En Colombia no es la economía, estúpido
Las elecciones presidenciales gravitan alrededor de las conversaciones de paz. Los datos macroeconómicos son alentadores, pero la enorme desigualdad no remite.
Calle de un barrio pobre de Soacha, en el noroeste de Colombia.FOTO: Jesse Kraft / 123RF
La elección presidencial del 25 de mayo en Colombia se ha convertido en un rito plebiscitario. Las campañas del Gobierno y la oposición giran en torno al eje de las negociaciones de paz con las FARC, que se llevan a cabo en La Habana desde 2012. Los partidarios del Gobierno claman por un mandato claro para negociar con legitimidad y fortaleza, la oposición de centro izquierda afirma que continuaría con las negociaciones, y la derecha conservadora de Álvaro Uribe (recién elegido senador) dice que se levantaría de una mesa donde considera que se humilla al Estado.
Lo cierto que las negociaciones en La Habana tienen un trasfondo económico importante. Entre los puntos que negociar se encuentran la reforma agraria (asunto ya pactado pero cuyos detalles aún desconoce la opinión pública) y qué hacer con los cultivos ilícitos; esto es, qué pasa con las drogas y el dinero que genera. Colombia es, según los informes de desarrollo humano del PNUD, uno de los países con mayor concentración de la tierra del mundo: el 52% está en manos del 1,15% de la población. Además, el índice de Gini, que mide la desigualdad, es uno de los más altos del mundo.
El asunto es capital, pues todos los análisis del conflicto centran el origen del mismo en el asunto agrario y el reparto de las tierras. No en vano, a los pocos meses de llegar al poder, el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende devolver la tierra (o una extensión equivalente en otro lugar) a los campesinos a quienes se las arrebataron guerrilleros o paramilitares, o que debieron huir por culpa del conflicto. No obstante, desde que entró en vigor, en 2011, el ritmo de restitución ha sido mínimo (1.000 de las 57.000 solicitudes hasta ahora), lo cual ha provocado protestas de los sindicatos campesinos, que exigen una reforma agraria integral que, de momento, no se produce, a la espera del desarrollo legislativo que puedan tener los acuerdos de La Habana. Que no será fácil lo puso de manifiesto cómo reaccionó a dicha Ley de Víctimas el estamento económico (también el español), que acusó —con excepciones— al Gobierno de generar “inseguridad jurídica”.
Sin embargo, este debate apenas ha quitado protagonismo a los puntos más políticos de la negociación, en especial a la inserción en la vida política de guerrilleros con delitos de sangre, o al blanqueamiento subliminal de los expedientes de militares con delitos de lesa humanidad. En Colombia, no es la economía.
Se podría pensar que hay consenso acerca de las virtudes del modelo de desarrollo. El cuadro macroeconómico es alentador, y el país ha mejorado en las clasificaciones de desarrollo. El PIB creció el año pasado más del 4% (y a tasas más altas algunos años anteriores) y los pronósticos del Banco Mundial estiman que seguirá por encima de esa cifra el próximo lustro. El dato es aún mejor si se compara con el de las principales economías regionales (Brasil, México y Argentina), y si se sitúa en el contexto de la salida de capitales desde los países emergentes hacia las economías desarrolladas de la que el Fondo Monetario Internacional ya alertó. Tampoco ha ayudado la paulatina retirada de estímulos a la economía norteamericana anunciada por la Reserva Federal. La inflación está controlada en el 2,5% y las reservas del Banco de la República ascienden a más de 44.000 millones de dólares. El déficit fiscal supuso el 2,4%, y la inversión en 2014 alcanzará el 2,9% del PIB. El desempleo se situó en febrero en 10,7%, un descenso de 1,1 puntos respecto al año anterior.
MARCO DE EUFORIA
Así las cosas, la inversión extranjera directa batió récords en 2013 y alcanzó los 16.822 millones de dólares. Por sectores, los más apetitosos fueron el petróleo, los hidrocarburos y la minería, que llegaron a más de 13.000 millones. Es en este marco de euforia en el que el Gobierno ha presentado su plan para crear las infraestructuras de cuarta generación —paliar el mayor cuello de botella económico del país—, cuyas licitaciones ya están en marcha. El plan prevé invertir 25.000 millones de dólares en ocho años, aunque los empresarios colombianos y extranjeros continúan quejándose por la falta de claridad del anunciado plan de financiación público-privada.
