El vagabundeo de los menores de edad sin familia

Migrantes: Han sobrevivido a la guerra, la pobreza y los peligros de los traficantes. Pero una vez llegados a Francia, aún tienen que superar numerosos obstáculos.

Dunkerque (Francia), 24 de enero de 2016: campo de refugiados Grande-Synthe. FOTO: ANNE JOSE KAN

Estos jóvenes han recorrido miles de kilómetros y sufrido con frecuencias inmensos traumatismos, y cuando llegan a Francia se tienen que enfrentar a numerosas dificultades antes de poder ser acogidos por los departamentos .

EL DATO

90 %

de los menores solos son varones, generalmente de trece a diecisiete años

Generalmente originarios del continente africano (Mali, Guinea, Sudán, Eritrea...), de Irak o de Afganistán, han llegado a Francia con menos de dieciocho años y sin familia. Algunos salieron de su país solos, otros han perdido a sus familiares en el camino del exilio. Se sabe poco de ellos, sólo que más del 90% son varones, generalmente de trece a diecisiete años, según los datos del Ministerio de Justicia francés. Pero ni siquiera su número está claro: la estimación de que son 8.000 los menores de edad sin familia en Francia no es segura pues sólo contabiliza a los detectados por los servicios sociales. 

EL INCIERTO FUTURO DE LOS MENORES DE CALAIS

Una vez en Francia, primero debe comprobarse que son menores de edad y que están solos para que pueda hacerse cargo de ellos la Ayuda Social a la Infancia, dependiente de los departamentos, pues, en efecto, gozan del mismo tratamiento que los menores franceses cuya custodia la justicia confía a esos servicios. Por tanto, tienen derecho teóricamente a un alojamiento, a la escolaridad, a atención médica y a un acompañamiento socio-educativo hasta su mayoría de edad.

Con ese fin, se los somete a una evaluación social, se verifica la autenticidad de sus documentos de identidad, y en ocasiones se les hacen exámenes médicos. En caso de duda sobre su edad real, se llevan a cabo pruebas óseas. Es un método muy criticado por las asociaciones de apoyo a los migrantes “Esos exámenes no son fiables: hay un margen de error de dieciocho meses”, explica Gérard Sadik, coordinador de asilo de la ONG Cimade, “pese a que desde 2016 la ley limita esos exámenes, que sólo deben ser utilizados en última instancia y con acuerdo del interesado, se siguen practicando con mucha frecuencia”.

Tienen derecho al mismo tratamiento que los escolares franceses

La dispersión vulnera el derecho de protección

La evacuación de la Jungla de Calais, el pasado 24 de octubre, ha iluminado con crudeza la suerte de esos menores. Unos 2.000 de ellos vivían en esas chabolas. Cuando se desmanteló, se crearon a toda prisa unos centros especiales para acoger a los menores: los Caomi (centros de acogida y de orientación para menores sin familia) repartidos por todo el territorio nacional y financiados por el Estado. “Esta dispersión improvisada en Caomi vulnera el derecho común de protección a la infancia”, dice indignado Jean-Claude Mas, secretario general de la Cimade. En efecto, estos jóvenes se hallan en un no man’s land jurídico, con unas condiciones de acogida y de alojamiento que varían enormemente en función de los sitios y de quien los gestione. Esta situación ha sido denunciada en un informe del Defensor de los Derechos, publicada el pasado mes de diciembre .
En principio, estaba previsto que la acogida en Caomi duraría tres meses, un tiempo que permitiría a las autoridades británicas instruir las demandas de transferencia al Reino Unido,  adonde la mayoría de esos jóvenes quería ir. “Los chicos tenían muchas esperanzas, pero las respuestas positivas de los británicos han sido escasas, por lo que ha habido tensiones y en ocasiones fugas”, explica Marie Pastor, consejera de Alojamiento y Vivienda Social de Coallia, una asociación que gestiona tres Caomi.

PULSO ENTRE EL ESTADO Y LOS DEPARTAMENTOS

La fase transitoria de tres meses ha llegado a su fin, pero la acogida de los menores en algunos centros se prolonga. Tras la transferencia de unos 750 de ellos al Reino Unido, los cerca de 1.300 menores de Calais que no han sido admitidos en ese país tienen que demostrar que son menores de edad para poder ser confiados a la Ayuda Social a la Infancia. 

Jurídicamente, esta evaluación debería haber comenzado desde el momento en que los menores fueron puestos a cargo de las autoridades. Pero no ha sido así en el caso del desmantelamiento de la Jungla de Calais, efectuada con cierta improvisación. Esa falta de cumplimiento del marco legal está planteando problemas, sobre todo a los que estaban a pocos meses de cumplir la mayoría de edad cuando tuvo lugar el desmantelamiento, subraya Samia Darani, consejera de Infancia en la Uniopss, una unión de asociaciones de solidaridad.

El desmantelamiento de la Jungla de Calais fue improvisado

El caso de Calais crea reticencias sobre la acogida de jóvenes

En un sentido más general, las negociaciones entre el Estado y los consejeros de los departamentos se centran en el problema de quién acaba pagando los costes de la evaluación y el acompañamiento de esos menores, con el telón de fondo de las actuales dificultades presupuestarias de los departamentos. Éstos, en efecto, han sufrido drásticos recortes presupuestarios desde la crisis de 2008. Un sistema de reparto a escala nacional de esos jóvenes  permite un alivio a los departamentos que más acogen, como es el caso de Seine-Saint-Denis, orientándoles hacia otros territorios. Pero el problema de los menores de Calais ha exacerbado las reticencias políticas respecto a la acogida de los migrantes.

“Da igual de dónde procedan los medios, lo que debe primar es la protección de esos jóvenes”, considera Jean-Claude Mas, “y lo que se está haciendo es poner en marcha unas soluciones de acogida baratas. Lo que se constata es una actitud de sospecha hacia ellos: se les ve más como extranjeros que como menores”.  

DERECHO

La puerta del Reino Unido se ha vuelto a cerrar 

El 9 de diciembre de 2016, el Ministerio del Interior británico anunció que ponía fin al examen de demandas de transferencia hacia Reino Unido de extranjeros menores de edad y sin familia presentes en suelo francés. Estas demandas se han presentado basadas en el reglamento europeo que permite a esos jóvenes acceder a un Estado miembro en el que resida un “miembro de su familia” (padre, madre, abuelo, tío, tía) o   un adulto responsable por ley del menor.

Los menores sin familia podían también conseguir la entrada legal a partir de una enmienda de la Inmigration Act británica, aprobada en mayo de 2016: ésta amplía las posibilidades de transferencia en nombre del interés superior del niño. A mediados de noviembre, el Home Office precisó los criterios de su aplicación: la entrada en Reino Unido sólo se abría a los jóvenes sin familia menores de doce años, a los que corrían riesgo de ser explotados sexualmente, a los menores de quince años sirios o sudaneses y a los menores de dieciocho años que acompañaban a los anteriores. Esos menores debían, además, haber llegado a Europa antes del 20 de marzo de 2016 y estar presentes en la Jungla de Calais en la fecha de su desmantelamiento. Hasta el momento, unos 750 menores sin familia han podido ir a Reino Unido.