento, y una parte de sus beneficios revierten en la sociedad a través del patrocinio de actividades sociales, culturales y artísticas de la comunidad local. Es, por tanto, una banca socialmente responsable, necesaria para la recuperación del tejido productivo y para el mantenimiento de los principales sectores económicos, especialmente de trabajo asociado y de consumo para el desarrollo del cooperativismo agrario.
La bancarización de las cooperativas de crédito supondrá su desaparición y la consolidación de un modelo de banca comercial de grandes dimensiones, lo cual derivará en un sector concentrado y un mercado oligopolístico dominado por grandes bancos. Esto supondría un grave perjuicio para los consumidores, tanto para los particulares como para las pymes, especialmente las cooperativas.
Las cajas rurales y las cooperativas de crédito son entidades independientes sólidas y viables. Ninguna cooperativa de crédito ha necesitado ser rescatada ni ha recibido dinero público durante la crisis actual, y la mayoría cumple con las exigencias de capital y de solvencia impuestas por la UE. Actualmente, existen dentro del sector diferentes modelos organizativos, todos basados en los principios del cooperativismo de crédito y, por tanto, válidos. Ningún modelo ha de imponer sus criterios a los otros, sino que cada una de las cajas rurales/cooperativas de crédito existentes debe decidir, libremente y sin presiones de ningún tipo (ni empresariales ni políticas), qué modelo es el más apropiado para realizar su actividad bancaria. Las cajas rurales son entidades basadas en el principio de la gestión democrática y, por tanto, sus socios, reunidos en asamblea general, son quienes tienen que decidir su futuro.
UNA TRADICIÓN EUROPEA
Garantizada la independencia jurídica de cada cooperativa de crédito, la cooperación entre sí y entre ellas y otras clases de cooperativas es necesaria. Se puede hacer frente a los procesos de globalización económica y a las exigencias del mercado y de la UE manteniendo el carácter de banca local socialmente responsable, mediante estrategias de cooperación y alianzas. A través de estas estrategias, las cooperativas de crédito pueden acceder a los recursos y las capacidades adecuadas para atender las necesidades, actuales y futuras, de sus clientes. El modelo de cooperativas de crédito tiene fuerte tradición en el resto de países de la UE, en especial Alemania, Francia, Holanda, Finlandia, Austria e Italia. En ellos, la cuota de mercado llega al 20-25% de su sistema bancario. En el conjunto de la UE existen 3.600 cajas rurales con 56 millones de socios, 215 millones de clientes, 850.000 trabajadores y 71.000 oficinas.
El modelo tiene mucha fuerza, por ejemplo, en Francia y Alemania
La reforma que prepara Economía conduce a la desaparición del sector
La economía necesita una banca propia y socialmente responsable que desarrolle su actividad financiera en los ámbitos local y comarcal con un modelo de gestión de proximidad y democrático, y los poderes públicos tienen que garantizar este tipo de banca. Una verdadera reforma bancaria debería ir dirigida a garantizar este tipo de banca y no a su desaparición como está preparando el Ministerio de Economía con la bancarización de las cajas rurales de mayor tamaño y la fusión entre las más pequeñas. Además, se debería penalizar las operaciones financieras especuladoras y oportunistas mediante una tasa (como la tasa Tobin) y aprobar una ley de transparencia bancaria que acabe con el secreto bancario. Se dificultaría así la creación de paraísos fiscales y el amparo del fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas, además de impedir operaciones de ingeniería financiera que acaban en grandes estafas como el caso de las participaciones preferentes (que ha afectado a más de un millón de personas con la colocación de casi 32.799 millones en 2010) y las cláusulas abusivas como los suelos de las hipotecas y los desahucios (que han afectado ya a más de medio millón de familias). Esta es la verdadera reforma bancaria y la banca que necesitamos.