Sin embargo, las trampas estadísticas juegan malas pasadas en economías tan desiguales, donde los datos macro corren el riesgo de tratar cada vez menos de actores económicos. Así, el dato del desempleo se ve oscurecido por el de una tasa de ocupación de apenas el 56,29%, y por la tasa de informalidad oficial, del 68% de la población ocupada, unos 23 millones de trabajadores. Según los mismos datos oficiales, el año pasado la pobreza en Colombia apenas bajó el 0,7%, hasta 14,662 millones de personas en un país de 47,7 millones, mientras que la pobreza extrema se redujo el 0,3%, hasta quedarse en 4,596 millones. El reparto de la misma es, además, muy desigual por regiones, y es mucho mayor en el campo que en las ciudades. Si a ello se suma un sistema de salud deficiente sin apenas inversión, la inexistencia de pensiones no contributivas en un país carcomido por la informalidad y el asalto de la empresa privada a la enseñanza secundaria y universitaria, no es de extrañar que Colombia sea uno de los países con menos movilidad social de América Latina.
Otros asuntos que preocupan a observadores y analistas son el medio ambiente y la corrupción. Las leyes protegen las zonas habitadas por pueblos indígenas y las reservas ecológicas. Toda obra debe contar con un informe oficial que valide que no hay impacto para las mismas. Este proceso ha sido culpado del atraso histórico en infraestructuras en Colombia y, en consecuencia, el Gobierno ha reformado su aplicabilidad. El temor de ONG y organismos internacionales es que dichas facilidades se hagan a costa del medio ambiente y no de disminuir la burocracia y combatir la corrupción y la concentración en la distribución de la tierra.
La reforma agraria es clave en la negociación en La Habana
La corrupción es alarmante, por lo extendida y por la impunidad
Además, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a mediados de 2012, los sindicatos y otras organizaciones internacionales han denunciado el descontrol de las subcontratas de las grandes empresas inversoras en los sectores importantes del país, que utilizan compañías intermediarias para incumplir acuerdos sindicales o medioambientales por vía interpuesta. Fue el caso de la petrolera Cepsa (con sede central en España, pero cuyo 100% del capital corresponde a un fondo soberano de Abu Dhabi), que se vio inmersa en 2012 en conflictos laborales en Puerto Gaitán por las condiciones leoninas que su subcontrata Montajes JM imponía a los trabajadores de varios campos de explotación petrolífera. El escándalo llevó a varias manifestaciones frente a la Embajada española en Colombia. La legación medió en el conflicto, lo cual no deja de ser otra forma de privatizar beneficios y socializar las pérdidas del sector empresarial, en este caso de Abu Dhabi. Cepsa, por cierto, afirmó que no incumplía la ley, lo que quizá ponga de manifiesto lo válido del mecanismo.
La corrupción es alarmante, por lo extendida regional y sectorialmente, y por el grado de impunidad, que algunos organismos independientes sitúan en una cifra cercana o superior al 90%, dato que siempre es contestado con indignación por el Gobierno. De 177 países analizados por Transparencia Internacional el año pasado, Colombia se sitúa en el 94 menos transparente, y en el 18 en la región.
Restos de un tren tras un atentado en La Guajira, al norte del país. FOTO: Jesse Kraft / 123RF
No hay que olvidar el contexto en el que ocurre todo esto. Para lo bueno, porque es meritorio alcanzar mejoras leves en un escenario de guerra parcial, y para lo malo, por los desafíos que supone para la seguridad de las inversiones, sobre todo en infraestructuras y en el sector petrolífero, pues son constantes los sabotajes de las guerrillas y de las bandas criminales, herederas de los paramilitares. Así las cosas, no parece que negociar con las FARC sea inoportuno. Puede ser, de hecho, la mejor política económica para un país que tiene el reto de acercar las mejoras macroeconómicas a la vida cotidiana de la inmensa mayoría de ciudadanos.
